Rebajar o eliminar el impuesto específico a los combustibles es una idea que se ha planteado con fuerza en los últimos meses, debido a los altos precios que han alcanzado las gasolinas. Incluso hay proyectos que han presentado parlamentarios y que se encuentran detenidos en el Congreso. La última de estas exigencias ha sido hecha por los camioneros, durante las protestas recientes.

El pasado 19 de abril la Sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al Presidente Gabriel Boric eliminar de manera permanente o transitoria el impuesto específico, en atención a las alzas en los precios de las bencinas y el diésel. Según la iniciativa, de eliminar el tributo en cuestión, la rebaja del precio de la gasolina a los consumidores sería superior a 400 pesos.

Durante los últimos meses las gasolinas no han dado tregua y esto se ha traducido en sistemáticos aumentos en los precios.

Las coaliciones políticas que han aspirado a ser gobierno tras el retorno al proceso democrático, han protestado contra ese tributo, recalcando que el automóvil dejó de ser un lujo y se transformó en una necesidad. Sin embargo, al llegar al gobierno olvidan sus promesas y se resisten a renunciar a la recaudación tributaria, porque es muy rentable gravar a la clase media, que no se organiza ni sale a protestar por las alzas. Los diversos paliativos que se han adoptado en el tiempo para estabilizar los precios, han resultado insuficientes, porque no resuelven el problema de fondo, que es la fuerte carga de impuestos.

Este tributo ya cumplió con creces su objetivo. Es más, como hoy las carreteras son concesionadas y las rconstruyen consorcios privados, se condena al automovilista a una doble carga: a pagar peajes a las empresas privadas que hicieron las obras y además, a pagar el impuesto específico de beneficio fiscal, cuestión que es carente de toda lógica.

Este es un problema que requiere de una solución definitiva ahora y no de paliativos momentáneos. El impuesto específico para una situación de emergencia cumplió con creces su cometido hace décadas y es momento de evaluarlo.

La agricultura de La Araucanía tiene su propia historia, también con muchas víctimas. Familias completas terminaron entregadas a la barbarie de la época, sin la protección que ofrecía el Estado cuando hace 150 años implementó una política pública para reclutar personas en Europa, con el fin de poblar y desarrollar esta zona.

Luego, a principios del siglo veinte, después de habilitar con el esfuerzo personal pequeñas porciones de suelo y poco apoyo de infraestructura pública, nace una incipiente actividad silvoagropecuaria, dando origen a la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco.

Como agricultores, no aceptamos ninguna culpa ni responsabilidad por la historia vivida por los pueblos indígenas, ni las falsas promesas que el Estado les ha hecho. No es soberbia, simplemente no corresponde hacernos cargo de pagar reivindicaciones ni indemnizaciones. La agricultura no tiene ninguna deuda histórica. No es correcto hacer juicios de valor sobre hechos ocurridos hace cien años con criterios, visiones y sensibilidades actuales.

Nuestra agricultura regional ha hecho su aporte a Chile. En alimentos e impuestos y en territorio, porque fue esta actividad la que le dio forma a La Araucanía, hizo crecer pequeñas localidades y mantuvo poblada la Región por más de un siglo. Logrando así, que el Estado de Chile pudiera ejercer su dominio sobre territorios que eran llamados La Frontera.

Hoy lamentablemente vivimos una escena recurrente. Un agricultor parado en el portón del predio, solo mirando a 30 o más personas, que lo culpan de las desgracias de sus vidas en el campo; de la falta de agua, de las heladas y los temporales que botan las líneas eléctricas, recibiendo las descargas de sus frustraciones de falsas promesas recibidas, y que por algún motivo, el agricultor tiene que pagar con amenazas de incendio deslizadas sutilmente, y otras veces, expresamente. Esos sí son diálogos para valientes. Hacemos bastante más que solo hablar de "diálogo".

La agricultura es la solución. Somos los agricultores quienes podemos mejorar las condiciones de seguridad alimentaria para todo el país. Cada hectárea de trigo que no se siembra, son 5 toneladas de pan que no se producen. Por esto, nuestros esfuerzos están dirigidos a promover que se cultive, siembre o plante, la mayor superficie posible en la Región. Ese es nuestro mandato. Si hay "deudas históricas", son del Estado.