El lunes pasado se celebró el Día Nacional del Comercio, cuyo gremio ha debido sortear complejos escenarios en los últimos años, principalmente el detallista.

Hay que recordar que la actividad comercial ya enfrentaba situaciones difíciles desde octubre de 2019, cuando durante las protestas muchos locales fueron saqueados o quemados y por meses tuvieron que cerrar sus puertas. Y cuando en 2020 se preveía una situación más normal, se desencadenó la pandemia de coronavirus, que llevó a muchos empresarios a tener que cerrar definitivamente sus locales.

El mundo no volverá a ser lo mismo porque la manera en que estamos relacionándonos y comprando ha cambiado. De partida, los consumidores han dejado en gran medida el dinero en efectivo, para reemplazarlo por las tarjetas de débito y de crédito. Cada vez toman más fuerza las ventas en línea y las transferencias electrónicas de dineros. Y buena parte del pequeño comercio ha tenido que adaptarse, accediendo a aceptar que sus clientes puedan pagar con esos nuevos mecanismos. También los empleos están sufriendo esta transformación, en particular el comercio que vende productos y servicios.

Para el comercio detallista asumir las transformaciones que en forma acelerada se han instalado post pandemia, es un desafío fundamental, y de ello dependerá que se mantengan en el mercado. Tal vez muchas pequeñas empresas han requerido ayuda de organizaciones estatales para capacitarlos y avanzar en tales desarrollos, con planes que permitan fortalecer la capacidad técnica de estos emprendimientos de los cuales dependen muchas familias y empleos.

Por paradojal que parezca, este momento es también una enorme oportunidad para digitalizar gran parte de nuestra economía, modernizarla y mejorar la productividad. Pero haciendo más de lo mismo no podrán subirse al carro de la modernidad que se ha instalado obligadamente en este período de post pandemia. Hay un gran desafío de abrirse a la posibilidad de hacer las cosas de otra manera. El momento es ciertamente complejo y desafiante, y el buen ánimo y creatividad para enfrentarlo serán fundamentales.

Para el año 2020, de acuerdo a la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), la escolaridad promedio de la población en Chile llegó a 11,7 años, registrando un aumento de 0,5 años respecto al año 2017. En la Región de La Araucanía, en tanto, la escolaridad promedio para 2020 se ubicó en 10,6 años, mostrando un aumento de 0,4 años en relación a la medición anterior.

En el contexto nacional, la escolaridad de La Araucanía se ubicó en el lugar 14 entre las 16 regiones del país, siendo la tercera región con menor escolaridad promedio del país. Lo anterior evidencia un importante rezago en los años de escolaridad de La Araucanía con relación al resto de las regiones y al promedio país. Este rezago se ha mantenido por al menos los últimos 30 años. Al realizar un ranking regional, desde la CASEN de 1990 hasta 2020, se observa que la escolaridad promedio de los habitantes de la Región se ha ubicado típicamente en los últimos 3-4 lugares, posicionando históricamente a La Araucanía entre las regiones de menor escolaridad del país. Y a pesar que entre 1990 y 2020 La Araucanía aumentó su escolaridad en 2,8 años; en tanto que el país registró un incremento de 2,6 años, esto no ha sido suficiente para que La Araucanía avance en su posición relativa entre las regiones de Chile. Lo anterior denota un problema más bien estructural en los niveles de escolaridad de la Región.

Asimismo, la pandemia ha generado diferentes y profundos efectos en el sistema escolar, siendo uno de ellos la deserción escolar. De acuerdo al Ministerio de Educación en 2020 en Chile habían más de 186 mil menores y jóvenes (entre 5 y 21 años) que abandonaron el sistema escolar. En 2021 el ministerio reportó que 39.498 niños, niñas y jóvenes no se habían matriculado, lo que representa claramente una amenaza de deserción escolar y, con ello, un efecto negativo en la escolaridad.

Desde una mirada económica y social, que la Región presente una baja escolaridad se asocia a un bajo capital humano (bajo nivel en desarrollo de competencias), lo que tiene consecuencias en la inserción laboral, condiciones de trabajo precarias y una seguridad social, también, frágil. La investigación ha mostrado que lo anterior tiene implicancias negativas en los niveles de bienestar y felicidad de las personas. Ante este panorama, queda clara evidencia de que la baja escolaridad presente en La Araucanía es un obstáculo estructural para su desarrollo. Es necesario avanzar con urgencia en políticas económico-sociales que releven la educación como la vía al desarrollo y al bienestar social.

Mónica Bravo Sanzana,

Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar

Escolar en La Araucanía, Universidad de La Frontera