El Austral

Observatorio Judicial, con la colaboración de la Multigremial de La Araucanía, presentó el nuevo informe sobre "Violencia en la Macrozona Sur I: Homicidios, Lesiones y Amenazas". El informe analiza las causas judiciales tramitadas por el sistema de justicia entre 2018 y 2021.

En el análisis se observa un aumento sostenido en los ingresos de causas por homicidios, lesiones y amenazas a lo largo del periodo. Esta tendencia solo se ve interrumpida el segundo semestre de 2021, producto de la declaración de Estado de Emergencia. A partir del 12 de octubre de 2021 ingresaron apenas 8 causas por las materias analizadas.

Detalle de las cifras

Del total de 239 causas analizadas, un 33% se encuentra finalizada, mientras que el 67% aún está en tramitación. Se observa que el 36% de las causas termina por decisión de no perseverar (28), lo cual se suma al 19% de causas respecto de las cuales se dicta archivo provisional (15) y apenas el 5% de las causas termina por sentencia condenatoria (4).

"Lamentablemente, lo único que ha servido para reducir los índices de violencia en la macrozona sur ha sido la declaración del Estado de Excepción. El sistema judicial como un todo se muestra absolutamente incapaz de procesar satisfactoriamente las causas asociadas al conflicto de violencia sin generar en la población una situación de impunidad generalizada y no hay visos de que esta situación vaya a cambiar en el futuro", señala José Miguel Aldunate, director de Estudios del Observatorio Judicial y autor del informe.

Formalizaciones

A pesar del aumento en el número de causas, no se observa un aumento correlativo en el número de formalizaciones, que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esto indica que la efectividad de la persecución penal es decreciente en términos relativos. Esto se vincula estrechamente con el bajo número de causas con imputado conocido, que en materia de homicidio alcanza apenas un 10%. Luego, al analizar las medidas cautelares, se observa que la principal medida cautelar decretada es la prohibición de acercarse a la víctima (12), seguida de la prisión preventiva (8).

Apenas el 20% de las causas comienza por denuncia, mientras que el 65% de las causas se inicia por querella, de las cuales, más de la mitad corresponde a querellas de la Intendencia (46%). Lo anterior da cuenta de la relevancia del rol del Ejecutivo en la persecución de los delitos cometidos en la Macrozona Sur. Sin la presentación de querellas por el Ejecutivo, es probable que una proporción importante de las causas no se habría judicializado.

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"El Estado debe rendir cuentas por esta cultura de la impunidad que da cuenta el informe del Observatorio Judicial. Esto debe terminar. Sin justicia no hay paz ni libertad".

Patricio Santibáñez,, presidente de Multigremial de La Araucanía

Preocupado por el aumento de la delincuencia a lo largo del país, el diputado de la Región de La Araucanía, Mauricio Ojeda, presentó un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de aumentar las penas contra quienes cometan delitos con armas de fuego.

La iniciativa nació luego del asesinato del cabo segundo, David Florido, en la comuna de Pedro Aguire Cerda, hecho que abrió el debate público sobre la efectividad de las penas que existen actualmente frente a este tipo de casos, especialmente cuando estos ilícitos terminan con la muerte de una persona inocente.

El parlamentario -integrante de la Bancada Republicana- explicó que la medida está enfocada en los delitos que atenten contra la vida, la propiedad, la seguridad interior y el orden público.

"Hoy en día, prácticamente les sale gratis a los delincuentes portar armas de fuego", argumentó.

El diputado también hizo hincapié en la discusión que existe sobre la necesidad de control e incluso en la prohibición total de armas de fuego en manos de particulares, ante lo cual manifestó que "la solución es aumentar las penas de criminales que utilicen este tipo de armas y más todavía si ese uso tiene como consecuencia la muerte de una o más personas".

"Para todo delincuente que ande con un arma de fuego en cualquier ilícito, las penas deberán partir de los 10 años de cárcel. Si hay alguna persona fallecida en algún delito donde haya un arma de fuego, las penas partirían en 15 años" detalló Ojeda.

Finalmente el legislador resaltó que el principal objetivo de la iniciativa "parece fuerte y duro, pero efectivamente es la única forma de desincentivar su uso".

Un análisis del Centro de Estudios Públicos (CEP) determinó que el salario mínimo ha mostrado una clara tendencia al alza desde enero de 1990, cuando su valor era de $18.000, llegando a $400.000 desde agosto de este año.

Además, concluyó que el salario básico en el país es alto respecto del estándar internacional, y que la proporción de trabajadores afectos a él tiende a ser entre el 11% y 24% del total de empleados formales. Asimismo, las regiones de Antofagasta, Magallanes y Metropolitana tienen una menor proporción de trabajadores afectos a salario mínimo (cerca del 8-12%), mientras que las regiones de La Araucanía, el Maule y O'Higgins se ubican en la vereda opuesta (25-30%).