Más de dos millones de chilenos tienen algún grado de discapacidad. La mitad tiene una disminución importante de su funcionalidad o graves dificultades para realizar autónomamente actividades esenciales de la vida cotidiana. Por ello, la ley 20.422, que entró en vigencia hace ya 12 años, promueve la cooperación público-privada, entendiendo que la discapacidad es un tema que afecta a toda la sociedad y que es por lo tanto deber de todos (ciudadanos, empresas y Estado) contribuir a superar las barreras que impiden o dificultan la plena integración de esas personas.

Si bien es necesario reconocer que ha habido importantes avances, aún falta mucho para conformar una sociedad tolerante e inclusiva.

La delantera en este tema la llevan los organismos del Estado, en todos sus niveles. Hoy es posible ver cómo las municipalidades se han preocupado de disponer los correspondientes rebajes de soleras en las esquinas, para el paso de las sillas de ruedas, o bien se han habilitado semáforos con sonido, que ayudan a las personas ciegas a desplazarse de manera autónoma por algunos lugares de la ciudad. Asimismo, los edificios de servicios públicos, habitacionales y centros comerciales han construido accesos desnivelados, aunque todavía son muchas las construcciones particulares que no los tienen. Así como también falta desarrollo en esta materia en los barrios, donde hay veredas irregulares, falta de pavimento u otras falencias que es necesario corregir para, de alguna manera, ir nivelando la cancha.

Es cierto que la legislación sobre inclusión ha ayudado a los discapacitados, pero aún falta, en especial respecto a la fiscalización de cuotas de contrataciones de personas en empresas y en igualdad de condiciones económicas. Además, una normativa puede transformarse en letra muerta si no hay un compromiso cultural de la ciudadanía para incluir a ese importante segmento de la población, respetar sus derechos y darle las oportunidades necesarias.

Una popular y hermosa canción nos enriquece espiritualmente con uno de sus versos: "caminante no hay caminos se hace camino al andar"... ello podría estimularnos positivamente ante el desafío que enfrentamos y que es nada menos que la construcción de una nueva Carta Magna que algunos sostienen utópicamente debe ser "la casa de todos". La verdad es que en ninguna de nuestras anteriores Constituciones (catorce nada menos), se construyó aquel anhelo. ¿Será posible ahora?

En estos precisos momentos hay un mar de dudas frente a la tarea cívica. La Constitución Política (CP) será sometida a plebiscito y entre las novedades el borrador establece una nueva división del poder, confiriéndolo a través de autonomías y funciones a las comunas, las regiones y, por cierto, el que corresponde a los poderes del Estado, donde el Poder Ejecutivo tiene menos atribuciones que las que hoy detenta y el Congreso, es decir, la Cámara de Diputadas y Diputados, más que las que actualmente posee el Congreso Nacional.

Entre las nuevas atribuciones del Presidente la propuesta elimina el recurso de las urgencias para legislar y quita parte de sus iniciativas de ley. Como diputado y senador constaté lo valioso y positivo de dichas normas que ponían fin a burdas y sectarias trabas de oposiciones destempladas e injustas a nivel Parlamentario.

Leyendo, concluyo que el Poder Legislativo estará integrado por la Cámara de Diputadas y Diputados y por la Cámara de las Regiones, esta última posee menos atribuciones que el actual Senado, creándose una relación asimétrica entre las dos corporaciones.

Según el nuevo texto Constitucional ambas cámaras serán elegidas por representación proporcional, en cambio la Cámara de las regiones tendrá igual número de representantes por cada Región. Lo que estoy señalando después de la lectura del borrador significa que las regiones con mayor cantidad de ciudadanos elegirán mayor cantidad de representantes ante la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Qué pasará con este sistema de elección frente a nuestras aspiraciones permanentes que no todo el poder esté en Santiago? Se neutraliza el poder en nuestro desmedro al tener menos población. Explico. Si consideramos que las regiones de Santiago, Valparaíso y Concepción concentran la mayoría de los habitantes del país, tendrán, igualmente, la mayoría de los parlamentarios para adoptar decisiones en el futuro Congreso.

Según cifra estimadas del INE para este año, la Región Metropolitana tiene el 42 % de la población, lo que le significaría contar con el 42 % de las diputadas y diputados; la región del Bío Bío tiene el 10 % de la población, es decir, tendrá el 10 % de los parlamentarios, y la Región de Valparaíso tendrá igualmente el 10 % de la población e igual cantidad de parlamentarios.

Las tres regiones tendrán el 62% de los parlamentarios (as). Las trece regiones restantes el 38% de los representantes. ¿Qué efectos políticos puede tener esta desigualdad?

Roberto Muñoz Barra,

exsenador, presidente Instituto Estudios Públicos Social Demócrata

Como una manera de sumar ingresos, numeroso vecinos de sectores poblacionales realizan bazares y ventas de ropa, herramientas, casetes y otros artículos en la vía pública, ocupando las veredas.

Estas "ferias libres" se arman en días específicos de la semana y tienen un público cautivo por sus bajos precios.

La Araucanía a la cabeza

de la producción de harina

La Araucanía es la principal productora de trigo a nivel nacional, razón por la cual los efectos del clima son decidores en la producción, en la calidad del grano y el abastecimiento del resto del país. De acuerdo con lo señalado por el seremi de Agricultura, entre el 35% y 40% del total nacional corresponde a la Novena Región.

11 contactos de variante Delta viven en la Región

Once contactos estrechos con personas contagiadas con la variante Delta del covid-19 viven en La Araucanía y se trata de tripulantes o pasajeros de tres vuelos internacionales que llegaron al país.

La toma de PCR arrojó resultado negativo para 10 de las 11 personas, quedando solamente una con resultado pendiente.