Ante la duda que han sembrado la centro izquierda y la izquierda, en atención a las verdaderas intenciones reformistas de Chile Vamos de ganar el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, las colectividades del sector suscribieron un compromiso de 10 puntos pensando en un "tercer texto constitucional".

Dicha medida fue valorada por dirigentes de RN, la UDI y Evópoli de La Araucanía, quienes sostuvieron que se trata de un compromiso que otorga continuidad al proceso constituyente, siendo el mejor camino de ganar el Rechazo, ya que la lógica de "aprobar para reformar es inviable".

EL "MEJOR" CAMINO

Así lo cree el presidente regional de RN, el diputado Jorge Rathgeb, quien señaló que "una vez que se aprueben los 4/7 para reformar hay que impulsar estos compromisos, ya que la propuesta del Apruebo para Reformar es inviable dado los quórum establecidos en la propuesta constitucional".

A ello el parlamentario sumó la dificultad de un plebiscito y la consulta indígena, acotando que "todos sabemos que en La Araucanía no se pudo realizar, entonces, pensar en modificar la propuesta con consulta previa es realmente difícil".

Por su parte, la vicepresidenta nacional de Evópoli, Consuelo Gebhard, afirmó que dado que el resultado del proceso "no representa las demandas de una mejor calidad de vida que esperaba la ciudadanía, sino que el posicionamiento sistemático de las ideas de un sector reducido, los 10 puntos de Chile Vamos son un compromiso que busca dar tranquilidad a las personas respecto de los cambios que vienen".

Asimismo, subrayó que el "Aprobar para Reformar es un error y una mentira, ya que se aprueba un sistema político experimental que no genera las garantías para recuperar la estabilidad y avanzar en los cambios que buscan una vida digna para las personas".

La dirigenta de Evópoli añadió que "para poder asegurar reformas sustantivas a un texto constitucional deficiente, se requiere de voluntades políticas. Y si nos basamos en el comportamiento que tuvo la convención, dicha voluntad política de un texto representativo no es viable".

Asimismo, añadió que "el texto está atado y desarrollado de tal forma que es imposible realizar cambios, situación que pone en riesgo nuestra democracia. Aproximadamente tres de cuatro artículos se pueden modificar con un alto quórum que disminuye solo el año 2026 y con un plebiscito de salida".

PUEBLOS ORIGINARIOS

Solo el compromiso número seis de los diez , el cual señala un "Reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas en el marco de un Estado unitario y multicultural" generó críticas al interior del propio sector de parte de organizaciones mapuches que llamaron a cambiar la postura.

Para Enama y el Consejo Político Mapuche del Wallmapu ( integrado por mapuches militantes de Chile Vamos), dicha definición "es negacionista", ya que busca "evitar reconocer nuestros legítimos derechos ya reconocidos por la comunidad Internacional donde el Estado de Chile es parte (ONU, OIT, OEA)".

Por lo mismo, señalaron que "la invitación a los líderes de Chile Vamos es a trabajar juntos con sus militantes indígenas para lograr un real avance conducente a la paz social".

Con las cifras marcando una disminución en general de los hechos de violencia y por tercera vez consecutiva, la administración de Boric solicitó la prórroga del Estado de Excepción al Congreso Nacional para la Macrozona Sur, la cual fue aprobada por ambas cámaras con una amplia mayoría opositora.

En la Cámara de Diputados hubo 119 votos a favor, 8 en contra y 8 abstenciones, siendo uno de esos votos en contra de La Araucanía.

Este fue emitido por la diputada mapuche oficialista del FA, Ericka Ñanco, quien se sumó a Emilia Nuyado (PS) y parlamentarios comunistas. De hecho, desde dicha colectividad solicitaron al Gobierno que esta extensión fuera la última.

Chile Vamos y Republicanos aprobó en bloque, además de Jorge Saffirio (DC) y Andrés Jouannet (IND). Solo hubo un pareo y fue de parte del diputado Mauricio Ojeda (IND).

En el Senado, en tanto, hubo 36 votos a favor, dos abstenciones y ningún parlamentario votó en contra. Los tres senadores de Chile Vamos de la Región aprobaron la medida, mientras que Francisco Huenchumilla (DC) se abstuvo y Jaime Quintana (PPD) no votó.

Terrorismo

El senador José García Ruminot (RN) a la hora de aprobar solicitó a Interior "que se ejerzan todas las acciones legales posibles de tal manera de terminar con la impunidad", advirtiendo que "la disminución de los hechos de violencia no incluye a Malleco, siendo el alza de un 10%".

García sumó la necesidad de "colocarle urgencia" a la agenda legislativa de seguridad para abordar leyes relativas al robo de la madera, usurpaciones y la propia creación del Ministerio de Seguridad Pública.

Desde la Cámara de Diputados, en tanto, Miguel Mellado (RN) insistió en la necesidad de "enfrentar con mayor fuerza los actos terroristas de la CAM" y revertir la estrategia contra las ORT. "Ellos van a seguir en la lucha armada. Les da lo mismo quién gobierne o una nueva Constitución. Este es el principal problema porque mientras este Gobierno esté de rodillas ante la CAM: no se va a acabar el terrorismo en La Araucanía".

La FIAC de La Araucanía formalizó ayer por siete delitos al empresario maderero Jaime Venturelli González, junto a su esposa y dos de sus hijos, quedando con las cautelares de arraigo nacional y firma bimensual para el empresario y uno de los hijos.

La fiscal (s) de la FIAC, Camila Fernández, señaló que los delitos imputados corresponden a "conductas que se enmarcan en el periodo previo al proceso de liquidación concursal forzosa (la antigua Ley de Quiebras)", siendo la naturaleza de los delitos imputados, "conductas de ocultamiento y disminución de sus activos y pasivos sin justificación económica o jurídica, con el único objeto el perjudicar a sus acreedores".

Ejemplo de ello, dijo Fernández, es que "al verificar el registro de ventas, el patrimonio real del imputado son $9 millones y no $9 mil millones".

Durante la formalización los extrabajadores se manifestaron frente a la superintendencia acusando malas prácticas y una dilación injustificada del pago de las liquidaciones, ya que "a tres años de la quiebra se les debe el 50% a unos 600 trabajadores", acotó el abogado Pablo Palacios.