Autores como Humberto Maturana han resaltado que "el lenguaje crea realidad", afirmación que cuenta con evidencia empírica de que este produce, modifica y orienta el pensamiento y, en consecuencia, el comportamiento del individuo. Por tanto, para un cambio cultural a nivel social se precisa la revisión y/o modificación de las palabras que soportan estos principios valóricos y "les dan vida".

Una breve revisión histórica de los paradigmas en los que se ha enmarcado la inclusión, muestra cómo los términos que se han utilizado para hacer referencia a las personas neurodiversas han contribuido a instalar las bases para la exclusión y discriminación de estas, dejando entrever la infravaloración e incluso evaluación peyorativa de la diferencia, bajo un enfoque social competitivo y elitista que no toma en consideración las oportunidades que la diversidad aporta al desarrollo sostenible de las comunidades.

De acuerdo a Ruth Duque, sicóloga y especialista en Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello, algunos modelos explicativos utilizaron términos como "imbécil", "idiota" o "mongolito" (como aún lo hacen incluso personeros públicos), para categorizar a las personas con discapacidad intelectual.

El uso de estas palabras para este fin debió erradicarse posteriormente, ya que establecían marcos de referencia asociados más bien a la función de insulto y descalificación.

El lenguaje también es determinante a la hora de consolidar estándares y objetivos sociales. Es por esto por lo que es imprescindible que revisemos las formas en que nos relacionamos con todos y todas aquellos y aquellas que conformamos la sociedad, partiendo desde la manera en que nos referimos a cualquier persona, si de verdad nuestro objetivo es participar de la construcción de una sociedad inclusiva.

Respeto y tolerancia, parecen ser nuevamente conceptos claves para producir cambios culturales, sobre todo en materia de inclusión.

Un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar de La Araucanía (OCCBE), mostró que de acuerdo a la encuesta Casen 1990, la Región de La Araucanía indica que solo el 11,4% de las personas se encontraba en el nivel educacional de enseñanza superior (a nivel país: 15,5%). Al hacer el análisis longitudinal, treinta años más tarde, en la encuesta de 2020, La Araucanía registra un 27,3% de personas con educación superior (a nivel país: 37,1%). Tanto el país como La Araucanía multiplicaron por 2,4 veces la población con educación superior entre 1990 y 2020. Sin embargo, al realizar un ranking regional con datos de 2020, La Araucanía se ubicó como la segunda región con menor proporción de población con educación superior.

A pesar del avance en estos indicadores, estamos muy lejos de los resultados de países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), países con los cuales nos comparamos y hacia los cuales miramos a la hora de generar las expectativas de políticas públicas a nivel país. No es negativo querer alcanzar un estándar de desarrollo alto, la amenaza radica en querer alcanzarlo, pero no contar con un sólido sistema económico que posibilite estas expectativas sociales.

Y en este punto, relacionado con la equidad social se encuentra la calidad de la educación. Recordemos que, entre todas las peticiones del movimiento estudiantil chileno del siglo XXI, el denominador común fue la demanda por una educación de calidad. La respuesta y decisión política para este proceso histórico fue invertir en educación superior, en vez haber invertido en la educación preescolar como indicaba la evidencia científica y como lo hacen los países desarrollados a los cuales observamos y nos comparamos.

En este sentido, los países de la OCDE se caracterizan por tener una inversión muy alta en Investigación y Desarrollo (I+D), no así en Chile y menos en La Araucanía. El riesgo de aumentar los indicadores de educación superior sin una educación de calidad que asegure niveles de competencia en los egresados, tendrá un efecto negativo en el desarrollo para la Región. De acuerdo al informe Panorama de la Educación 2021 (OCDE) el aumento de la educación superior solo será sostenible si las políticas de Estado mantienen un equilibrio entre la oferta de graduados y las necesidades sociales y del mercado laboral, y se desarrollan en los estudiantes competencias para contribuir con el desarrollo de la sociedad. Finalmente, ¿los graduados de la educación superior están en condiciones de poder responder a las demandas que tenemos en nuestro territorio?