En la mañana de ayer, una fiscalización al comercio ambulante en el centro de Temuco, desarrollada por inspectores municipales y personal de Carabineros, terminó con incidentes que derivaron en agresiones verbales y físicas en contra de dos funcionarios municipales.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 11 de la mañana luego del decomiso de mercadería que se vendía de manera ilegal en la intersección de calles Bulnes con Montt, sector que desde hace años ha sido históricamente ocupado por el comercio ambulante.

Si bien el municipio a través de sus redes sociales anunció que seguirá trabajando para erradicar al comercio ambulante ilegal de las calles del centro de Temuco e iniciará acciones legales en contra de los agresores, lo cierto es que aquí hay un problema de larga data que ha sido abordado con mayor o menor éxito por las últimas administraciones municipales, pero que aún persiste.

Los reclamos de los transeúntes y comerciantes establecidos que deben lidiar con el problema no son escasos y a diario se ventilan por redes sociales. Ello porque hay calles del centro de la ciudad que están saturadas de comerciantes ambulantes que ocupan grandes porciones de la vereda e impiden el paso de un alto flujo de peatones que generalmente toma locomoción colectiva en esas arterias.

Está claro que todos los ciudadanos tienen derecho a trabajar y generar el sustento diario, pero esto debe hacerse dentro de los marcos legales correspondientes. Y si bien un número acotado de comerciantes ambulantes cuenta con el correspondiente permiso para ejercer esta labor en el centro de la ciudad, la gran mayoría son revendedores que desarrollan esta actividad de manera ilegal.

Por ello, el problema del comercio ambulante ilegal debe abordarse de manera decidida por todos los involucrados en el tema, en orden a generar soluciones duraderas que por un lado garanticen el derecho de los ciudadanos de desplazarse por las calles de la ciudad, y el de otros, a trabajar dentro de un marco legal establecido.

Los seres humanos estamos dotados de dos oídos y una boca, sentenciando que debemos escuchar, más de lo que hablamos. Es válida la reflexión cuando analizamos los episodios políticos acontecidos recientemente en nuestro país, tanto por los resultados del Plebiscito como en el cambio de gabinete, el análisis posterior del Presidente Boric apunta a la necesidad de escuchar más a la gente.

No obstante, las víctimas de violencia rural en la Macrozona sur, pese a la dura realidad que enfrentamos seguimos siendo ignoradas, al igual que otros sectores del territorio nacional que claman por seguridad, desgraciadamente con el sensible registro de víctimas fatales ante la tardanza de respuestas.

Las familias de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, afectadas por el terrorismo, necesitan atención preferente, como también avanzar el trámite legislativo de la ley de reparación a víctimas, propuesta que desde la AVVRU, junto a la Multigremial Nacional y un grupo de expertos, hemos trabajado meses en su elaboración, como al mismo tiempo es urgente estudiar y llevar adelante la aplicación de los Estados de Excepción de manera más completa y extendida.

La contundente respuesta ciudadana con el rechazo a la propuesta de una nueva constitución, hace sentido a las víctimas ya que el documento no contenía propuestas tan relevantes como una condena constitucional al terrorismo, mantención del Estado de Excepción, creación de la defensoría de las víctimas o la reparación a víctimas del terrorismo, olvidando los ahora exconstituyentes, que fueron mandatados para construir una Carta Magna que uniera a Chile.

Es de esperar que el Presidente Boric y las autoridades de Gobierno de una vez visiten nuestra región y se haga realidad la virtud de escuchar.

Alejo Apraiz Contardo,

presidente Asociación de Víctimas de Violencia

Rural AVVRU Araucanía.