"La gratuidad debe ser mejorada porque quedó mal formulada. Hay que transitar a la universalización"
El nuevo Sistema de Educación Superior en Chile, el cual se encuentra en plena etapa de implementación, impuso a las casas de estudios un marco legal que asegura calidad y proyección estratégica en sintonía con los cambios sociales del país.
Si bien estos cambios son valorados por el rector de la Ufro, Eduardo Hebel, a su juicio, aún falta un pilar fundamental: el financiamiento. "Vemos que con estas leyes el Estado no se hace cargo de sus universidades, ya que seguimos en desventaja respecto de las universidades privadas".
-El Senado aprobó prorrogar los aranceles regulados hasta el 2024. ¿Cuál es la solicitud?
-Esta prórroga es excelente porque las pedagogías quedaban bien situadas, pero no así Derecho, entonces, no sabíamos cuál sería el cálculo en las demás carreras. En concreto, los modelamientos nos indicaban que las universidades perdían el 20% de su capital con estos cálculos. Y si la gratuidad representa un cuarto del presupuesto para nuestra universidad, la verdad es que los aranceles regulados eran una caja de pandora. Por suerte el tiempo nos dio la razón, se amplió el espectro y se formó una nueva comisión que está trabajando en el costo de cada carrera, en donde adicionalmente pedimos incluir en este cálculo la infraestructura y la investigación, ya que en un comienzo se consideraba solo el pregrado.
-¿Debiera existir un arancel regulado sin detrimento económico para la institución?
-Eso es lo que esperamos, que no exista brecha porque para nosotros significa 5 mil millones menos al año. No estamos pidiendo hacernos ricos con los aranceles regulados, pero sí que financien de manera adecuada el pregrado, el cual no puede disociarse de la investigación. En los cálculos no basta la formación profesional porque también hay otras aristas.
-Como el arancel regulado va de la mano de la gratuidad. ¿Debe ser mejorada y avanzar hacia su universalización de cara a la condonación del CAE?
-De todas maneras, lo ideal es transitar hacia una universalización de la gratuidad, sobre todo en universidades como la nuestra donde no más de un 7% de los estudiantes paga sus aranceles. El Estado debiera hacerse cargo de la formación de sus profesionales porque de ello depende la solidez de un país. La gratuidad quedó mal formulada, ya que la cantidad de alumnos que termina la carrera en los años que corresponde no sobrepasa el 20%.
-¿Qué han podido gestionar con los recursos del Banco Mundial?
-Hasta ahora es lo único que nos diferencia de la educación privada. Llevamos cinco años y nos ha ayudado a implementar una serie de instrumentos de mejoramiento de la calidad, infraestructura, vinculación con el medio, mejoramiento de procesos y líneas que estaban deficitarias en el ámbito del pregrado, la investigación y el postgrado.
-La renovación de los estatutos fue otro desafío. ¿En qué etapa están?
-Esta renovación era para todas las universidades creadas antes de 1990 y en nuestro caso se hizo a través de un claustro triestamental que trabajó intensamente durante un año. Afortunadamente pudimos sortear las dificultades, cumplir con los plazos y ahora estamos a la espera de lo que diga el ministerio porque en una próxima etapa el Presidente tiene que presentar un proyecto al Parlamento para que estos estatutos sean definitivos.
-A lo anterior hay que sumar los cambios en materia género e interculturalidad...
-Bueno, con la misma metodología transversal levantamos una dirección de género que se encarga de los aspectos jurídicos y de la contención. Y ahora hace una semana levantamos la nueva política de género que está lista para las bajadas respectivas. Y en el marco estratégico del plan 2030, nuestra universidad ya está inserta en la temática intercultural, ya que el 30% de nuestro estudiantado es de origen mapuche.
"Los aranceles regulados eran una verdadera caja de pandora. Su cálculo para financiar el pregrado no puede disociarse de la investigación". "En universidades como la nuestra no más de un 7% de sus estudiantes paga sus aranceles. El Estado debiera hacerse cargo de la formación de sus profesionales".