El 95% de las instituciones de educación superior cuenta con una política de género
EN LA REGIÓN. La SES fiscalizará el cumplimiento en la implementación de la ley que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.
Desde el pasado 15 de septiembre, todas las instituciones de educación superior deben contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21.369 (fue publicada en septiembre de 2021).
La nueva normativa regula dichas materias en el ámbito académico y su finalidad es prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, siendo el objetivo proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de violencia de género.
Fiscalización
En este contexto, la Superintendencia de Educación Superior (SES) anunció que fiscalizará a través de un plan integral nacional el cumplimiento en la implementación de las exigencias que establece la ley.
De no cumplir satisfactoriamente, la ley 21.369 dispone de tres tipos de sanciones, siendo la más grave "el no poder acceder a la acreditación institucional". Certificación que en la actualidad es de carácter obligatoria y un requisito para acceder a los beneficios y apoyos estudiantiles (Gratuidad, becas, el CAE y el Fondo Solidario). Las otras sanciones van desde la amonestación por escrito a multas de hasta 1.000 UTM.
cumplimiento
Antes de que entrara en vigencia la nueva normativa, la SES realizó un informe regional con el estado de avance de la implementación, arrojando que "de un total de 150 instituciones de educación superior consultadas, a junio de este año, el 89% declaró contar con algún tipo de política contra el acoso, la violencia y la discriminación de género".
En caso de La Araucanía, el nivel de cumplimiento fue por sobre el promedio nacional (ver infografía), llegando al 95%. Al respecto, la SES comunicó que "existen 22 instituciones de educación superior que cuentan con sus casas centrales o sedes en su territorio (con una matrícula total de 60.748 estudiantes), y todas hicieron entrega de información".
La SES además destacó que al momento de realizar las consultas en la Región "había 18 instituciones que ya contaban con algún tipo de política con anterioridad a la dictación de la Ley N°21.369".
Y como la ley considera que esta nueva política debe considerar la participación, la SES informó que "es preocupante que 9 instituciones reconozcan que ninguno de los elementos considerados haya sido elaborado de forma participativa". En contraposición informaron que 10 planteles reportaron que la mayoría o todos los instrumentos requeridos fueron desarrollados de forma participativa".
En el caso de las principales casas de estudio de la capital regional, todas ellas ya implementaron la nueva normativa: la Ufro, UCT, UMayor, UA, Santo Tomás e Inacap.
El rector de la Ufro, Eduardo Hebel Weiss, dijo que esto " supone un paso trascendental en nuestra gestión, la forma de relacionarnos, interactuar y apreciar el mundo. Continuamos construyendo una universidad libre de exclusiones, discriminaciones, violencias y brechas de género".
En tanto que la rectora de Santo Tomás, Rosemarie Junge, planteó que "hemos sido enérgicos en implementar esta ley, impulsado diferentes actividades para construir -como comunidad- una política integral".
"Para su implementación revisamos nuestra normativa previa y luego implementamos un proceso en el que hicimos parte a todos los integrantes de la comunidad".
Francisca Gómez,, vicerrectora UA
"En Inacap estamos comprometidos con la diversidad, inclusión y el respeto en igualdad de los derechos fundamentales de todas las personas". Soledad Figueroa, secretaria general de Inacap