Si bien el levantamiento del uso obligatorio de la mascarilla y del pase de movilidad permitieron que la comunidad retornara a cierta normalidad, luego de la llegada de la pandemia de covid-19, en marzo del año 2020, lo cierto es que el virus Sars-CoV-2 sigue circulando. Es por ello que las autoridades de Salud iniciaron formalmente la campaña de vacunación anual contra la enfermedad como una manera de proteger a la población más vulnerable y expuesta al patógeno.

Se trata de una vacuna bivalente contra el virus que contiene la cepa original de Wuhan y la variante Ómicron, que actualmente es la de mayor circulación a nivel mundial.

En La Araucanía serán 39.052 personas la población objetivo a inmunizar en esta primera etapa que se extenderá hasta el próximo 6 de noviembre, que se traducen en 32.036 personas en la provincia de Cautín y 7.016 en Malleco, esto es, funcionarios de la salud y personas inmunocomprometidas.

De esta forma, la vacuna será inoculada en funcionarias y funcionarios clínicos y administrativos, de atención intra y extrahospitalaria, servicios médicos y dentales, servicios de apoyo clínico como laboratorios, radiología, farmacia, servicios de anatomía patológica, alimentación, transporte, seguridad, aseo, y también los estudiantes del área de la salud que estén en práctica clínica. En tanto, dentro de los inmunocomprometidos se incluye a los pacientes en diálisis, con trasplante de órganos además de quienes hayan recibido trasplante de médula ósea; pacientes en tratamiento por cáncer y con enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos.

Esta nueva estrategia para combatir el covid-19 busca proteger a aquellas personas más expuestas a la enfermedad, de ahí que sea necesario que quienes se hallen dentro de los grupos objetivos reciban el fármaco.

No hay que olvidar que la vacunación ha sido el arma más efectiva para combatir el covid-19, una enfermedad que durante dos años y medio vino a cambiar la forma de vida de quienes residen en la Región. Eso además de que el virus Sars-CoV-2 hasta el día de ayer había contagiado a 267.491 personas en La Araucanía y había cobrado la vida de otras 2.737.

El plebiscito constitucional y su resultado alcanzan también al conjunto de normas del texto propuesto que plasmaban cambios en la política exterior del país, orientadas a su descentralización funcional y diseminación orgánica entre entes de carácter regional y autonómicos. La conducción y ejecución de las relaciones internacionales, hasta hoy radicados en el Poder Ejecutivo, experimentaban en la propuesta transformaciones de una envergadura tal, que vaticinaban una compleja relación entre la Cancillería y las nuevas entidades autonómicas territoriales, pero también incertidumbre en distintos ámbitos de la acción internacional del Estado.

Con el traslado de competencias desde los órganos centrales a los autonómicos y regionales en la gestión de los recursos naturales, sus efectos prácticos y jurídicos en algunos tratados bilaterales, las dudas en torno a las atribuciones internacionales de pueblos indígenas en el campo vecinal, o el valor que se le asignaba a acuerdos políticos con el pueblo Rapa Nui, afloraban para la Cancillería zonas grises de difícil gestión internacional. Sea porque el texto constitucional no fijaba criterios orientadores ni límites al empoderamiento constitucional de actores locales sobre algunos recursos transfronterizos, se empinaba aún más la compleja labor de gestionar la política exterior. Incluso el mandato a privilegiar América Latina, apelaba a miradas rígidas y redundantes. Constitucionalizar la política exterior es una tarea tan delicada y compleja, que la doctrina sugiere adoptar en ello la regla de que menos, es más.

Con todo, surgen algunas lecciones que merecen una reflexión, pues si hay un ámbito en el que las regiones albergan una creciente desconfianza es en el exceso de centralismo con que se maneja la acción internacional. Denuncias históricas y desatendidas del pueblo aimara por el agua, de algunas comunidades locales respecto de la minería de alta montaña, o de las zonas extremas del país, se añaden a un problema de fondo, que es la desactualización del valor estratégico del territorio como activo de la política exterior. Reconocer la voz desde las regiones en la política exterior no pasa solo por tener una mayor presencia de nuestra Cancillería en las regiones, tampoco que algunas de ellas sean clasificadas como laboratorios, sino que la política exterior se esfuerce por reconocer sus singularidades y la integre en su ejercicio para beneficio de sus habitantes.

Por lo mismo, resulta conveniente leer y comprender las señales que surgen del plebiscito, rescatar lecciones de aquellos déficits que anota la conducción internacional del país, implementar cambios que no vulneren la acción internacional de Chile, evitar ejercicios de ingeniería social, y proseguir en el más breve plazo con la aprobación del TPP11 y el acuerdo con la UE. Urge también fortalecer el diálogo político transversal en decisiones que afectan una política pública que es y debe seguir siendo de Estado.