En las últimas semanas las autoridades han expresado su preocupación por la gran cantidad de inmigrantes que han ingresado en forma ilegal al país, y que no han regularizado su situación, por lo que pasan a generar un nuevo problema social, al incrementar la población que vive en campamentos. Esto representa a la vez una presión para los servicios de educación y salud, entre otros.

Según cifras del INE, Tarapacá, Antofagasta y Arica y Parinacota, son las regiones donde la población extranjera tiene un peso mayor sobre el total poblacional regional. En la primera de ellas, los inmigrantes representan el 16,9% de los habitantes. Hay estudios internacionales que dicen que cuando las personas llegadas a un país representan más de un 10% de la población, se generan desafíos relevantes, ya que hay que pensar en proporcionarles vivienda, empleo, salud, cobertura previsional, educación para los niños, y desarrollar políticas de inclusión, en las que desde hace tiempo trabajan diversos ministerios.

Otro punto relevante en el que se han enfocado los últimos gobiernos ha sido la regulación del proceso migratorio, para que quienes ingresan lo hagan con su documentación al día y con las respectivas autorizaciones. Ingresar con su RUT y visa facilita la inserción de quienes vienen a trabajar, considerando que el país no tiene una capacidad infinita para integrar inmigrantes.

Aunque el proyecto del Gobierno para agilizar las expulsiones de indocumentados fue aprobado por unanimidad en el Senado, hay quienes tienen dudas de que en la práctica se puedan concretar las expulsiones, ya que se exige notificarlos previamente en forma presencial. Con la actual legislación se les debe avisar en tres ocasiones y el proyecto en estudio lo rebaja a dos, pero los involucrados van cambiando domicilio, de manera que en la práctica pasan a ser inubicables.

Por eso, es relevante sincerar la migración que viene a trabajar a Chile y no disfrazarla de un turismo que no es tal. Esto es aún más relevante cuando el país debe enfrentar un acelerado proceso de recuperación de los empleos perdidos en la crisis derivada de la pandemia.

Cuando nombramos la violencia contra las mujeres como un problema social queremos alejarnos del sentido común -muchas veces plagado de prejuicios y estereotipos- que señala que este tipo particular de violencias es un "problema de las mujeres o problema privado".

En contrario, este 25 de noviembre, como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, postulamos que dichas violencias que, cotidianamente vivencian miles de mujeres del país y particularmente de la Región de La Araucanía, son un problema de todos, todas y todes, en tanto somos parte del sistema social donde perviven numerosas formas de violencias: la pobreza, la falta de acceso a la salud, a la educación, los racismos, las discriminaciones, etc.; las que articulándose con ideas patriarcales, machistas y sexistas que subsisten en nuestra cultura, limitan las oportunidades de mujeres y niñas de nuestros territorios.

Actualmente, en La Araucanía, región donde históricamente se expresan todas las violencias, las estadísticas que en estas materias aportamos las mujeres son bastante desfavorables, ya que lejos de disminuir, aumentan. Ejemplo de ello es que la violencia intrafamiliar aumentó en un 6% desde el 2021 al 2022; las violaciones un 23% y los abusos sexuales un 40%. Sumamos, además, este año tres femicidios consumados y 22 femicidios frustrados. Estas cifras evidencian que pese a todos los esfuerzos que hemos realizado durante décadas las mujeres, los feminismos y el Estado, para avanzar hacia la erradicación de estas violencias, debemos instalarlas como un problema de la sociedad en su conjunto.

Este año la campaña de prevención de la violencia contra las mujeres que denominamos: ¡Sí, es mi problema! tiene como objetivo aportar la necesaria transformación de estas ideas preconcebidas, y desarmar sus perversos efectos en las vidas de muchas mujeres. La campaña nos invita a todas, todos y todes a involucrarnos activamente con acciones concretas que posibiliten frenar estas violencias, para transformar las relaciones entre los sexos y los géneros, y avanzar hacia otras formas de relacionarnos, fundadas en el respeto irrestricto de la integridad y vida de las mujeres, para que así contribuyamos comunitariamente a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lucy Mirtha Ketterer Romero,

Seremi de la Mujer y equidad de Género de La Araucanía