El Austral

Con el fin de buscar soluciones a retos y problemas complejos identificados y propuestos por diversas instituciones del Estado que requieran investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), ANID a través de la subdirección de investigación aplicada realiza el concurso Desafíos Públicos, certamen que conecta a estas instituciones (que demandan o necesitan soluciones) con potenciales oferentes del sistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento.

En este contexto, desde el ministerio de Energía se formula el llamado "Coupling de electrolizadores y generación renovable para la producción eficiente de hidrógeno verde", desafío que desde Ufro responde el doctor Boris Pavez, cuya propuesta obtiene su respectiva adjudicación.

iniciativa

El proyecto propuesto, denominado "Producción de hidrógeno verde mediante una topología multiwinding flyback converter para el acoplamiento paralelo de fuentes de energías eólica y fotovoltaica", logró las mejores evaluaciones que facultan su próxima ejecución.

Sobre esta nueva adjudicación para Ufro, el director de Innovación y Transferencia Tecnológica, Mg. Franklin Valdebenito Godoy, expresó sus felicitaciones al doctor Boris Pavez añadiendo que "parte de nuestro compromiso como universidad pública es hacernos cargo de los desafíos que nos impone la comunidad. En ese sentido, la adjudicación en el concurso Desafíos Públicos 2022 viene a reafirmar cómo estamos dirigiendo nuestra capacidad de investigación y desarrollo para ponerla al servicio de nuestro territorio y del país".

reconocimiento

Para el doctor Pavez, la adjudicación de este proyecto "implica inicialmente un reconocimiento al trabajo que durante años he realizado en proyectos de Investigación y Desarrollo vinculados con las energías renovables.

Por otro lado, es un buen indicador de productividad en colaboración con mi colega, doctor Cristian Pesce, quien aportará con su conocimiento en el diseño de la solución propuesta".

"Esperamos que siga avanzando nuestra propuesta, que aborda este desafío con una visión regional respecto a los recursos renovables para la producción de hidrógeno verde".

Boris Pavez,, Universidad de La Frontera

"

El desarrollo de este proyecto contempla una primera etapa relativa a validación de entornos relevantes simulados, para avanzar luego a la validación en entornos reales y finalmente la implementación y demostración en entorno real, con un monto total para el desarrollo de más de 150 millones de pesos. Agrega el doctor Pavez que "dada la característica competitiva del financiamiento Desafíos Públicos del Ministerio de Energía, esperamos que nuestra propuesta siga avanzando, principalmente porque aborda este desafío con una visión regional respecto a los recursos renovables para la producción de hidrógeno verde. Que ésta sirva para potenciar el uso tanto de eólica como fotovoltaica, en sistemas aislados, como sistemas de producción de hidrógeno verde distribuido, de mediana o baja escala".

Con una destacada ponencia a cargo del alcalde Carlos Barra, Pucón cerró su participacion en el XXVI Congreso Nacional de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, que se realizó en Iquique y Pica. En la oportunidad, los asistentes provenientes de distintos lugares del país, escucharon atentamente la exposición, centrada en el impacto de los eventos deportivos en el turismo, con el cual varios lugares del mundo están quebrando la estacionalidad, situación que Pucón está comenzando a abordar fuertemente, a través de su parque deportivo municipal, terreno que fue adquirido el año 2005 con la visión de ejecutar ahí un plan maestro destinado al deporte y la recreación.

Durante el congreso, Pucón fue reconocido con el premio Distinción Nacional AMTC, categoría municipalidades turísticas año 2021-2022, estímulo que fue entregado por la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze.

"Estamos muy contentos de haber participado de este congreso y exponer lo que a nuestro juicio es una de las formas de romper con la estacionalidad, como es el deporte", señaló el alcalde Barra.

Las actividades culminaron con la certificación del congreso, que estuvo a cargo del alcalde de Pica, Iván Infante, y donde participaron el alcalde Barra y el concejal Claudio Cortez, quien es director de la Asociación Nacional de Municipalidades Turísticas.

La Tercera Sala de la Corte Suprema acaba de emitir un fallo en el que ordena abandonar un terreno ocupado ilegalmente y para el caso que ello no ocurriere en el lapso de seis meses, dispone el desalojo con auxilio de la fuerza púbica.

A primera vista la decisión de la Corte parece perfectamente coincidente con lo que cualquier observador externo, respetuoso de las reglas, esperaría, de manera que podría decirse que no hay motivo alguno para alegrarse ¿Por qué habría de existir un motivo para alegrarse por una decisión que parece tan obvia?

Pero lo hay.

Porque ocurre que hasta hace poco no parecía ser ese el punto de vista de la Corte Suprema. En un fallo de principios de este año el criterio fue otro. Frente a una toma de terrenos la Corte entendió que junto al derecho de propiedad que se había vulnerado, estaban también en peligro los derechos de los ocupantes ilegales, entre ellos su derecho a la integridad, seguridad y salud, a los que también, dijo, era necesario considerar. Entonces concluyó que era necesario que las autoridades (el Seremi, Carabineros, la Gobernación) se coordinaran con el dueño del terreno "a fin de que, de manera conjunta, se otorgue una solución global y efectiva a la situación que actualmente viven los recurridos, de manera tal que sus derechos sean igualmente resguardados".

En otras palabras, el dueño del terreno acudió a los tribunales en amparo de su derecho de propiedad y para ello recurrió en contra de los ocupantes; pero la Corte acabó disponiendo que era necesario que las autoridades y el dueño se coordinaran a fin de encontrar una solución a quienes habían ocupado ilegalmente el predio.

En vez de proteger a quien solicitaba amparo por la violación de su derecho ¡la Corte decidió amparar a quienes lo habían infringido!

Es flagrante que ese tipo de fallos crean incentivos para la ocupación ilegal de terrenos e imponen a los propietarios deberes supererogatorios, deberes excesivos. Es obvio que es muy valioso atender a las necesidades del prójimo, como enseña la parábola del buen samaritano; pero nadie puede ser legalmente obligado a transformarse en uno. Desde luego que las personas que carecen de vivienda necesitan apoyo; pero él debe provenir de las rentas generales, no del patrimonio de un particular que es víctima de la ocupación ilegal de su propiedad. Pero eso es lo que hizo erradamente la Corte en el fallo de inicios de este año: impuso al dueño del terreno el deber o el gravamen de atender las necesidades del prójimo, algo loable desde el punto de vista moral; pero inaceptable desde el punto de vista jurídico porque, entre otras cosas, viola la igualdad en las cargas públicas.

Ese criterio que transforma en samaritano a la víctima de una toma, es lo que el fallo reciente habría abandonado, disponiendo que corresponde a los ocupantes abandonar la toma y al Estado darles albergue.

Por eso -porque la sentencia recién dictada abandonó el equivocado criterio del fallo de principios de año- cabe llamar esperanzador a este otro fallo que decidió lo que parecía obvio: a favor del respeto de las reglas.

Hay sí que alarmarse de que existan motivos para la alegría y razones para la esperanza porque se dicte un fallo que decide proteger a quien tiene el derecho de su lado, algo que en otros tiempos menos demagógicos, más racionales, menos moralizadores, y más conscientes del valor de las reglas, se habría tenido por obvio y por natural.