-¿Qué tan real es eso de que una vez aprobada la reforma, automáticamente las pensiones van a subir un 50%?

-Sí, el alza de las pensiones se va a producir por tres vías. En primer lugar, todas las personas van a tener un piso de protección social que va a ser igual a 250 mil pesos. Porque hoy tenemos una PGU que va a ser universal para toda la población en un tránsito de seis años. Todos los ciudadanos van a tener ese derecho. En segundo lugar, las personas van a tener sobre esos 250 mil la pensión que viene de lo que cotizaron. Entonces, fortalece el ahorro previsional y permite recuperar más rápidamente los desahorros que se produjeron por los retiros del 10%. Además de tener un efecto en pensiones, profundiza el ahorro macroeconómico y las posibilidades de inversión. También la persona va a tener una pensión que va a venir del seguro social y que se va a configurar con la siguiente lógica. La persona actualmente jubilada y las que se jubilen en el futuro, se les va a reconocer una UF por cada 10 años cotizados, con cargo al seguro. Todos quedan mejor que lo que están. Esta es una reforma que no está contra nadie, es para mejorar, y es ahí donde hay que hacer harta conversación política porque es un acuerdo muy urgente. Por eso este es un desafío político y cultural, no solo legislativo. Solo hemos conocido en 40 años el sistema de las AFP, es lo que tenemos internalizado, pero no es lo común. Es lo extremo. En los países de la OCDE hay capitalización individual y administradores privados, pero que conviven junto a un seguro social público.

-Pero también esto choca con la realidad del empleo informal, con trabajadores que no cotizan y que son casi un 30% de la fuerza laboral. ¿Qué pasa con ellos?

-Esta es una reforma que, en el largo plazo, se estima que va a aumentar la formalidad en el empleo en un 2%. ¿Por qué? Porque precisamente los beneficios de pensión van asociados a la formalidad. Van a ser en atención a los años cotizados. Eso es bien interesante, porque en el fondo les entrega a las personas una garantía de pensión. Por cada esfuerzo que se hace y una garantía de pensión. En segundo lugar, la reforma contempla sistemas simplificados de incorporación de independientes al sistema previsional. Tendrán un sistema simplificado para poder cotizar y que va a operar a través de un descuento de la cuenta vista o Cuenta Rut por una suma fija que va a ir creando, también, una cultura de la cotización previsional.

-El desafío de la clase política es llegar a un acuerdo.

-Cuando las personas ven que después de muchos años de esfuerzo en realidad sus pensiones son muy bajas, absolutamente insuficientes, y el sistema político no ha logrado ponerse de acuerdo en una reforma a las pensiones, creemos que eso desincentiva. Tenemos que ponernos de acuerdo, porque llega un momento en el cual la ciudadanía no entendería que no lo lográramos y tenemos la disposición de buscar un acuerdo conversándolo, porque entendemos que muchos parlamentarios pueden enriquecer este debate, pero eso requiere también la disposición de todas las partes. En ese proceso estamos.

-Usted ha criticado a las AFP, como lo dijo en la CUT, pero uno debiera asumir que las AFP tienen todo el derecho de hacer su campaña, ¿o no?

-Las AFP están haciendo su campaña porque están defendiendo su negocio, pero la perspectiva del Gobierno es poner el objetivo en los pensionados, más que en una determinada industria o grupo de presión. Por eso son lógicas distintas y algo que no se debió haber perdido nunca de vista es cómo el sistema de pensiones se crea para pagar pensiones. Creo que el principal error histórico de las AFP en esto es oponerse férreamente a cualquier tipo de cambio que podría haber generado una situación mejor para los pensionados, pero como se han opuesto persistentemente y tienen un poder económico importante, la verdad es que ha sido difícil generar cambios. Hoy llegó un momento en que ese modelo se agotó; necesitamos pasar a uno distinto y hay mayor consenso social respecto de eso, sin duda, por eso tienen una campaña que es bastante masiva y con cosas bien imprecisas, y ha sido importante el rol que juega la Superintendencia de Pensiones, como organismo autónomo, en torno a aclarar algunas afirmaciones que se han hecho. Es distinto un Seguro Social de lo que hemos conocido estos 40 años. La propiedad privada con capitalización individual va a seguir existiendo, solo que con una nueva cotización vamos a crear algo distinto, que va a complementar la capitalización. De aquí solo puede salir algo que mejore las pensiones y que nos deje en una situación distinta como sociedad y con mayor cohesión social.

Pero seguir oponiéndose férreamente a los cambios y, en este caso, por su propio interés económico, como es el caso de las AFP, es algo que al país no le resuelve el problema del sistema de pensiones y ahí es donde hay un nudo importante, pero como señalé, ese modelo está agotado.

-¿Qué no le gusta de la campaña??

-Es evidente que han promovido un debate en el cual se instalan temas que no son la centralidad de lo que hoy día requerimos, como, por ejemplo, el de la herencia, como si fuera la discusión principal de un sistema de pensiones y como si, además, mucha gente en Chile recibiera herencia. Ninguna de las dos cosas es así. Sin embargo, la propuesta de reforma se hace cargo de una inquietud ciudadana, porque la gente se preocupa de qué va a pasar con sus familias cuando ellos nos estén. Entonces, ahora va a haber renta vitalicia también con herencia. En segundo lugar, cuando dicen que no quiten la libertad de elegir, ¿quién de verdad ha podido elegir? No solo se impusieron en un contexto sin democracia, dictatorial, sino que, además, las personas han estado obligadas a estar en administradoras privadas.

-Si la reforma tributaria no se aprueba, ¿está en peligro la reforma previsional?

-Esto es igual que en un hogar: para tener gastos permanentes, se requieren ingresos que lleguen todos los meses. Por eso, la reforma tributaria fue presentada con anticipación a la previsional y va bastante más avanzada y va a estar antes. Pero, en segundo lugar, este es el componente no contributivo del sistema de pensiones que para este piso de protección social. Va a haber un primer peldaño, que son los $ 250.000, pero el aumento del Seguro Social que se va a producir con el 6% proviene de la cotización de los empleadores, por tanto, viene de una vía de financiamiento distinta que no es vía impuesto, como la PGU. La propuesta central se describe como un sistema mixto, porque tiene distintas fuentes de financiamiento, participación de actorías públicas y privadas, combinación de ahorro individual con un pilar solidario de Seguro Social. Entonces, tiene distintos elementos. Por eso también es una propuesta moderada, no lleva un extremo ni la capitalización individual que es lo que tenemos hoy día ni un reparto sin sostenibilidad.

-Ministra, las dos coaliciones que sostienen el gobierno no han estado muy de acuerdo en algunas cosas que se han discutido en el último tiempo. ¿En la reforma de pensiones están todos de acuerdo?

-En la alianza de gobierno hay una valoración muy positiva de la reforma de pensiones. Por cierto, en el debate vamos a ir recogiendo opiniones, las que pueden tener matices o complementarse con otros elementos, pero siendo un tema tan apasionado, ha sido muy bien acogida porque, entre otras cosas, se hace cargo de varios aspectos.

-Independientemente de eso, ¿hay voluntad de diálogo en la discusión legislativa o en las conversaciones que se efectúan para materializar los proyectos?

-A veces pasa que nos hacen preguntas sobre cosas que recién dijimos. Entonces, da la sensación de que no hay una escucha activa y que el punto se centra más en decir lo que se desea, como a modo de punto político a través de una pregunta, más que en escuchar una respuesta que dé cuenta de una inquietud que puede ser legítima. La reforma fue ingresada hace poco tiempo al Congreso y recién estamos terminando de presentarla. Hemos requerido de tres sesiones para finalizar la presentación inicial, porque es un proyecto amplio, contundente. Creo que igual todos tenemos incorporada la necesidad de reformar el sistema. Entonces, más temprano que tarde vamos a llegar a ese punto en el cual esperamos poder conversar para buscar el acuerdo.

-¿Se ha fijado un plazo para que se apruebe la reforma?

-Esperamos que sea dentro del próximo año. En enero se va a votar en general en la Comisión de Trabajo y, tal como en las propuestas de los dos últimos gobiernos, seguramente el Congreso abrirá un período de audiencias, pero que no puede eternizarse, porque sería incomprensible que, en vez de escuchar a la ciudadanía, esto se convierta en una maniobra dilatoria. Eso también genera desconfianza y desafección de las personas. El llamado es a la calma y la responsabilidad de quienes estamos en este tema.

-¿Ha sentido algún prejuicio, al relacionarse con empresarios o de sectores productivos, por ser del Partido Comunista?

-Al principio, sí, y sentí que había una expectativa de lo que iba pasar ahora que había, nuevamente y después de 50 años, una ministra del Trabajo comunista. Pero creo que hemos construido buenos puentes de diálogo y para eso se requiere derribar los prejuicios, y no sólo de los demás hacia los comunistas, sino que también a la inversa, de nosotros hacia los demás, y abrir un proceso de diálogo franco. Uno tiene diferencias y representa idearios distintos, pero la posibilidad de arribar a algunos puntos comunes que nos permitan avanzar tiene, a mi entender, un valor superior a cualquier atrincheramiento que alguno de los sectores pueda tener.

"En la alianza de gobierno hay una valoración muy positiva de la reforma de pensiones. Por cierto, en el debate vamos a ir recogiendo opiniones, las que pueden tener matices o complementarse con otros elementos, pero siendo un tema tan apasionado, ha sido muy bien acogida".

"Al principio, sí, y sentí que había una expectativa de lo que iba pasar ahora que había (...) una ministra del Trabajo comunista. Pero creo que hemos construido buenos puentes de diálogo y para eso se requiere derribar los prejuicios, y no sólo de los demás hacia los comunistas, sino que también a la inversa, de nosotros hacia los demás".

Existe consenso en la literatura de que el sistema político chileno no puede seguir funcionando como lo ha hecho en los últimos cinco años. Dicho sistema está compuesto de tres pilares: un régimen supuestamente "hiperpresidencialista", una ley electoral con características proporcionales y un número muy alto de partidos. La combinación de esos elementos nos tiene sumidos en la ingobernabilidad. Veamos.

Lo primero es aclarar que el presidencialismo chileno no es tan poderoso como se cree, no sólo porque los gobiernos se enfrentan diariamente a una serie de contrapesos (el Congreso, el poder Judicial, la Contraloría, el Banco Central, el Tribunal Calificador de Elecciones, entre muchos otros), sino porque muchos de nuestros diputados y diputadas han pasado por alto, desde 2019 a la fecha, cuestiones tan relevantes como la iniciativa exclusiva presidencial. Ahí están los retiros de los fondos previsionales como botón de muestra.

Buena parte de la responsabilidad del debilitamiento progresivo de la autoridad presidencial recae en el régimen proporcional, el cual fue diseñado para dotar de representatividad a los grupos históricamente excluidos por el binominal. El problema es que muchos de esos grupos que hoy tienen representación parlamentaria no cuentan con programas doctrinarios reconocibles y de largo aliento. ¿El resultado? El discolaje está a la orden del día y la debida mediación que uno esperaría de los políticos brilla por su ausencia.

Es tanta la dispersión en el Congreso que los presidentes difícilmente pueden llevar a cabo sus programas. Lo vivió Sebastián Piñera en su segunda administración y hoy lo está experimentando el presidente Boric, cuya capacidad de negociación está más relacionada con el pirquineo de votos que con una estrategia propiamente ideológica. Así las cosas, reformar el sistema debería ser una prioridad para todos aquellos que creen que la política es algo más serio e importante que una acumulación desprolija de intereses divergentes.

Ocurre, sin embargo, que los parlamentarios no tienen grandes incentivos para cambiar lo que para ellos funciona bien: ¿por qué modificar el régimen electoral si las barreras de entrada para llegar al poder Legislativo son comparativamente muy bajas? ¿Para qué subir las exigencias del proceso de conformación de partidos si la posibilidad de cambiar de afiliación política es relativamente alta? Como bien dijera el exconvencional Hernán Larraín Matte en un encuentro reciente en el CEP, la incumbencia de la cual son presos los diputados y diputadas les impide ver más allá de su inmediato radio de acción.

¿Estamos condenados a vivir y morir con este sistema político? No, por supuesto que no. De hecho, la discusión constituyente todavía en curso es el lugar para comenzar a resolver las fallas estructurales que hemos anotado arriba. No todo se arreglará en el articulado de la futura Constitución. No obstante, es allí, en la Ley Fundamental, donde habremos de definir las reglas que nos permiten alcanzar mayores grados de eficacia y gobernabilidad. En el caso chileno, es más probable que esas reglas se resuelvan de mejor manera si los constituyentes no tienen ambiciones de corto plazo, como sí las tienen, insisto, los diputados y diputadas.

Suele decirse que la definición del sistema político es la "madre de todas las batallas". Luego del estallido social y producto de las múltiples crisis que nos aquejan, esa frase parece ser más cierta que nunca.

"Es allí, en la Ley Fundamental, donde habremos de definir las reglas que nos permiten alcanzar mayores grados de eficacia y gobernabilidad. En el caso chileno, es más probable que esas reglas se resuelvan de mejor manera si los constituyentes no tienen ambiciones de corto plazo, como sí las tienen los diputados y diputadas".