"En las últimas décadas, el centro histórico de Temuco, una de las áreas que da identidad a la capital regional, ha sufrido procesos de degradación urbana, saturación del espacio público y deterioro de los servicios, a raíz de la presencia persistente del comercio ilegal ambulante, sin que hasta ahora se haya podido implementar una medida eficaz y duradera".

Así lo indicó René Inzunza, presidente de la Cámara de Comercio Detallista de Temuco, quien agregó que, desafortunadamente, los intentos de las administraciones municipales por resolver estos problemas han resultado infructuosos.

"Y no es que las autoridades no hayan tenido preocupación por el tema, porque la ha habido, ni tampoco por una actitud poco colaborativa del comercio establecido", dijo Inzunza, quien agregó que "el problema aquí es que se han conformado verdaderas mafias que tienen tomado el centro, con lugares de acopio de mercadería, con vehículos de alta gama que la reparten a los puestos ambulantes y, en definitiva, con personas dedicadas al comercio ilegal, que no están dispuestas siquiera a abordar el tema, porque perderían todos los privilegios de los que gozan en la actualidad: estar vendiendo en los mejores lugares del centro, sin pagar arriendo, sin pagar impuestos, sin respetar las leyes laborales y, muchas veces, con menos fiscalización que el propio comercio establecido, lo que en realidad es el mundo al revés".

Propuestas

Para René Inzunza, la actitud negativa de estos grupos dedicados al comercio ilegal, no obstante, no debe ser un impedimento para continuar buscando soluciones a esta problemática.

"En el caso de Temuco, creo que existe coincidencia en una amplia mayoría de vecinos de despejar el centro de la ciudad, porque eso ayudaría a mejorar la calidad de vida de todos. Eso sí, hay que evitar que este mismo comercio ilegal se instale en la periferia del centro, es decir, cerca de las calles que llevan a la estación de ferrocarriles y también de Vicuña Mackenna hacia Caupolicán, porque si no lo único que se estaría haciendo sería trasladar el problema".

Inzunza agregó que se debe tener claro que el comercio ilegal produce una competencia desleal hacia los negocios formales que, día a día, trabajan por cumplir con todas las normativas existentes. Junto con la ilegalidad de este tipo de comercio, dijo, "enfrentamos también el problema de la piratería y el contrabando".

Por otra parte, manifestó el líder de los comerciantes de Temuco, existe una alta correlación entre victimización del comercio y la existencia de comercio ambulante ilegal a su alrededor, siendo este un factor que afecta la seguridad ciudadana. "Es evidente que el comercio ambulante ilegal hace más vulnerable el entorno donde está establecido y tanto comerciantes como residentes sufren las consecuencias de estas redes".

Qué hacer

Para el dirigente gremial, hay experiencias internacionales que han resultado exitosas y que podrían ser consideradas. Como ejemplo, dijo, "uno podría pensar que el trabajo realizado en el centro histórico de Lima, Perú, fue valioso". Allí, señaló, se despejaron los espacios públicos ocupados por los vendedores ambulantes, dentro de un proceso de recuperación, empezando por el corazón de la ciudad y luego trasladándose hacia la periferia; se reacondicionaron y revitalizaron los espacios recuperados, se mejoró la calidad ambiental del centro y se relocalizó e integró a la economía formal a los vendedores ambulantes. Por ello, añadió, "es que pensamos que lo que está proponiendo el alcalde Roberto Neira con el nuevo Paseo Bulnes y con el macroproyecto posterior, puede ser un buen punto de inicio, porque está en concordancia con políticas públicas exitosas, que buscan el desarrollo y mejorar la calidad de vida los habitantes de la ciudad".

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"En el caso de Temuco existe coincidencia en una amplia mayoría de vecinos de despejar el centro de la ciudad".

René Inzunza,, presidente de la Cámara de, Comercio Detallista de Temuco

A fines del 2022, utilizando mis facultades como consejero regional, oficié al Ministerio Público para conocer de primera fuente, cuáles han sido los procesos judiciales que se han cerrado en torno al conflicto indígena que afecta a nuestra Región de La Araucanía desde hace cinco años atrás hasta la actualidad. La Fiscalía, dentro de los plazos establecidos por la ley, respondió certeramente, en la forma como sigue:

-Investigaciones terminadas, por otro tipo de término: 1,525.

-Investigaciones terminadas por salidas alternativas: 96.

-Investigaciones terminadas por Archivo provisional, sobreseimiento definitivo y temporal: 542.

-Investigaciones terminadas, por sentencia condenatoria: 99.

-Investigaciones vigentes: 381

En el oficio, se otorga el detalle de los delitos que fueron efectivamente imputados, no por número de casos, por lo que, pueden haber varias personas imputadas por el mismo delito.

Analizando el informe, es posible advertir que ha sido un total de 2.262 procesos cerrados por delito, de los cuales, solo 99 han resultado en sentencias condenatorias. Es decir, menos del 5% de los procesos judiciales asociados al conflicto indígena terminan con pena efectiva en La Araucanía, lo cual es una cifra ínfimamente reducida, frente a lo que deberíamos esperar de parte del Ministerio Público.

A nuestro juicio, el informe parece indicar dos posibles realidades. O los fiscales evaden investigar en profundidad cada caso hasta llegar a la condena efectiva y esto por razones ulteriores como pueden ser ciertos motivos políticos, o tal vez por temor a represalias, no se atreven a proseguir hasta el final. O con mucha probabilidad, las herramientas investigativas que actualmente poseen los fiscales no les son suficientes como para perseguir y disolver efectivamente a las bandas paramilitares debido a la alta complejidad que esto implica.

Personalmente me inclino por la segunda opción. Creo que el trabajo de levantamiento de pruebas para vincular a los imputados a fin de que sean sancionados de manera ejemplar y suficiente, no es posible realizarlo de manera ordinaria. Es decir, en las condiciones actuales, bien se puede perseguir a una banda de narcotráfico, logrando poner tras las rejas a los responsables, pero cuando se trata de redes tanto orgánicas como inorgánicas, que trabajan en la absoluta clandestinidad, ocupando territorios que son insondables para el Estado, y que además poseen un marco ideológico que refuerza su actuar, se hace necesario echar mano de otras facultades que sobrepasen un procedimiento común.

Por ello, es de suma urgencia aprobar la nueva Ley Antiterrorista y reformar la Ley de Inteligencia, a fin de que los fiscales puedan utilizar mecanismos no convencionales y de forma excepcional que les permitan obtener mejores y mayores pruebas, llegando a imputar por delitos graves a quienes sean los responsables, logrando condenas amplias, revestidas del debido poder disuasivo. Ésta es finalmente la conclusión que necesitábamos obtener, interpretando el informe emanado desde la Fiscalía, organismo que cuenta con el respeto y respaldo ciudadano en el cumplimiento de sus funciones, tan necesarias para el Estado de Derecho en nuestro país.

Felipe Martínez Reyes,

consejero regional

de La Araucanía