El robo de cables
La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicadas a hogares y empresas.
El robo de cables de telecomunicaciones y de electricidad es un delito que afecta a varias ciudades y zonas rurales, pero especialmente a los clientes, que ven interrumpidas sus comunicaciones y el suministro de energía.
El alto precio del cobre ha llevado al surgimiento de bandas organizadas que roban los cables de las redes, para venderlos en el mercado negro, e incluso se estima que falsifican documentos para su exportación a países vecinos. Estas acciones vandálicas interrumpen los servicios, dejan incomunicados a hogares y empresas, y obligan a suspender la atención en servicios públicos de salud, educación, bancarios, semáforos o cajeros automáticos, lo que genera un enorme impacto directo en la calidad de vida de las personas y el funcionamiento de las actividades.
La situación es preocupante porque es un delito que ha aumentado de manera importante, sobre todo en los sectores rurales, donde muchas veces no hay testigos, por tratarse de lugares aislados. Por ello, en las reuniones de las mesas de trabajo se realizan diagnósticos, se buscan los puntos críticos en los que se producen los robos y se analizan los destinos que pueda tener el material robado. Estos delitos no solo implican que las personas queden sin suministro eléctrico sino también la interrupción de servicios públicos que son importantes para la ciudadanía.
Según la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, que agrupa a las empresas en servicios de internet, telefonía móvil y fija y televisión de pago, la industria interpuso 1.555 acciones judiciales por estos robos entre octubre de 2021 y marzo del año pasado.
Las autoridades se han comprometido a desarrollar un trabajo con itinerarios, detectando los lugares donde se cometen con más frecuencia los robos, y perseguir a los centros donde se comete el delito de receptación del cable conductor robado. El robo de infraestructura trae graves consecuencias para miles de hogares, por lo que, desde 2011 se encuentra vigente el acuerdo entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública e instituciones como Carabineros, PDI, SII, Aduanas y empresas de distribución eléctricas y de telecomunicaciones, para mitigar y enfrentar estas acciones ilícitas.