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La Araucanía no puede seguir esperando
La Araucanía otra vez se ve postergada por el uso político de temas de seguridad.
En su visita a La Araucanía el Presidente de la República se comprometió a tomar medidas y a un proceso de mejoramiento de la ley de usurpaciones. Los senadores José García Ruminot y Jaime Quintana cumplieron lo solicitado y entregaron un preacuerdo; sin embargo, el pasado lunes cuando el Ejecutivo debía presentar sus indicaciones, la gestión fue aplazada.
Estas son medidas anheladas por la población rural, preacordadas con el Parlamento, por lo que no se comprende que un Gobierno que está a la deriva en materia de seguridad, no le dé la urgencia que amerita.
En La Araucanía estimamos en 20 mil las hectáreas usurpadas por grupos radicalizados. La normativa vigente hace 148 años no permite detener ni aplicar penas de cárcel a los usurpadores, teniendo nula efectividad ante los desalojos.
La promulgación de una nueva ley que retipifique el delito y fije penas de cárcel, permitirá conocer la verdadera magnitud de este ilícito, tal como ha ocurrido con la ley del robo de madera. Actualmente, muchos propietarios de predios usurpados no ingresan las denuncias, por la ineficacia de la actual normativa, terminando obligados a abandonar sus campos.
En la gestión de estas propuestas hemos visto como conocidos senadores manipulan políticamente el trámite legislativo, obstaculizando el avance en seguridad pública.
No es aceptable esta intervención en los procesos que mejoran la seguridad de todos los chilenos, sobre todo cuando reiteradamente las encuestas levantan a la seguridad como la gran deuda que tiene el Estado con la ciudadanía.
Señor Presidente, honre el compromiso. La Araucanía no puede seguir esperando.
Roberto Heise Möller, presidente Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G.
Promocionar el buen uso de estacionamientos para personas con discapacidad
A nivel nacional existe un déficit de estacionamientos. Y si hablamos de estacionamientos para personas con discapacidad son aún más escasos, y lamentablemente son poco respetados por la comunidad, debido a la falta de capacidad para controlarlos y fiscalizarlos por parte de inspectores municipales y Carabineros.
A nuestro pesar, con el tiempo nos hemos dado cuenta que existe una gran falta de conciencia y de información respecto al buen uso de estos estacionamientos, por lo que iniciamos una campaña que busca la concientización, la promoción del buen uso de estos espacios y la fiscalización ciudadana.
Si bien el mal uso de estos espacios significa una multa para el infractor, nuestro objetivo no es promover las sanciones al mal uso, sino más bien concientizar el respeto de estos estacionamientos, apoyando el control y fiscalización de estos espacios exclusivos a través de la colaboración ciudadana y así contribuir a tener una ciudad más inclusiva, velando por el derecho de todas las personas.
Rodrigo Castiglione
Final
El plazo de seis meses que dio la Corte Suprema al Gobierno para pronunciarse sobre la crisis de las Isapres tiene a las autoridades de Salud trabajando muy cómodas (aunque ellas informan que lo están haciendo "en forma prudente y responsable", como si eso fuera algo excepcional). En términos jurídico-bíblicos, el plazo indicado es del tipo juicio final: llegará cuando los actores ya estén muertos.
José Luis Hernández Vidal
Amnistía e impunidad
La Vicaría de la Solidaridad de Santiago, publicó listas de personas detenidas-desaparecidas: en octubre 1976 sobre 383 casos y, en mayo 1978 con la pregunta ¿dónde están? informó de 618 detenidos-desaparecidos.
El 18 de abril 1978, la dictadura cívico-militar dictó el Decreto Ley 2.191, mediante el cual le concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos, cometidos entre el 11-9-1973 al 10-3-1978, en calidad de autores, cómplices o encubridores. Durante este período (1973-1978), el país se mantuvo bajo Estado de Sitio y miles de chilenos fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos como los allanamientos en sus hogares, detenciones, secuestros, la tortura, ejecuciones, desapariciones, muertes, entre otros.
Al entrar en vigencia la Ley de Amnistía, los tribunales de justicia se declararon incompetentes en casos de violaciones a los derechos humanos, trasladando los casos a la justicia militar. Así, se impidió investigar y procesar a involucrados en actos criminales; garantizando impunidad a los agentes del Estado responsables de los hechos.
En 1991 estalló escándalo de los "Pinocheques"; entonces, el general Pinochet ordenó al Ejército el acuartelamiento, lo que se conoció como "ejercicio de enlace". En 1993 la causa se reactivó; ante esto, el general Pinochet respondió con un movimiento de tropas, lo cual se llamó "El Boinazo". La democracia debe construirse en verdad y justicia.
Derico Cofré Catril