El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ha señalado que la cantidad de niños entre 0 y 14 años ha disminuido sostenidamente en las últimas décadas, pues se estima que en la actualidad hay casi 350 mil menos que en 1992, y que para 2050 las proyecciones indican que habrá casi 670.000 niños menos que en 2020.

Las cifras indican que si en 1992 ese segmento era el 29,7% de la población, en 2050 representará solo el 14,2%. Asimismo, si bien el número de niños en el país está descendiendo, la cantidad de extranjeros que viven en Chile se está incrementando, llegando actualmente a casi 150 mil niños inmigrantes, especialmente procedentes de Venezuela, Perú y Bolivia. Lo anterior considera a los niños extranjeros, no a los nacidos en Chile de padres extranjeros, que por ley son chilenos.

Chile envejece a tasas aceleradas, tanto porque los adultos mayores viven más años, como porque las familias tienen menos hijos. Y si bien es cierto que vivimos más, a la vez la gente muere por causas que podrían evitarse, como accidentes o enfermedades cardiovasculares ligadas al sedentarismo y la mala alimentación. De acuerdo a las estimaciones a nivel nacional, el envejecimiento poblacional en Chile seguirá aumentando. El 18,9% de la población chilena estimada para el año 2035 corresponderá al rango de 65 años y más. El envejecimiento de la población es una realidad inversamente proporcional al número de nacimientos.

Hemos pasado, en el plazo de una generación, desde una exigencia de educación secundaria hasta una profesional o técnica, lo que implica al menos hijos por la búsqueda de recursos y el legítimo crecimiento profesional o la búsqueda de independencia económica. Tales luces darían cuenta que el tema económico es decisivo para que las personas definan el número de hijos.

Sin embargo, mucho puede hacerse para seguir mejorando indicadores, sobre todo en salud y ofrecer panoramas y programas de alimentación más saludables para la población infantil y joven, con el fin de que ese aumento de expectativas de vida actuales, pero se trata de un cambio que obliga a repensarlas políticas públicas del país.

Recientemente hemos visto como tras un largo desgaste de sus instituciones, el Estado democrático de Derecho se rompe en Perú. Sea cual sea el color político o la forma del quiebre, estas son siempre oscuras noticias para Latinoamérica.

La democracia como concepto político no siempre se ha entendido de la misma forma. Desde su origen griego, cuando los partícipes en ella eran solo unos pocos hombres con cierto estatus, excluyéndose mujeres, esclavos y otras personas sin riquezas, hasta nuestros días, en que significa algo muy distinto, donde el quién y el cómo se toman las decisiones democráticas apunta al pueblo en procedimientos con voto universal, con ampliación de la participación ciudadana y donde la protección de los derechos fundamentales se ha convertido en la sustancia de las democracias, en palabras de Ferrajoli.

Así, la democracia se ha convertido, más allá de un procedimiento, en un principio. Se trata de una aspiración jurídica y política para la regulación de la convivencia en sociedades complejas y, por tanto, de un consenso social.

Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) da cuenta que pese a la desconfianza en las instituciones, en Chile aún un 61% de personas cree que este sistema es preferible a cualquier otra forma de gobierno, aunque un 53% estima que la democracia chilena funciona de manera solo regular (Estudio Nacional de Opinión Pública, agosto 2022).

Sin embargo, hay que agregar que la democracia no es un principio o una forma teórica de gobierno, sino que es también un proceso social y político, que se perfecciona y profundiza en tanto se le atribuya un valor central en el espacio público. Por ello, la valoración que le dé la sociedad es clave. Distintas actitudes pueden ir socavándola, desde quitarle valor o cuestionar la elección democrática en la configuración de órganos generadores de consensos políticos hasta la valoración de la fuerza por sobre el diálogo.

La democracia como principio debe ser valorada en la esfera pública y como mecanismo institucional puede y debe ser profundizada, para evitar caer en la deriva de la deslegitimación de las instituciones y procesos democráticos.

Priscilla Brevis, académica Carrera de Derecho Universidad

de Las Américas Sede Concepción