Andrea Arias Vega

El terrorismo en La Araucanía y la Macrozona Sur debe ser considerado como uno de posibles causantes de los incendios forestales, en el marco de la intencionalidad y de las lecciones de la temporada para enfrentar preventivamente futuras emergencias.

Así lo cree la senadora por La Araucanía y presidenta de la Comisión de Agricultura, Carmen Gloria Aravena (PRCH), quien junto a su equipo recorrió las comunas afectadas y coordinó la entrega de ayuda.

- ¿Cuál es la evaluación de la gestión del Gobierno ante la emergencia por incendios forestales?

- Al comienzo el Gobierno actuó un poco lento, sin comprender la complejidad y la cobertura en la zona. El Gobierno tiene que reconocer que en la Macrozona Sur alrededor del 50% de los incendios son provocados, según datos que entregó Ex-Ante. Es absurdo abstraerse de la situación de violencia y terrorismo que hemos vivido por más de 25 años. Es tiempo de buscar responsables y considerar al terrorismo como una estrategia preventiva en el combate de incendios.

- Pero el Gobierno afirma que no hay antecedentes de la existencia de bandas coordinadas para provocar incendios y que los detenidos serían más bien personas con trastornos mentales...

- Son muy inocentes porque en un libro que escribió la CAM se describe un atentado realizado por una ORT a helicópteros de brigadistas en 2018. En todos estos años han destruido 6 helicópteros de brigadistas y en el último lienzo de un atentado ocurrido hace unos días dice 'fuego y bala a las forestales'. Lo más probable es que las personas detenidas, que pueden o no ser pirómanos, no son las que están coordinadas para realizar estas acciones.

- Ahora llama la atención que el Gobierno informe un 25% de intencionalidad y que Corma diga que en la Región son seis de cada 10. ¿Cómo lo lee?

- El 2021, el 68% de los incendios fueron intencionales en La Araucanía, mientras que hoy tenemos un 77% de aumento a la fecha. Entonces es contradictorio que con 77% de aumento tengamos solo un 25% de intencionalidad. El proceso de investigación que realiza Conaf con la PDI es lento y todas las cifras que ha entregado el Gobierno son estimativas. Esto es mucho más de lo que ellos creen, lo que es grave porque afecta la solución del problema. Además el fiscal nacional no ha mostrado interés en realizar una investigación más profunda entre las ORT y los incendios. Si el terrorismo no es considerado en las estrategias preventivas del combate de incendios para el próximo año esto va a seguir igual o peor. Si vamos a prevenir pensando que hay solo pirómanos en Chile no vamos a prevenir nada.

- ¿Qué opina de las declaraciones del ministro de Agricultura respecto de un Royalty forestal, lo que finalmente Interior descartó para esta administración?

- El ministro habló de Royalty a las forestales, lo que en mi opinión es una brutalidad pensando en la pérdida que tienen con los atentados terroristas y los incendios. Lo que mucha gente no entiende es que hay suelos que solo tienen uso forestal, entonces, no es llegar y decirles que planten nativos que se van a demorar 60 años y mientras tanto ese señor se murió. El pino y el eucaliptus se produce en todo el mundo, entonces, lo que hay que hacer es un ordenamiento territorial y regular hasta dónde plantamos evitando cordones cerca de villorios. Ahora, que tributen en la zona que producen es algo que hay que analizar en el marco de la ley de rentas regionales.

- ¿Qué le parece la propuesta del gobernador Rivas respecto de regular la desafectación del terreno forestal pensando en emprendedores?

- Dado el contexto me parece que es una propuesta razonable de legislar en la medida que estén los recursos para que ellos puedan desarrollar otra actividad que no sea la forestal. Los tiempos cambian y hoy es una locura que alguien esté amarrado al 701 por el resto de su vida.

- ¿Qué legislación urge a modo de lección de la emergencia?

- A propósito de esto está en trámite el proyecto de ley del suelo que hicimos con 33 universidades y que se hace cargo del ordenamiento territorial en esta materia, una norma que tienen todos los países de la OCDE, menos Chile. Por otro lado, con el senador Jaime Quintana estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con cortafuegos, de modo que exista distancia entre la actividad productiva forestal y las casas. A esto hay que sumar el proyecto que lleva 10 años en el Congreso y que busca transformar a la Conaf en un ente público porque tenemos 14 millones de áreas silvestres protegidas. El Sernafor tiene que salir pronto del Senado y tramitarse con urgencia, ya que hoy hacen lo que pueden.

"Si el terrorismo no es considerado en las estrategias preventivas, los incendios van a seguir igual o peor. Si vamos a prevenir pensando que hay solo pirómanos en Chile no vamos a prevenir nada".

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El animalista oriundo de Talcahuano, Gary Parra, se acercó a El Austral para denunciar el "nulo avance" de parte de Fiscalía Regional en la investigación por la muerte de más de 5 mil perros al interior del canil municipal de Temuco.

Según lo informado por Murie Maturana, directora jurídica de la Municipalidad de Temuco, los hechos dicen relación con la querella que interpuso la Fundación D y D contra la Municipalidad de Temuco por hechos ocurridos entre los años 2008 y 2018 en el canil municipal, en los tiempos que era administrado por la Universidad Católica de Temuco.

El dirigente Parra, quien no aparece como interviniente en la causa, manifestó su preocupación y molestia, acusando negligencia de parte del fiscal Jaime Pino, tras reunirse de manera remota con el vocero de la Fiscalía Regional.

En su opinión, en La Araucanía no existen fiscales "con el compromiso", "la competencia" y "el conocimiento necesario" que requiere dicha investigación, comparando el trabajo local con el desempeño judicial de su Región en casos de similar naturaleza.

De paso, también responsabilizó al exdirector del canil y políticamente al exalcalde y actual diputado Miguel Becker (RN), además del actual alcalde de Temuco, Roberto Neira, quien en la época de los supuestos hechos era concejal miembro de la Comisión de Salud.

Desde la Municipalidad de Temuco, la directora jurídica Murie Maturana, dijo que "la investigación está fundada en eventuales diferencias numéricas existentes entre los perros capturados, eutanasiados y dados en adopción", sumando además "una eventual utilización de un fármaco prohibido en los procesos de eutanasia practicados".

Al respecto, la profesional aclaró que "todas las materias que fundamentan la acción penal están aún en etapa de investigación por parte del Ministerio Público. El municipio, y el alcalde Roberto Neira, están disponibles para cooperar con lo necesario a la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados".