La Municipalidad de Villarrica cumplió con el acuerdo alcanzado con el subsecretario de Seguridad Pública, Eduardo Vergara, hace solo un par de días, en el sentido de priorizar un total de 36 medidas sugeridas por la entidad gubernamental, lo que se determinó el pasado jueves, poniendo como primera acción la instalación de un cuartel de seguridad ciudadana en el sector de Segunda Faja.

Así lo confirmó, en una reunión realizada en el municipio villarricense, el alcalde Germán Vergara, junto a la encargada de la Oficina de Seguridad Pública, Marcela Solano, quienes hicieron entrega de estas prioridades, al coordinador regional de seguridad pública, Francisco Vega.

Tres puntos

Según la autoridad regional, "hay tres puntos primordiales para la prevención de delitos, que son necesarios trabajarlos en Villarrica. Existe la necesidad de instalar un Cuartel de Seguridad Ciudadana en la Segunda Faja, puesto que éste es un sector donde se producen muchos delitos y no hay una dependencias de Carabineros".

"Para mí todas son prioridades, pero hay unas más difíciles y otras más fáciles, pero aquí hay que empezar por las difíciles, porque esas son las que más le sirven a la seguridad de nuestros vecinos", apuntó el jefe comunal, Germán Vergara.

A decir de la autoridad regional, Francisco Vega, "ya hay un proyecto presentado por el alcalde para una estación de monitoreo, la que se podría ir transformando en un Cuartel de Seguridad Pública. Está también la instalación de nuevas cámaras de televigilancia en distintos puntos de la comuna, porque esto les da más confianza a los vecinos, y por último, la adquisición de más vehículos adaptados a la zona".

APOYO MUNICIPAL

La responsable de la entidad de seguridad municipal, Marcela Solano, indicó que, a partir de ahora y con este apoyo gubernamental, "principal prioridad es la instalación de un Cuartel de Seguridad Pública en Segunda Faja completamente equipado, con oficinas, con vehículos a disposición para acudir a llamados de importancia, principalmente para los vecinos de este amplio sector y que tiene una proyección de crecimiento muy grande".

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"Para mí todas son prioridades, pero hay unas más difíciles y otras más fáciles, pero aquí hay que empezar por las difíciles, porque esas son las que más le sirven a la seguridad de nuestros vecinos".

Germán Vergara,, alcalde de Villarrica

La comunidad indígena Victorina Millablanca Mariano, personalidad Jurídica N°1826, de la comuna de Vilcún, inició su demanda de tierras en 2009 y en 2022 se logró concretar la adquisición de una superficie de 166,74 hectáreas con una inversión de $1.230 millones de pesos, en beneficio de 15 socios, dando respuesta total a la demanda de tierras de la comunidad de acuerdo con lo manifestado mediante acta de asamblea de fecha 27 de julio de 2022.

Es por ello que en una ceremonia se hizo entrega del predio, de la escritura y certificados conservatorios de los terrenos inscritos a favor de la comunidad indígena Victorina Millablanca Mariano.

"Creo que hay que destacar cómo hemos ido avanzando en estos meses de gobierno en materia de restitución territorial", señaló Iván Carilao Ñanco, director nacional (s) de Conadi.

"Esto significa para nosotros un enorme triunfo, porque fue un desafío de muchas idas y venidas", dijo Mónica Lizama, presidenta comunidad Victorina Millablanca.

"Es importante y también emotivo estar hoy día compartiendo con la comunidad que recibió sus escrituras de la compra de tierra, una comunidad que lleva esperando más de 10 años, que inició su proceso en el 2009", puntualizó Mariela Huillipán, seremi de Desarrollo Social y Familia en la Región de La Araucanía.

Ayer se constituyó la Comisión Experta, órgano encargado de redactar el anteproyecto de Constitución que será sometido a la revisión y aprobación del Consejo Constitucional que elegiremos los ciudadanos el próximo 7 de mayo. Como se sabe, la Comisión está integrada por veinticuatro miembros, que dispondrá de tres meses para elaborar dicho documento. Se trata de un plazo relativamente corto, lo que, si bien constituye un desafío complejo, debería verse atenuado por algunos factores que probablemente facilitarán el trabajo de este órgano.

En primer lugar, y a diferencia del proceso anterior, para la redacción de la nueva propuesta no se partirá de una "hoja en blanco", sino que deberá ajustarse a las doce bases institucionales y fundamentales contempladas en el art. 154 de la Constitución. Con ellas se garantiza que el texto deberá reconocer que Chile es una República democrática y un Estado unitario y descentralizado, con tres poderes separados e independientes. Asimismo, deberá incluir una cláusula de estado social y democrático de derecho, y el mandato de que la dignidad humana y los derechos humanos son límite a la soberanía. También tendrá que incluirse el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos y culturas de los pueblos originarios, que son parte de la nación chilena, que es una e indivisible. Finalmente, la propuesta de nueva Constitución deberá incorporar la protección y garantía de derechos y libertades como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior del niño, la libertad de enseñanza, el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, y el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

En segundo lugar, debe tenerse presente que la Comisión Experta es un órgano técnico, no político, cuyos miembros son personas con experiencia en el ámbito académico o público. Por eso se espera que su trabajo se desarrolle conforme a parámetros acordes a la naturaleza de este órgano, es decir, técnicos. En este sentido, es de esperar que los comisionados tomarán en especial consideración las mejores experiencias constitucionales comparadas y, desde luego, nuestra propia tradición constitucional, en la que es posible identificar con meridiana claridad un conjunto de principios generales del Derecho Constitucional chileno, que abarcan temáticas como las formas de gobierno y de Estado, el sistema de separación de poderes, y los derechos y libertades y su garantía.

En tercer lugar, el trabajo de la Comisión debiera verse también facilitado por el hecho de que, si bien los chilenos quieren una nueva Constitución, el plebiscito de septiembre de 2022 demostró que no se trata de un deseo que queramos concretar a cualquier precio. Las causas del rechazo al texto plebiscitado son variadas, pero todas ellas parecieran tener un mismo origen: el populismo, las visiones ideológicas extremas y un marcado alejamiento del sentido común, que se tradujeron en un proyecto maximalista y partisano. De alguna manera esto constituye una pauta de lo que la Comisión no debe hacer.

Por lo anterior, pareciera que el auténtico desafío para la Comisión es lograr amalgamar los principios y bases fundamentales del art. 154 de la Constitución con la tradición constitucional chilena, y a partir de estos elementos dar respuesta al anhelo ciudadano de una nueva Carta Fundamental, que se haga cargo de problemas que requieren de soluciones acordes a los tiempos. La estabilidad democrática, la descentralización, el fortalecimiento de algunos derechos y libertades (vida, libertad de enseñanza, derecho a elegir el sistema de seguridad social, la propiedad sobre los fondos previsionales), el estado social, la protección medioambiental y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, son temas que deberán ser tratados y plasmados en el documento que redactará la Comisión. Es lo que espera la mayoría de los ciudadanos, y por eso su adecuada incorporación al anteproyecto será clave para el éxito de este nuevo proceso constituyente.

*Profesor de Derecho Constitucional e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes