En el inicio de marzo se cumplen tres años desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en el país, lo que provocó un intenso despliegue público-privado para enfrentar una de las emergencias sanitarias más grandes. Aunque los primeros esfuerzos estuvieron centrados en evitar un contagio masivo, con el paso del tiempo la prioridad pasó a evitar muertes, gracias al programa de vacunación.

El coronavirus se propagó por el mundo a partir de febrero de 2020, y desde entonces ha habido más de 755 millones de casos de contagios y más de 6,8 millones de muertes en el orbe, si bien la Organización Mundial de la Salud ha pedido valorar con cautela estos datos porque puede haber retrasos en las notificaciones. En Chile, desde que se inició la pandemia, se han registrado 5,1 millones de contagiados, mientras el número total de fallecidos asciende a 64.197.

El mundo pasó de tener grandes interrogantes respecto a esta enfermedad desconocida hasta entonces, a adquirir experiencia, desarrollar la ciencia y la investigación hasta encontrar un mecanismo de inmunización. Durante este período se ha investigado y se han producido vacunas para el virus inicial y para las variantes que aparecieron posteriormente, que permiten tener ahora mayores certezas.

Chile se convirtió en uno de los líderes del proceso de inoculación a su población, y aunque la emergencia sanitaria no está cerrada, se ha retornado a la "normalidad".

Hace unos días el Ministerio de Salud ha dado a conocer que este mes de marzo reforzará las campañas de vacunación de dosis bivalente contra la influenza y el covid 19, para prevenir su acelerada diseminación durante el invierno. La estrategia consiste en ampliar las oportunidades para que las personas concurran a los vacunatorios y fortalecer las campañas comunicacionales.

Éste ha sido un período de grandes cambios en la sociedad, donde nuestro comportamiento habitual obligó a incorporar una serie de acciones preventivas que han ido evolucionando a medida que este virus también lo ha hecho, pero la pandemia aún no ha terminado.

"Plan para erradicar las carpas y rucos" titulaba un medio sobre la iniciativa del gobierno para recuperar los espacios públicos del eje Alameda-Providencia. Lamentable, porque lo que debemos erradicar es la extrema pobreza y exclusión de nuestra sociedad.

"Recuperar el espacio público" es un eufemismo para aludir a la eliminación de las personas en situación de calle que se han instalado en el sector.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ha señalado que las personas "erradicadas" serán trasladadas a albergues y residencias y se les brindará una respuesta integral. Como Hogar de Cristo estamos de acuerdo con prestar ayuda a las personas, pero la situación de quienes viven en carpas o rucos no se resuelve con albergues ni con iniciativas asistenciales, que ha sido la respuesta del Estado siempre. Esos son simplemente "parches" para un problema complejo que muchas veces invisibilizamos, porque nos parece inabordable.

La real solución al problema de las personas en situación de calle -y la evidencia internacional lo afirma- pasa por contar en primer lugar con una vivienda y, luego, con acompañamientos psicosociales e incluso con apoyo terapéutico.

Vivir en situación de calle es, sin duda, una de las mayores expresiones de vulneración de derechos humanos, ya que se trata de personas privadas de hogar, techo, red de apoyo, salud, trabajo, educación, alimentación, abrigo, higiene… El dolor, la vulnerabilidad, el miedo, la discriminación, la violencia e incluso la muerte, son parte del día a día.

Es posible superar la situación de calle, pero para ello se requiere de una voluntad política y social decidida que no vemos. Un indicio de esto es que no contamos siquiera con un catastro actualizado de cuántas personas están viviendo en la calle, lo que es básico ya que las soluciones son diversas para un grupo heterogéneo, donde conviven hombres y mujeres solos, niños, familias, migrantes, adultos mayores, jóvenes. El Registro Social de Hogares señala que hay unas 20 mil personas en todo el país; nosotros estimamos más de 30 mil.

Para abordar seriamente el tema, el Estado debe integrar sus servicios y actuar de manera coordinada, lo que la mayoría de las veces no ocurre. Esto no es solo tarea del Ministerio de Desarrollo Social, también involucra a los ministerios de Vivienda, Salud, Educación, Trabajo, Interior y Exterior. En cada territorio, los municipios deberían ser claves en privilegiar en sus servicios a la población más excluida y deberían tener las herramientas para proyectar soluciones habitacionales integradas a escala y trabajar con organizaciones del tercer sector en una estrategia de superación, para que un tiempo ojalá próximo nadie más duerma en la calle o al menos se disminuya de manera considerable esta vergonzosa situación. Y para ello no es el asistencialismo añejo el que nos ayudará, sino políticas basadas en estándares mínimos de derechos humanos y de reconocimiento de la dignidad de todo ser humano.

Andrés Millar,

director de inclusión social

Hogar de Cristo