Un balance desolador dejó la información entregada por el Gobierno y que revela que el daño causado por los incendios forestales que asolaron la zona centro sur del país durante el mes de febrero. Según el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, se consumieron 440.976 hectáreas durante la actual temporada, principalmente en las regiones de Ñuble, La Araucanía y Biobío.

De esta forma, la emergencia vivida con mayor intensidad durante el mes pasado se convierte en la catástrofe más grande su tipo, considerando que los extensos siniestros ocurridos durante el verano de 2017 en la zona llegaron a afectar 125 mil hectáreas, una cifra altísima, pero claramente menor a la que se entregó este año.

Debido al avance del fuego fallecieron 26 personas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se ha explicado que una de las mayores dificultades de la emergencia ha sido, justamente, contabilizar la dimensión real de los daños, debido al carácter rural de las zonas afectadas, lo que ha dificultado la llegada a todos los sectores.

Sin embargo, el tema de fondo continúa siendo la instalación de viviendas de emergencia, que pese a las medidas anunciadas en cuanto a aumentar los proveedores y comprometer la construcción de viviendas, no será posible concluir en su totalidad antes de mayo, según lo han señalado las propias autoridades. De ahí en adelante, se ha informado que la reconstrucción definitiva no se alcanzará en menos de dos años.

Por otra parte, el Gobierno trabaja con varios gremios con el fin de diseñar la futura labor legislativa, así como también compartir las lecciones obtenidas de la emergencia y evaluar la intencionalidad de algunos de los siniestros, que ha sido el tema recurrente de distintos representantes en los últimos días.

En cuanto a la reconstrucción, se planteó una lista de 15 propuestas que presentaron al Gobierno, con el fin de que el proceso de aborde de forma integral. Uno de ellos es el ordenamiento territorial y el manejo de las condiciones del suelo, además de hacerse cargo de la emergencia social general, una urgencia en que concuerdan todos los sectores involucrados.

Se cumple el primer año del gobierno del Presidente Boric. Un período marcado por altas expectativas de la ciudadanía que no se han cumplido. La razón de esto es evidente: si bien para todos los gobiernos es complicado el primer año de instalación, para la actual administración ha sido particularmente difícil, tanto por errores no forzados, como por la falta de experiencia de la mayoría del elenco que asumió funciones de Estado.

Esa inexperiencia quedó demostrada cuatro días después de asumir, en uno de los primeros hitos que intentó marcar el Ejecutivo con la fallida visita a Temucuicui de la recién estrenada ministra del Interior, Izkia Siches, lugar al que no pudo ingresar y fue expulsada a balazos, en un hecho que empañó el inicio del gobierno.

Ese episodio fue tan significativo que el Presidente Boric se demoró 7 meses en visitar La Araucanía tras lo ocurrido, siendo que el terrorismo y crimen organizado que afecta a la Macrozona Sur es uno de los problemas más graves que enfrenta el país.

Pero su visita implicó un giro en esta materia, ya que por primera vez el Mandatario reconoció que la violencia que se registra en esta parte del país son "actos terroristas". Además, no es menor que La Moneda haya cambiado de opinión y accediera a mantener el Estado de Excepción en la Macrozona Sur, y también que en este período se haya logrado la detención del cabecilla de la CAM, su hijo, y otros miembros de las orgánicas radicales.

Con todo, en el balance de este primer año, el gobierno, como administrador del Estado, se mantiene en deuda con La Araucanía, ya que los ataques terroristas a personas y bienes no se detienen (de hecho, se han formado nuevas orgánicas radicales) y porque el problema de fondo no son sólo las tierras, como lo sigue asumiendo el gobierno, sino que es más profundo, y tiene que ver con el crimen organizado vinculado al narcotráfico, usurpaciones, robo de madera y animales, destrucción de predios y cosechas, y este verano, incendios intencionales que provocaron un enorme daño.

Si el gobierno no cambia el enfoque con el que busca hacerse cargo del problema, no se logrará avanzar en soluciones efectivas. Para eso es primordial que exista una estrategia para enfrentar con fuerza el terrorismo y el crimen organizado y se le dé prioridad a los proyectos de ley en materia de seguridad que siguen entrampados en el Congreso, como la modernización de la Ley Antiterrorista, la propuesta para perfeccionar el actual sistema de inteligencia, la iniciativa para sancionar con cárcel las usurpaciones y aumentar las penas por la quema de iglesias y escuelas, algunas de las cuales he impulsado.

Se acabó el momento de la instalación y este segundo año debe ser el de la realización y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con una región muy golpeada y abandonada por el Estado.

Carmen Gloria Aravena,

senadora por La Araucanía