Es indiscutible el aumento y masivo uso y abuso de las redes sociales, que han pasado a ser parte de los hábitos diarios de nuestros jóvenes. Por una parte, el buen uso de esta herramienta ha permitido un acceso democrático, rápido y económico a todo tipo de información, pero, por otro lado, con la misma facilidad, abusadores y acosadores han descubierto una nueva forma de cometer sus ilícitos, dañando a otros desde una plataforma que les permite potenciar sus efectos y esconderse en el anonimato.

Tanto daño se ha producido desde estas herramientas tecnológicas que, desde el año 2019, se consideró necesario destinar cada 14 de marzo a promover su uso responsable entre los jóvenes y así mantener una sana convivencia escolar.

Según plantea la abogada Carmen Gloria Arroyo, socia de grupodefensa.cl, una breve revisión de las cifras parece fundamento más que suficiente para preocuparnos del tema. El maltrato en la comunidad escolar se mantiene constante: el 2018 se registraron 1.192 denuncias; el 2019 un total de 1.166 y el 2022 se alcanzaron 1.890. Además, debemos considerar que, en nuestro país, el suicidio es la segunda causa de muerte juvenil (registrando cerca de 100 intentos semanales) y, según los expertos, el acoso escolar multiplica por once veces esas ideas suicidas.

Esa aparente sensación de impunidad, que pareciera otorgarles la tecnología, puede derrumbarse rápidamente al revisar la ley 20.536 sobre violencia escolar, la que define el acoso escolar como: "Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o tener fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (art. 16B)".

Hoy, Día Nacional Contra el Ciberacoso, recordemos que estas conductas no tienen que permanecer en la impunidad. No seamos cómplices del daño irreparable que se le puede estar provocando a un niño, niña o adolescente.

Nunca enfrentamos la dolorosa pérdida de tantos compatriotas a causa de incendios forestales, como en los recientemente ocurridos en el centro sur del país. Ni siquiera cuando entre el 1 de enero y 10 de febrero de 2017, feroces siniestros quemaran más de 520 mil, y el más grande conocido hasta hoy, denominado Las Máquinas, devastase en El Maule casi 160.000 hectáreas por sí solo.

Nunca, pese a que el país tiene un promedio cercano a los 7.000 incendios en el último quinquenio, con una superficie afectada superior a las 160.000 por año para igual período y a que más del 60% de ellos ocurre en zonas de interfaz urbano rural, donde conviven actividades humanas con distintos tipos de vegetación, y en las que habita el 80% de la población nacional. Por eso, esta tragedia debe ser un punto inflexión.

Chile tiene un déficit preventivo crónico en varios ámbitos de su quehacer: se observa en materia de delincuencia, salud, accidentes de tránsito y hogar, convivencia escolar y, como no, también en incendios forestales. Sólo podemos abordar estas brechas con innovación, colaboración y acción local. Estado, empresas y sociedad civil debemos acometer con sentido de urgencia, el desafío de mitigar y adaptarnos al cambio climático, para transitar a territorios y sociedades cada día más resilientes.

Describo aquí al menos cuatro simples medidas colaborativas que pueden movilizarnos desde hoy:

1.- Apoyar a los municipios a implementar modelos preventivos locales de demostrada efectividad. El trabajo de la Red de Prevención Comunitaria desplegada desde 2017 por Corma, en casi 400 localidades de 80 comunas del centro sur, es un modelo adaptable y escalable en el corto plazo, implicando a todos los actores concernidos en la reducción de riesgos de desastres a nivel comunal.

2.- Utilizar la rica estadística nacional que gestiona Conaf, para generar inteligencia digital que facilite el análisis de causas de los incendios, dando fundamento técnico a planes de interfaz de mayor riesgo, cuyos resultados puedan ser monitoreados de manera permanente.

3.- Potenciar a través de Injuv y establecimientos de educación secundario y superior, un voluntariado nacional a nivel de interfaz urbano rural, para colaborar en limpieza de entornos y viviendas. Esta variable, la gestión del combustible, parece ser la de mayor posibilidad de control a nivel local y requiere recursos para su adecuado manejo y gestión.

4.- Formar en prevención de incendios y adaptación al cambio climático, a profesores, líderes sociales, dirigentes gremiales, empresariales y funcionarios de gobiernos locales.

Las empresas forestales chilenas son competidores globales que invierten U$ 100 millones por temporada para prevenir y combatir incendios: saben cuidar su patrimonio. Tras esta crisis, debemos fortalecer el capital social local y comunitario, de manera ágil y masiva, para hacer frente a un futuro que nos depara temporadas de mayor sequía y amenaza. Debemos prevenir más y apagar menos.

Héctor Jorquera

MBA, Consultor de Empresas,

CEO de Interfire