Ya en 2016 se mencionaba en la revista científica internacional Nature, que dos tercios de la población mundial estaban enfrentando escasez hídrica al menos un mes del año, lo que significa, que en ese momento se presenta un desbalance entre la oferta y demanda de agua. Generalmente la escasez hídrica se confunde con el término sequía, el cual meteorológicamente es una comparación entre un año actual de precipitaciones y un año determinado como estándar o normal, y además, puede terminar un año en particular.

El concepto de disponibilidad de agua está aún vigente para la investigación actual y futura. Depende, entre otras cosas, de la cantidad y calidad de aguas. La cantidad de agua en una cuenca se determina por medio de un balance hídrico, que, si bien no es complejo de entender, su aplicación a nivel de cuenca o nivel país es un desafío. Uno de los mayores problemas para su aplicación es el desconocimiento de la cantidad de agua en los acuíferos y sus recargas, y de los parámetros hidráulicos de suelo, especialmente en condiciones de montaña. Resolver estos problemas es un gran desafío para la presente década.

¿De qué sirve tener agua si está contaminada para un determinado uso? Según Carlos Faúndez, académico de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Las Américas, las principales fuentes de contaminación de este recurso natural son la agricultura intensiva, producción industrial, minería y aguas servidas urbanas. La agricultura intensiva descarga gran cantidad de agroquímicos para incrementar rendimiento, siendo los pesticidas una parte importante de ellos. En Chile aún no es clara la legislación que controla la concentración umbral de pesticidas en napas freáticas para distintas funciones.

Por lo tanto, hoy, en el Día Mundial del Agua, se debe realzar la importancia de potenciar estudios para resolver el balance hídrico a nivel de cuenca y para determinar posibles fuentes de contaminación de napas freáticas o causes superficiales. A su vez, se debe avanzar en leyes que regulen la concentración de agroquímicos en napas subterráneas y causes superficiales para así asegurar la disponibilidad de este recurso para generaciones actuales y futuras.

La Constitución o Carta Magna, es un instrumento creado para proteger a los ciudadanos de los actos del Estado que pudieren causarle perjuicios y dejarlos en condiciones de vulnerabilidad y no, como erróneamente piensan algunos, para que el Estado pueda controlar mejor a los ciudadanos.

Poniendo a la Constitución en su verdadero contexto, es importante considerar qué es lo que queremos y necesitamos como chilenos que sea plasmado en el nuevo texto. Como candidata a consejera constitucional y anhelando formar parte de ese grupo de ciudadanos que tendrán la inmensa dicha y responsabilidad de participar en un momento tan importante en la historia de nuestro país, he reflexionado en distintas materias que estimo deben será abordadas y plasmadas en el nuevo texto que nos regirá, en caso de así aprobarlo el pueblo de Chile, por 40 o 50 años más, respecto de algunas de las cuales quiero ir ilustrando a la ciudadanía.

El Estado y sus funcionarios tienen el deber de usar eficientemente los recursos. En efecto, todo el dinero que tiene el Estado se le ha retirado forzosamente a otros, de ahí el nombre impuestos (voluntades). De esta forma, los funcionarios públicos deben ser extremadamente responsables, cuidando de no dilapidar los recursos del Estado, con un actuar irresponsable y desprolijo, debiendo, en caso de corroborarse un actuar irresponsable y doloso, responder con su patrimonio personal, de la misma forma que lo hacen los directores de empresas. Ejemplo de lo anterior son las huelgas ilegales que tanto daño le hacen a los ciudadanos de nuestro país, las cuales, lamentablemente han sido la única herramienta que efectivamente ejerce presión respecto del gobierno, creándose un verdadero círculo vicioso, al cual debe ponerse término con alguna herramienta que proteja a los funcionarios públicos responsables. Y lo digo yo que soy funcionaria pública por más de tres décadas.

Derecho de propiedad, de forma tal que expropiación procede sólo por causa justificada, pagándose al contado el valor de mercado y daño patrimonial efectivamente causado. El derecho de propiedad debe garantizarse y reforzarse, de forma tal que nadie puede ser privado de su propiedad sin causa justificada, avalada por sentencia de un tribunal de la República.

Derecho a la vivienda, debiendo el Estado generar las condiciones necesarias, incluyendo la estabilidad, fortaleza y profundidad de los mercados de capitales, para que todos los chilenos puedan acceder a la vivienda propia. Dentro de los parámetros de la responsabilidad fiscal y del respeto de la propiedad privada, se otorgarán subsidios y beneficios orientados a que más chilenos puedan cumplir con su sueño de la casa propia. En Chile un 65% de los chilenos posee una vivienda propia, lo que ya es un porcentaje alto si se compra con otros países, porcentaje que debe seguir aumentándose.

La anhelada descentralización, lo que implica una forma de organizar la administración del Estado en un proceso de transferencia de competencias y recursos, desde el gobierno central a las administraciones locales, entregándoles autonomía en la toma de decisiones. Es deber del Estado velar porque Chile sea un Estado descentralizado, instando a que la descentralización consagrada constitucionalmente sea la verdadera fórmula de administración.

Algunas de estas materias ya forman parte de los bordes dentro de los cuales debe trabajar el Comité de Expertos.

Solange Carmine Rojas,

abogada y candidata a

consejera constitucional