En marzo de cada año, los automóviles particulares, motocicletas, furgones, camionetas y carros o remolques para acoplar a vehículos motorizados, entre otros, deben renovar sus respectivos permisos de circulación. En mayo deberán hacerlo los taxis y los buses, y en septiembre los vehículos de carga, como camiones.

Por eso, en marzo los municipios concentran parte de su acción en atender a los automovilistas que deben cumplir este trámite. Si bien se instalan puestos en los lugares de mayor afluencia de público, es probable que la mayoría de los automovilistas realice los trámites por Internet y haga los pagos en línea, lo que se ha visto acentuado en los últimos años, desde que se declaró la pandemia. También es tradicional que muchos automovilistas dejen estas operaciones para el último día, congestionando los lugares de pago.

El plazo para cumplir el trámite vence el 31 de marzo. Pagar la renovación fuera de plazo, implica una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, a la que se le suma el IPC. Si el automovilista es sorprendido circulando sin la autorización, la sanción va de 1,5 a 3 Unidades Tributarias Mensuales (entre 93 mil y 187 mil pesos), teniendo además Carabineros la facultad de requisar el vehículo si éste se encuentra transitando.

Marzo es, sin duda, el mes de mayores gastos para las familias, considerando primero la compra de los uniformes y los útiles escolares, el pago de matrículas, la contratación del servicio de transporte escolar, el inicio de los estudios superiores, etcétera.

Por eso, algunos analistas han cuestionado desde hace años que el pago de los permisos de circulación vehicular y todos los anexos que ello significa, tengan que realizarse en marzo, cuando las familias vienen de regreso de las vacaciones y por lo mismo hay menos recursos para enfrentar estos compromisos. Solamente una minoría de los padres realiza las compras de útiles escolares y uniformes en vacaciones y la mayoría concentra los gastos en marzo, al regresar del descanso. Tal vez sea una de las explicaciones por las cuales una buena parte de los automovilistas dejan el trámite de renovación del permiso para última hora.

Hoy el debate sobre escasez hídrica producto del cambio climático no es ya un desafío en cuanto a la concientización de la población; todos sabemos lo que significa e implica la escasez hídrica. El verdadero reto de cara a la escasez hídrica es la deficiente o nula gestión del poco recurso que nos va quedando, ya que mientras algunos intentan capitalizar esta crisis para potenciar sus propias convicciones e ideas, otros sufren por la falta de agua y por consecuencia, se traduce en un problema de sobrevivencia.

En todo el mundo la gestión del agua es un tema complejo y multifacético, ya que se requiere de la cooperación y compromiso de gobiernos, empresas, academia y lo central, de ciudadanos, con tal de garantizar el uso sostenible y equitativo del agua.

Por un lado, ha habido avances significativos en la gestión del agua en muchos países, como la construcción de infraestructuras para el almacenamiento, tratamiento y distribución del agua potable, implementación de políticas para la conservación del agua y la promoción de prácticas de uso eficiente de la misma.

Pero por otro, todavía hay muchas áreas donde la gestión del agua es inadecuada, con problemas como la contaminación de ríos y napas, la falta de acceso a ella en la ruralidad y la extracción excesiva de fuentes subterráneas. Además, la gestión del agua a menudo se ve afectada por factores políticos, económicos y sociales que pueden dificultar la implementación de soluciones.

En medio de esta crisis, La Araucanía ha sido protagonista de un cambio de paradigma respecto del uso y gestión del agua, una evolución tecnológica en la gestión del recurso si se quiere ver de ese modo. Y esta evolución tecnológica, paradójicamente, no está centralizada en un tomador de decisiones sentado en algún sillón, por ahí, en alguna oficina de algún ministerio. Lo que ha ocurrido es que la política y la academia se han puesto de acuerdo en el sur araucano para lograr algo que ninguna región de Chile ha logrado aún; que es llevar la toma de decisiones respecto a la gestión del agua hacia los propios usuarios en la ruralidad.

Esta fue una apuesta un tanto arriesgada por parte del Gobierno Regional y Consejo Regional de La Araucanía, con resultados inciertos en un comienzo. La materialización de esta apuesta vino de la mano de la Universidad de La Frontera a través del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua, el Centro de Excelencia en Modelación Computacional Científica, y el Instituto del Medio Ambiente, implementando el "Programa de telemetría para el monitoreo de suministro y calidad del agua potable rural".

Implementar y transferir tecnología no fue un problema, pero el lograr que esta tecnología fuera asimilada y sustentada en el tiempo por personas de contexto rural, en La Araucanía profunda, fue todo un desafío. Sin embargo, los resultados mostrados por los primeros Sistemas de APR incorporados al programa, sorprendieron a los investigadores de la Ufro y a los profesionales del Gore; los dirigentes y operadores de estos sistemas se adaptaron rápidamente y comenzaron a encontrar sentido a la información, y en consecuencia, la forma de tomar decisiones respecto de la gestión del agua cambió, no solo en cuanto a la producción, sino que también respecto a la calidad del agua y al uso de los equipos de potabilización instalados en las plantas.

Esta sinergia entre lo político y la academia está logrando llevar esta crisis de sobrevivencia hacia una evolución de resiliencia hídrica y tecnológica, logrando beneficiar al día de hoy a más de 12 mil personas en la ruralidad de La Araucanía.

Dr. Juan Carlos Ortega,

director del Centro de Gestión y Tecnologías del Agua