La inédita primera detención materializada el 21 de marzo en las inmediaciones de una institución financiera en pleno centro de Temuco, por el delito de extorsión contra una agricultora de Lautaro, abrió el debate sobre una situación que afecta desde hace años al sector productivo.
Si bien se han tomado medidas al respecto, esta realidad sigue vigente y con cifras escondidas en las sombras por miedo a represalias. Es por ello que, desde los gremios de la Sofo y la Asociación de Agricultores de Malleco, hoy los dirigentes felicitan la valentía de los recientes denunciantes y hacen un llamado a sus pares a perder el miedo y a denunciar para frenar los delitos de extorsión y amenaza.
A juicio del presidente de la Sofo, Roberto Heise, este es un fenómeno real, aunque difícil de controlar. "Hoy no existen cifras. En ese sentido es complejo y pasa lo mismo con el robo de madera. Aquí el que paga lo hace callado y no informa por miedo. Así funciona la extorsión, con miedo, sin que se sepa y eso lo hace poco perceptible".
Si bien el Plan Cosecha y el reciente Plan de Seguridad Agroalimentaria fueron creados a causa de esta situación y han servido como disuasivos, el asunto no se acaba, comenta Heise, quien recuerda que como gremio siempre han llamado a la denuncia.
"El llamado es a ocupar los elementos legales, a alimentar con pruebas el sistema judicial, porque cuando los delitos son perseguidos la ley funciona".
A juicio del presidente de la Sofo lo que ayudaría a cortar las extorsiones - expresadas en montos millonarios y camionadas de trigo - sería emplear herramientas de inteligencia, que operen las investigaciones de oficio, la denuncia anónima y, tal vez, "la delación compensada".
Hoy, acota, "el ambiente de trabajo es muy difícil de llevar, todo atenta contra la actividad agrícola".
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"El llamado es a ocupar los elementos legales, a alimentar con pruebas el sistema judicial, porque cuando los delitos son perseguidos la ley funciona".
Roberto Heise,, presidente de la Sofo.
