Desde hace bastante tiempo que las encuestas señalan que la delincuencia e inseguridad es el problema que más preocupa a la población. Esto ha sido especialmente grave con los asesinatos y ataques a Carabineros, que han obligado a las autoridades a plantear un endurecimiento de las leyes para castigar a autores de estos deleznables actos.

El tema es inquietante, sobre todo cuando se ven videos que muestran la frialdad con que delincuentes rematan a otras personas, lo que deja una sensación de inseguridad. Se entiende entonces la preocupación que existe entre los habitantes por la extremada violencia de los crímenes. Éstos señalan que la violencia es frecuente en las poblaciones y muchas veces tiene que ver con el consumo y tráfico de drogas.

Hace unos días, la Encuesta Plaza Pública Cadem ha revelado que los temas de seguridad son cada vez más prioritarios para los chilenos. En efecto, el estudio muestra que un 71% de los encuestados cree que la delincuencia, el orden público y el narcotráfico es el área a la que el Gobierno debería dedicarle el mayor esfuerzo este 2023, lo que refleja un alza de 11 puntos en comparación con el sondeo de marzo.

De hecho, la última encuesta de Cadem destaca que el 79% de las personas aprueba la gestión de Carabineros, que es la más alta desde 2015. Las instituciones peor evaluadas son los tribunales de justicia y el Congreso.

Por una parte, se aprecia una mayor violencia en los delitos, y por otra, la participación de menores de edad, que saben que resultarán inimputables o tendrán bajas penas, amparados en leyes que los protegen. Por ello, es fundamental seguir trabajando en la agenda de seguridad, para que se actúe acorde con las nuevas situaciones.

El estudio del Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar (OCCBE) de la Universidad de La Frontera, analizó las cifras de denuncias por convivencia y violencia escolar entre el año 2019 y el año 2022, emanadas de la Superintendencia de Educación. El número de denuncias ingresadas en 2022 relacionadas al ámbito de convivencia escolar llegaron a 12.052 casos, representando el 75% del total de denuncias país y revelando un alza de 37% en relación con 2019. Asimismo, las mayores alzas en los temas del ámbito de convivencia fueron maltrato, entre párvulos y/o estudiantes y de adultos hacia párvulos y estudiantes (62,8%), medidas disciplinarias de suspensión y expulsión (10,4%), discriminación, especialmente por necesidades educativas especiales y permanente (10,2%) y situaciones de connotación sexual entre párvulos y/o estudiantes y de adulto a párvulos y/o estudiantes" (9,4%). Este resultado se observó en todas las regiones del país.

Estos resultados se explican, en parte, por el contexto de pandemia. Lo cierto es que revelan una tendencia al alza de la violencia escolar, tendencia que viene desarrollándose desde las últimas décadas, a pesar de los esfuerzos de la política pública. Y representa un problema de magnitud grave para nuestra sociedad presente y futura. En esta perspectiva, existen dos grandes áreas de estudios para comprender la violencia escolar. La primera, estudios desde una perspectiva sociológica y antropológica que identifican el origen de la violencia escolar en las condiciones estructurales económicas, sociales y culturales de nivel global, por tanto, el origen de la violencia es externo a la escuela. La segunda área, los estudios que explican la violencia escolar a partir de las características individuales de las personas (el carácter, por ejemplo, o los comportamientos no deseados), psicologizando la violencia y responsabilizando al individuo. Sin embargo, actualmente sabemos que estos estudios poseen limitaciones pues la violencia escolar es un constructo multidimensional y multifactorial. Es necesario realizar estudios sistémicos, integrales y sostenidos en el tiempo, con intervenciones en la escuela que involucren a los diferentes integrantes de la comunidad educativa.

Buscar soluciones para frenar la violencia escolar es, por tanto, un esfuerzo sistémico y sostenido que como país debemos asumir. Las políticas en educación para la convivencia escolar debiesen ser sistemáticas, de largo alcance pues implican, además de procesos de diseño y gestión de la convivencia, el desarrollo de competencias socioemocionales en todos los actores de la comunidad educativa. Son los adultos los que primero deben capacitarse y reencantarse con el proceso pedagógico y el compromiso formativo. En esta perspectiva, la evidencia científica es contundente, no hay efectos positivos significativos en la convivencia de una escuela mientras sus grupos directivos no estén altamente capacitados y ejerciendo un liderazgo que movilice y refuerce los compromisos y el esfuerzo constante para frenar la violencia y aumentar el bienestar escolar.

Dra. Mónica Bravo Sanzana,

Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales

Aplicadas Universidad de La Frontera