Una de las principales conquistas políticas de las últimas décadas en materia de derechos indígenas ha sido la inclusión de escaños reservados en las elecciones de convencionales de mayo de 2021. Por primera vez en su historia y dejando atrás una larga historia de marginación de los indígenas en la toma de decisiones, la democracia chilena abrió un inédito espacio de participación política efectiva, es decir, un mecanismo que garantizaba la representación política (escaños) y no solo la participación en el proceso eleccionario (cuotas).
No fue fácil. La discusión fue larga, dificultosa y a ratos exasperante en el Congreso Nacional. Es cierto, el tema de los escaños indígenas no se encontraba incluido en el Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019, pero tampoco lo estaban la paridad y la participación de independientes, dos medidas que tuvieron rápida y transversal aprobación. No sucedió lo mismo con los escaños. El proyecto tuvo más de un año de tramitación legislativa y varias veces estuvo a punto de naufragar hasta lograr el consenso necesario. El resultado, 17 escaños para los 10 pueblos indígenas reconocidos por el Estado, una conquista política inédita en nuestra historia.
Más allá del resultado de aquella Convención (un fracaso político del Apruebo) y de la propia labor de los convencionales indígenas (cuestionados a la luz de los resultados), que el nuevo acuerdo constitucional asegure una nueva representación indígena, esta vez proporcional a los votos que obtengan los candidatos, representa una nueva oportunidad que los pueblos indígenas y en particular los mapuche no podemos desaprovechar.
Hay quienes acusan un "apartheid" político, debido principalmente a que la nueva fórmula bajaría la representación indígena de un 11% a un 4%. Es verdad, pero es el costo político que hemos debido pagar los pueblos indígenas por el fracaso del Apruebo en el plebiscito de salida. Pudo ser peor, es decir, que el nuevo acuerdo ni siquiera contemplara la participación indígena tal como sucedió con los independientes. No fue así y de 17 escaños reservados en 2021 pasaremos a 1 o 2 escaños en 2023, requiriéndose para ello un piso mínimo de 190 mil votos indígenas en la elección del próximo domingo.
Son dos los candidatos de pueblos originarios que compiten en esta modalidad diferenciada de elección, ambos mapuche: el abogado Alihuen Antileo y el profesor intercultural Julio Marileo, ambos de destacada trayectoria tanto en lo profesional como en lo relativo a las luchas de nuestro pueblo. Y si bien el escenario al que se enfrentan, por la apatía existente, no pareciera asomar muy auspicioso, a ambos les asiste el convencimiento que ser parte del nuevo proceso constituyente no es otra cosa que ejercer aquel derecho a la participación política conquistado trabajosamente en 2021. Reconociendo los errores del proceso anterior y también las deficiencias del actual, ambos han subrayado que la voz de los pueblos indígenas no puede autoexcluirse del nuevo pacto constitucional. De allí que su principal llamado en campaña (sí, aquella de los siete segundos en televisión) no sea otro que a invitar a los electores indígenas a votar en la PAPELETA VERDE, única forma de garantizar voz y voto indígena en el futuro Consejo Constitucional.
Desde esta tribuna pública no puedo si no sumarme al pedido de ambos. Si usted pertenece a alguno de los 10 pueblos indígenas reconocidos en Chile, exija el próximo 7 de mayo la papeleta verde. Aunque sea para anular.