El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que el número de personas adultas mayores en nuestro país llegó aproximadamente a 3 millones 439 mil 599, lo que equivale al 19,3% de la población total.

Sin embargo, pese a que la sociedad envejece a paso acelerado, no está preparada para enfrentar las nuevas demandas de este grupo.

La principal crítica que se hace es que no se cuenta con una política pública transversal, intersectorial y de largo plazo. La debilidad del sistema es que cada sector define de manera autónoma los programas que tienen incidencia en este grupo y que la oferta de servicios no se cruza con los intereses de los adultos mayores ni cubre las brechas socioeconómicas en educación y salud, especialmente.

Por otra parte, si bien hay programas sociales que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), la difusión no llega a todos y las personas desconocen que pueden optar a algún subsidio para modificar el entorno si vive con un adulto mayor.

En 1950, la esperanza de vida al nacer era de 54,8 años y hoy en Chile es de 85 años para las mujeres y 80 años para los hombres. Pero una encuesta reciente elaborada por Senama y la Universidad de Chile, reveló que el 62% de los chilenos declara que se prepara poco o nada para la vejez, mientras que un 73% considera que éstos se encuentran marginados de la sociedad. El país envejece a tasas aceleradas, fenómeno que tiene repercusiones de salud, económicas y sociales que exigirán repensar las políticas públicas, porque parece que la sociedad no está preparada para enfrentar este rápido cambio en la pirámide etaria.

Los convenios entre fundaciones privadas y distintas reparticiones del Estado han puesto el foco sobre el grado de fiscalización y transparencia deseables en la ejecución de proyectos que benefician a la ciudadanía. En el actual modelo de Estado subsidiario se hace mucho más difícil cumplir con el estándar que hoy nos exigen las personas, pues las corporaciones de derecho privado no están sujetas a las mismas exigencias a las cuales, por ley, sí lo están distintas instituciones públicas. Una Fundación, por más que no persiga un ánimo de lucro, no contiene, al igual que una Sociedad por Acciones, la obligación legal de rendir cuentas. Si las viviendas sociales fuesen construidas de principio a fin por funcionarios del Estado, cualquier chileno podría fiscalizar sus obras, tal como se hace por medio de "portaltransparencia.cl" con cualquier otra entidad gubernamental. Pero una visión sobre-ideologizada del Estado ha obligado a que servicios públicos sean brindados por entidades privadas, las cuales no están afectas a casi ningún mecanismo de control.

Si bien se ha abierto una caja de Pandora que afecta transversalmente a los sectores de la política nacional, las personas deben estar tranquilas porque, a lo menos esta vez, no habrá un acuerdo transversal de la "clase política" que tape el problema bajo un manto de impunidad. Y es que tanto el gobierno como su coalición, hemos reaccionado de manera tajantemente distinta a los acostumbrados "acuerdos", bajo los cuales se cubrían distintas formas de delito y corrupción, siendo el financiamiento ilegal de la política el más emblemático de estos. Por su parte el gobierno ha creado una comisión transversal de expertos, que en un plazo no superior a 45 días, trabajará en proponer medidas concretas apuntando a la probidad y transparencia de instituciones privadas sin fines de lucro que presten servicios al Estado. Por nuestra parte, parlamentarios del Frente Amplio hemos ingresado un proyecto de ley con el fin de incrementar los estándares de transparencia en cuanto a la organización y financiamiento de las personas jurídicas de derecho privado, el cual esperamos que tenga un eco en parlamentarios de oposición.

En lo concerniente a nuestra región, la presente crisis abre un flanco al gobernador regional, Luciano Rivas, quien deberá responder frente a la justicia por las posibles irregularidades que hayan existido en la asignación de recursos a instituciones privadas.

Tomar el camino fácil para cumplir con la ejecución presupuestaria anual, asignando volúmenes enormes a fundaciones, puede significar un cuestionamiento muy grande por parte de la ciudadanía -que suele tener una exigencia mayor a lo meramente legal- cuando esas instituciones privadas son siempre las mismas y acaparan gran parte del presupuesto regional.

La Constitución Política de la República -ésta y la que venga- nos da a los parlamentarios la facultad de fiscalizar al poder Ejecutivo y los actos de gobierno. Mi llamado en esta coyuntura es a seguir la línea del Presidente Gabriel Boric: "Caiga quien caiga". Si la oposición se resta de este esfuerzo no haremos otra cosa que agravar la crisis política y el descrédito de la ciudadanía hacia el Congreso. Es por esto que interpelo a mis colegas de la oposición, para que entiendan que el país no está para acuerdos por la impunidad y que la lucha contra la corrupción no debiese ser bandera de un solo sector, como lo ha sido hasta el día de hoy.

Ericka Ñanco,

diputada