El abogado de las víctimas, José Francisco Rodríguez, desestimó la solicitud de revocamiento de la cautelar, indicando que la acción es "un trabajo desprolijo" criticando la estrategia legal, pero, sobre todo, "porque busca su libertad, pese al peligro de fuga que reviste", el cual ya quedó acreditado. "Creemos que al no apelar la resolución, Reinao está aceptando los efectos de la prisión preventiva y asume los requisitos de la misma, por otro lado, tampoco se pide audiencia de revisión de prisión preventiva que es lo que corresponde, por lo que estimamos que la corte no accederá a esta petición".

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Santiago, confirmando la demanda de indemnización de perjuicios deducida por Héctor Llaitul en contra del Estado de Chile (había solicitado $200 millones), debiendo el Fisco pagar $12 millones por daño moral.

El demandante demostró que fue detenido el 28 de abril de 1988, junto a una veintena de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, en el marco de una movilización estudiantil en contra de la dictadura militar, detención que fue ejecutada por Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes actuaron con violencia injustificada e ilegal, golpeándolo y maltratándolo e imputándole crímenes falsos relativos a la Ley de Control de Armas e infracción al Código de Justicia Militar, siendo Llaitul recluido en la Cárcel de Quillota, donde lo mantuvieron incomunicado durante 10 días en los que fue sometido a torturas y tratos inhumanos por la CNI.