Las autoridades de Salud han dado a conocer su preocupación por la alta circulación que han tenido este año los virus respiratorios. En el presente período han aparecido más pronto, lo que ha llevado a adelantar los programas de vacunación.

El aumento de virus respiratorios en verano-otoño y la ocupación de centros de salud debido a estas enfermedades no es un problema que sólo esté ocurriendo en Chile, sino también en otras naciones, considerando que algunos tipos de virus llegaron en fechas y épocas distintas a lo que se considera usual, y que los expertos estiman que se debe a la falta de inmunización durante la pandemia del covid 19, de manera que parte de la población no se ha preparado para enfrentarlos.

Por ello, los especialistas han insistido en sus llamados a que la población se vacune y a la vez se ponga al día con los refuerzos de la vacuna covid 19. Si bien hoy se percibe una situación de mayor normalidad y se liberaron medidas preventivas que estuvieron presentes durante la pandemia, como el uso de mascarilla y la mantención de distancia física entre personas, lo cierto es que el virus está presente y se han acentuado los contagios.

Chile cuenta con una robusta red de vigilancia epidemiológica, altos niveles de vacunación de refuerzo, además de un bajo impacto de los contagios en el número de fallecimientos, hospitalizaciones y ocupación de camas críticas. En todo el país hay más de 800 puntos de vacunación y se ha llamado a la comunidad para que acuda a vacunarse y tome ventaja de esta estrategia, antes de que suba más la circulación viral. El plan se mantendrá hasta el 15 mayo o hasta que se cumpla la meta de vacunación del 85% a nivel nacional.

Chile se ha transformado en un escenario complejo para la inversión. Una maraña de permisos sin plazos definidos, la discrecionalidad de las autoridades, exigencias a menudo absurdas o desproporcionadas, altos impuestos tras la reforma tributaria de Bachelet II, delincuencia, terrorismo, falta de respeto al derecho de propiedad y, en ocasiones, una abierta animadversión hacia los empresarios conforman un panorama que ha devenido en una mayor intervención política en la economía, especialmente por iniciativas de sectores o gobiernos de izquierda como el actual. Este panorama ha tenido un efecto devastador en el crecimiento económico, y particularmente en el crecimiento de los salarios y el desarrollo de las familias chilenas.

La situación en materia de tramitaciones es realmente pésima y se requieren cambios profundos al sistema, no mejoras parciales. El proyecto del Gobierno para reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales parece ir en la dirección correcta, pero se queda corto. Por ejemplo, prometer, sin asegurar, que un proyecto que hoy toma 9 años para ser aprobado podría tomar 6 años con la nueva ley no es suficiente. Ningún proyecto de envergadura que tenga un impacto en el empleo y los salarios debería demorar más de 3 años en obtener todas las aprobaciones requeridas. Pasado ese plazo, debería operar la regla del silencio administrativo: si el Estado no se pronuncia dentro del plazo, el proyecto se aprueba.

El proyecto también omite abordar otros temas importantes, como la aplicación, a nuestro juicio excesiva, del Convenio 169. ¿Por qué se requiere consulta indígena para la construcción de una carretera que beneficia a todos los chilenos o para la construcción de una planta de tratamiento de basura, como lo exigió el Consejo de Ministros al rechazar la planta WTE? ¿No somos todos chilenos iguales?

Chile necesita un cambio radical en su enfoque hacia la inversión. Se requieren medidas drásticas para eliminar la burocracia innecesaria, reducir la discrecionalidad de las autoridades, proteger el derecho de propiedad y fomentar un clima de confianza y seguridad jurídica para los inversores. Solo así podremos revertir el deterioro económico del país y construir un futuro mejor para las familias chilenas.

Patricio Santibáñez,

presidente