Chile registra la natalidad más baja en una década, lo que tiene efectos sociales y económicos. Una población envejecida supone la creación de nuevas políticas públicas que vayan en línea con esta realidad que, a su vez, obliga a repensar la forma en que se destinan los recursos disponibles.

Según cifras del Registro Civil, durante el año 2023 sólo se registraron 173.920 nacimientos en todo el país, la cifra más baja de una década, marcando una tendencia que ya se venía dando después de 2014, año en que hubo 251.011 partos. Desde entonces, la cifra no ha hecho más que disminuir, e incluso, algunas unidades de maternidad de clínicas se han cerrado o se han fusionado con otras áreas. En 2021 se registraron 177.306 nacimientos, y pese a que en 2022 se quebró esa caída y fueron 189.336 los alumbramientos, el año pasado vino a confirmar una realidad: Chile envejece a pasos agigantados.

El envejecimiento de la población es una realidad, inversamente proporcional al número de nacimientos. El tema económico es capital al definir el número de hijos. Por ello, el grueso de la clase media estima como ideal el número de uno a dos hijos, cifra manejable en términos de los costos que implicaría su cuidado y especialmente por la inversión requerida en educación, que se ha ido extendiendo. Hemos pasado, en el plazo de una generación, desde una exigencia de educación secundaria hasta una profesional o técnica, lo que implica al menos cinco años de estudios de pregrado. Hay otro fenómeno global: el fuerte ingreso de la mujer al mundo del trabajo, por lo que se ha postergado la familia por la búsqueda de recursos y el necesario crecimiento de ese segmento.

Celebrando el día de la convivencia escolar y ante la expectativa por la actualización de la Política Nacional, es fundamental reflexionar sobre los pilares que sustentan esta importante área educativa, sobre algunas estrategias relevantes que posibilitan analizar cómo vamos avanzando y sobre el poder de la gestión para el fortalecimiento del bienestar educativo.

Efectivamente, la convivencia escolar trasciende la mera coexistencia de individuos en un espacio común. Debe ser observada desde un enfoque formativo que promueva relaciones interpersonales basadas en valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. Esto implica un enfoque estratégico pensado para toda la comunidad en el desarrollo de fortalezas personales y emocionales, esenciales para afrontar los desafíos cotidianos y construir relaciones saludables (especialmente en el contexto de postpandemia en el que nos encontramos). En esta idea, la ciencia ha mostrado que tanto la percepción del clima social escolar y del clima del aula tienen un efecto significativo en los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje y en el bienestar de los estudiantes. Además, estudios revelan que cuando existe un ambiente escolar seguro, respetuoso y colaborativo, los estudiantes se sienten más motivados y comprometidos con su educación, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico y desarrollo personal para el estudiantado y un mejor bienestar para todos los miembros de la comunidad.

De la misma forma, si bien es correcto afirmar que la convivencia escolar es una responsabilidad compartida por todos los actores de la comunidad educativa, son los equipos directivos de cada escuela/liceo los que asumen el liderazgo de transferir las orientaciones de la política pública en esta materia y gestionar la convivencia en su comunidad. En este contexto, una estrategia relevante es la medición sistemática del clima (escolar y aula) y el bienestar escolar en todos los actores de la comunidad. ¿Por qué es importante? Porque nos brinda información valiosa de todos (no solamente de los estudiantes) para tomar decisiones fundamentadas en evidencia científica. Así, no se trata sólo de gestionar, si no que la gestión pueda ser efectiva, evaluando las acciones que se van implementando, comprendiendo en profundidad las dinámicas del entorno escolar, e identificando áreas de mejora y de diseño de intervenciones adecuadas.

Por lo tanto, y ad portas de la actualización de la Política Nacional de Convivencia Escola, sería importante que los equipos directivos de las comunidades educativas pudiesen considerar en sus evaluaciones internas (realizadas por el Día de la Convivencia) preguntas como: ¿qué tanto han avanzado hacia estas metas/país en la materia?, ¿con base a qué insumos están decidiendo y cómo están midiendo el efecto de sus intervenciones? Lo cual contribuye con promover una cultura de la evaluación continua con base a evidencia y la mejora constante. Por cierto, la alianza de colaboración entre una comunidad educativa y la universidad también es considerada una estrategia relevante para acompañar estos procesos (ciencia aplicada).

Dra. Mónica Bravo Sanzana

Observatorio de Ciudadanía, Convivencia y Bienestar Escolar en La Araucanía (OCCBE) Universidad de La Frontera