Después de largos años comienza a ordenarse la casa. Esto porque desde diciembre 2022 y mayo de 2023, respectivamente, nuestro país cuenta con herramientas legales para procurar responder a miles de niños y niñas que han esperado sin novedad para contar con el derecho a una pensión alimenticia.

Primero vino la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y, en seguida, la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, instrumentos que a nivel país han dejado al descubierto la existencia más de 188 mil deudores, de los cuales 7 mil 965 corresponden a la Región de La Araucanía, según cifras compartidas por la cartera ministerial de la Mujer y Equidad de Género; lo que se traduce en una deuda global regional de 2 mil 28 millones de pesos que afectan a más 10 mil niños, niñas y adolescentes (dato a febrero de 2024).

Esta cifra dura y fría no es menor, porque desde la experiencia práctica del derecho se extrae que en los casos más severos esta deuda se traduce en 7 u 8 años de arrastre, y eso en montos por familia afectada puede alcanzar hasta los 10 millones de pesos, lo que se