traduce en apuros económicos, sobreendeudamiento de las madres y padres cuidadores y en daños emocionales considerables. Así lo plantea desde la Clínica Jurídica de la Universidad de la Frontera, la abogada María José Castillo.

VIOLENCIA ECONÓMICA

Las autoridades han sido claras y tajantes al referirse a esta realidad nacional y regional. Hemos avanzado, pero falta mucho camino por recorrer para proporcionar bienestar a las familias afectadas.

Cuando la seremi de la Mujer y Equidad de Género en La Araucanía, Sol Kaechele, entrega las cifras por deuda de pensiones de alimentos calculadas a febrero de 2024, las cuales afectan a 255 mil niños y niñas a nivel país, cataloga la situación como violencia económica hacia las mujeres dado que prácticamente la mayoría de las personas que incurren en este deber social y humano son hombres (97%).

"Esa cantidad de deudores es una situación bastante compleja", expresa entonces. "Lamentablemente, en La Araucanía tenemos una cifra altísima (...), lo que bajo ningún criterio es aceptable. Nos gustaría que la cifra fuera mucho menor y, sobre todo, que en su mayoría no fueran hombres".

Hoy, acotó la seremi, con las nuevas herramientas legales se puede hacer frente a la magnitud de deudas pendientes, prueba de ello es que, con cargo a los fondos de pensiones, al 16 de febrero recién pasado se logró rescatar y pagar 162 mil 731 millones de pesos, a través de 49.604 operaciones realizadas en el país.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, en tanto, refuerza la idea de que esta nueva política viene a resguardar derechos de niños, niñas y madres, "porque (esta deuda) ha afectado históricamente la autonomía económica de miles de jefas de hogar".

OPERACIÓN RENTA

Uno de los efectos más recientes de estas nuevas herramientas legales se ve reflejada en la última Operación Renta llevada adelante por el Servicio de Impuestos Internos (SII); lo que se tradujo y se traducirá en montos concretos que llegarán a los beneficiarios y beneficiarias del sistema.

El seremi de Hacienda de La Araucanía, Ronald Kliebs, afirma que "en los primeros ocho días de la etapa inicial de esta Operación Renta 2024, se retuvieron más de 30 millones de pesos a 269 contribuyentes que aparecían en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Si consideramos que el total en el 2023 fue de 40 millones - acota - es esperable que el monto total supere con holgura a las retenciones del año pasado".

REALIDAD LOCAL

Respecto de la realidad regional, la abogada, diplomada en derecho procesal penal de familia y litigante de la Clínica Jurídica de la Universidad de la Frontera, María José Castillo, cree que, lamentablemente, las cifras de deudores conocidas a la fecha se condicen con la percepción del trabajo en terreno con usuarias y usuarios del sistema.

"Penosamente", precisa la abogada, "la creación del Registro Nacional de Deudores demostró una realidad terrible para las madres y padres cuidadores, que es el no pago de las pensiones de alimentos y donde se habla de deudas millonarias. Tengo usuarios a los que se les debe 10 millones de pesos por este concepto y las pensiones son de 100 mil; lo que da cuenta que durante años no se ha pagado la pensión correspondiente".

En los casos más extremos, explica María José Castillo, se trata de deudas que se arrastran por 7 u 8 años, lo que significa un tremendo perjuicio para esos niños o niñas. "El asunto aquí es que la pensión no es retroactiva. Solamente se torna obligatoria desde que se decreta la sentencia. Eso es muy significativo, porque existen mamás o papás que demandaron cuando el hijo o hija tenía 10 años y la pensión cuenta desde allí".

Para quienes aún desconocen el antes y después de la entrada en vigencia de instrumentos como el registro nacional al que se alude aquí, existe una serie de situaciones a las que se expone un deudor o deudora.

La abogada recuerda que no sólo existe la posibilidad real de retener los fondos por concepto de devolución de impuestos en la Operación Renta; el hecho de figurar en el registro impide a la persona en cuestión sacar o renovar la licencia de conducir, así como solicitar o renovar el pasaporte, a lo cual se suma la imposibilidad de postular a un cargo público.

"Esto se debe a que existen diversas instituciones que pueden acceder al registro. Ahora, gracias a la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, la consecuencia mayor es que hoy se puede iniciar los procedimientos de investigación de las cuentas bancarias o asegurar el pago con los fondos de la AFP. En ambos casos, sólo se puede iniciar el procedimiento si la persona está en el registro de deudores", detalla la abogada.

Al observar la situación desde la otra cara de la moneda y más allá de las frías cifras, las consecuencias del no pago de pensiones pueden ser devastadoras para una familia y, particularmente, para la persona cuidadora.

"Hay consecuencias de años. Las madres o padres cuidadores, por lo general, se tienen que sobreendeudar para suplir las necesidades de sus hijos. Esto trae también consecuencias emocionales ya que los hijos sienten el abandono de los padres que no cumplen con la obligación; sienten que no importan. Entonces, no es sólo una consecuencia económica, sino emocional para la familia, una niña o un niño", precisa María José Castillo.

Pese a la nueva realidad legislativa, resolver esta situación no es un proceso sencillo ni rápido; algunas causas tardan años en resolverse. Así lo explica esta litigante de la Clínica Jurídica de la Ufro.

"Nosotros tenemos causas que asumimos este año y entendemos que pueden tardar dos años más en hallar resultados, porque requiere investigación. Son procedimientos que debemos explicar muy bien a los usuarios. Aquí mucho depende de los servicios públicos. El Registro Civil, por ejemplo, es el que debe incorporar al deudor al registro nacional. Para ello se supone tiene 15 días, pero tenemos casos en los que ha pasado un mes sin novedad. Eso dificulta avanzar. Y las mismas entidades bancarias tardan en hacer el pago efectivo de las retenciones. En muchos casos pueden pasar meses antes que el monto se vea reflejado en la libreta. Eso retrasa mucho más los procesos", comenta.

A la hora de ver el vaso medio lleno y pensar en los cambios de comportamiento que podría traer esta nueva normativa para el país y la Región en los próximos meses o años, María José Castillo plantea que el registro y la promulgación de la ley vinieron a mejorar nuestro sistema.

"Antes no había un sistema real para el pago de pensiones y si bien este instrumento no es perfecto, todo se puede mejorar. Pero - acota - sin duda es un apoyo, porque los padres cuidadores o los mismos niños hoy perciben que tienen una herramienta más para poder gestionar la deuda y ver algún día reflejado ese pago. Tenemos casos excepcionales donde se han podido pagar 6 millones de pesos en deudas, eso cuando el deudor tiene recursos. Con todo esto, hoy comienza a regresar la confianza en las instituciones".