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Velasco dice que lo sacaron de contexto y se mantiene incertidumbre por su cargo

POLÉMICA. Posición del embajador de Chile en España sigue en entredicho luego de que apuntara a la posibilidad de que las empresas de armas hispanas pueden cubrir la demanda nacional ante las malas relaciones con Israel.
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Han pasado varios días desde la última polémica del embajador de Chile en España, Javier Velasco, y se mantiene la duda acerca de su continuidad en el cargo, luego de participar en un seminario de la industria armamentista en Madrid, en el que afirmó que la crisis de relaciones entre nuestro país e Israel era una oportunidad para las empresas hispanas de defensa de ocupar ese espacio de negocios.

Con el regreso a Chile del Presidente Gabriel Boric, se esperaba que quizás hubiera algún pronunciamiento respecto del futuro del diplomático, más aún luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, dijera tras conocerse el episodio que "creo que se ha excedido en sus competencias", pero esperaría su explicación.

Esos descargos fueron conocidos parcialmente ayer, cuando se reveló que el embajador le expuso su versión al diputado Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, partido en el que milita Velasco. "Conversé personalmente con el embajador, he sido testigo en España de un trabajo reconocido transversalmente y no hay ninguna cosa terrible sobre la cual debamos referirnos", dijo el legislador, quien agregó que el diplomático añadió que sus palabras "fueron sacadas de contexto".

Respecto de la toma de decisiones del Mandatario sobre este tema, el ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, descartó en La Tercera que la relación de amistad de Boric con Velasco influya: "En absoluto, porque aquí existen normas respecto de cómo funciona la Cancillería, y el jefe del servicio es el canciller Van Klaveren, y quien conduce la política exterior es el Presidente de la República".

Muestras de apoyo

La situación de Velasco ha sido objeto de una gran polémica. Y ayer la discusión se dividió en dos bloques, pues el embajador recibió el respaldo del oficialismo y críticas de la oposición.

El senador José Miguel Insulza, exministro de Relaciones Exteriores, defendió al diplomático en EmolTV: "Fue a una conferencia sobre armas, no iba a hablar de intercambio de hortalizas o cosas por el estilo, iba a hablar de armas. El embajador no dijo nada que estuviera fuera de sus funciones".

Una visión similar tuvo el diputado Gonzalo Winter (CS), quien en radio Cooperativa afirmó que se ha planteado que Velasco "fue sin autorización del Gobierno a hacer un ofrecimiento de compra de armas al gobierno de España. Nada de eso ha ocurrido. Es una conversación con actores de la industria de las armas, que invitan a esta conversación al embajador de Chile por que Chile tiene contratos con empresas que proveen armas españolas".

El exministro Marcos Barraza (PC) apuntó que se trata de "una controversia altamente innecesaria. La falta que habría cometido el embajador en cuestión es haber hablado de materias que no le competen, pero estaba en un seminario invitado por la industria armamentista de España, por tanto, estaban hablando sobre armamentos y no sobre otro tema".

Cuestionamientos

Ayer sesionó la Comisión de RR.EE. de la Cámara, que acordó solicitar que la Cancillería entregue una copia del informe que pidió el ministro Van Klaveren al embajador. Y además se decidió hacerle presente al Gobierno la preocupación por el desempeño de Velasco.

"Hay una mala evaluación de hechos sucesivos del embajador. Probablemente ninguno por sí solo, en términos futbolísticos, merece la tarjeta roja, pero sí hay acumulación de tarjetas amarillas. Hay una serie de descriterios por su parte", dijo el diputado Alberto Undurraga (DC) para justificar esto último.

Máximo Pavez, vicepresidente de la UDI, arremetió contra Velasco y dijo que lo que hizo "fue invitar a que en sustitución a las inversiones en defensa que tiene Israel en Chile, los españoles puedan invertir en defensa en Chile. Eso es una cosa desubicada desde el punto de vista de forma y de fondo, es muy delicado. Si el embajador no se equivocó y la polémica es artificial, ¿por qué el Presidente ordena que el canciller lo llame al orden?".

Ante casos de influencia indebida, Cordero urge modificar nombramientos de jueces

DENUNCIAS. En los últimos meses se han acusado presiones para favorecer a personas para integrar cortes y fiscalías.
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El ministro de Justicia, Luis Cordero, enfatizó ayer en la necesidad de hacer modificaciones al nombramiento de jueces luego de que se conociera una serie de casos de influencias de diferentes tipos en estos procesos, al igual que aquellos que corresponden a la designación de fiscales.

La última denuncia apunta a mensajes en el teléfono del abogado Luis Hermosilla en que se revelan gestiones de su colega Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en la última nominación de fiscal nacional, que terminó con Ángel Valencia a cargo del Ministerio Público.

De acuerdo con una nota de Ciper, Migueles le ofreció al fiscal Carlos Palma, entonces competidor de Valencia, un doctorado y reemplazar a Xavier Armendáriz en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Esto se suma a las acusaciones contra Hermosilla por influir en nombramientos en el Poder Judicial como el del hoy ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus. También se apuntó al exministro de Defensa, Mario Desbordes, por supuestamente haber estado a favor del ascenso de María Teresa Letelier a la Corte Suprema.

En radio Futuro, el ministro Cordero reconoció que hay una dinámica de intercambio de información y una cultura transaccional que son impropias y deben eliminarse: "No es un sistema de nombramiento del ministro de la Corte Suprema; es un problema en el sistema de nombramiento en general".

"Hay un amplio acuerdo, incluyendo a la Corte Suprema desde el 2015, de que el sistema de nombramiento tiene que ser modificado. El problema estructural que tenemos no está solo en la Suprema, lo que pasa que el de la Suprema tiene bastante escrutinio", detalló Cordero.

Respecto a los casos antes expuestos, aseguró que "comportamientos impropios o aquellos que puedan representar eventuales comisiones de delito que comprometan a funcionarios públicos calificados como dentro las hipótesis generales de corrupción, todas tienen que ser investigadas penalmente".