Cae banda que traía a extranjeras para ejercer el comercio sexual en Temuco
DESDE COLOMBIA. Al menos 32 mujeres trabajaban bajo precarias condiciones en casas arrendadas en Temuco, Osorno y Puerto Montt.
Una denuncia de ocho mujeres de nacionalidad colombiana, que trabajaban en el comercio sexual, abrió en Temuco una investigación contra una banda de ocho personas (en la audiencia de formalización se decretó prohibición de dar a conocer rostros y nombres) que se habían concertado para ingresar bajo engaños a mujeres de entre 18 y 28 años de edad para ejercer la prostitución en diversas ciudades del sur de Chile.
La banda, que operaba en Temuco, Osorno y Puerto Montt, fue desbarata por la Fiscalía Local de Temuco y detectives de la Brigada Investigadora de Trata de Personas Metropolitana (Bitrap) de la PDI, tras una serie de allanamientos simultáneos en tres regiones del país.
El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, informó que en el operativo, realizado en horas de la noche del pasado lunes, fueron rescatadas 10 víctimas, todas mujeres de nacionalidad colombiana, las que permanecían en situación de explotación sexual.
Las mujeres vivían encerradas en habitaciones y eran monitoreadas permanentemente por cámaras de seguridad, en condiciones similares a la esclavitud.
"No una esclavitud como algunos se pueden imaginar con barrotes, privadas de libertad, sino una esclavitud moderna en el sentido de que eran víctimas de coacción. Se aprovechaban de la vulnerabilidad de las mismas", explicó el persecutor.
Vigilancia
El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, precisó además que algunas de las mujeres reclutadas por la banda desconocían que trabajarían en la prostitución.
"Eran captadas dada su situación de vulnerabilidad, se les ofrecía venir a Chile en calidad de turistas y se les pasaba una cierta cantidad de dinero, ingresaban bajo engaño y aquí eran recibidas en el aeropuerto por un miembro de la organización quien al llegar les retenía el pasaporte y el dinero que se les había entregado y luego las distribuía en distintas partes de Chile para el ejercicio y explotación sexual", afirmó Paredes.
En la investigación se logró determinar que las condiciones de vida de las mujeres eran paupérrimas, ya que debían comer, vivir y trabajar en una misma pieza, privadas de comunicaciones, de sus teléfonos y con imposibilidad de comunicarse con sus parientes.
Estructura
La banda era liderada por cuatro sujetos, dos de ellos de nacionalidad colombiana, un barbero y una peluquera, quienes se dedicaban a captar mujeres en la ciudad de Manizales, ubicada en la zona montañosa de Colombia, a 150 kilómetros de la capital, Bogotá.
A su llegada, la pareja también se encargaba de recibir a las mujeres y trasladarlas a ciudades como Temuco, Osorno y Puerto Montt.
Los otros dos líderes de la organización son dos ciudadanos chilenos con residencia en Osorno, quienes actuaban como financistas y recaudadores de los dineros percibidos por el comercio sexual de las ciudadanas colombianas.
El jefe de la Bitrap, comisario Giordano Lanzarini, confirmó que uno de los chilenos detenidos ejerce como profesor y hasta el año pasado era sostenedor de un colegio. "Él era uno de los integrantes de la asociación ilícita, de la red de trata de personas. Era uno de los financistas en este caso", dijo.
Modo de operar
Durante la formalización la Fiscalía reveló que una vez instaladas en Chile, las mujeres eran sometidas a una sesión fotográfica que luego era publicada en el portal sexosur.cl.
Dichas fotografías posteriormente eran utilizadas como una forma de coaccionar a las víctimas, amenazándolas permanentemente con enviarlas a sus amigos y familiares en Colombia.
Otra forma de coacción a las migrantes era fingir "falsas redadas" de la policía, a fin de trasladarlas a otras ciudades, manteniéndolas de esta forma incomunicadas, controladas y atemorizadas.
Así, cuando ya eran asignadas a los diferentes inmuebles, permanecían bajo la vigilancia, supervisión y control de los imputados, donde además de cobrarles lo supuestamente adeudado por el costo de su traslado desde Colombia, debían entregar en forma permanente alrededor del 50% de lo obtenido a través de su trabajo como prostitutas, suma que debían entregar semanalmente a los líderes.
Tras ser detenidos, los sujetos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco (ver recuadro).
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"Al llegar se les retenía su pasaporte y el dinero entregado. Luego se les distribuía en distintas ciudades para ejercer el comercio sexual".
Cristián Paredes,, fiscal regional.
Prisión preventiva
Los ocho imputados, dos de ellos de nacionalidad colombiana, fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, promover el ingreso de personas para ejercer el comercio sexual, y trata de personas mediante engaño y coacción para que sean objeto de explotación sexual. El Juzgado de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los ocho sujetos por considerar que su libertad atentaba contra la seguridad de la sociedad, de las víctimas y de la propia investigación.