El día 7 de enero de 2020, el Senado rechazó por 24 votos a favor y 12 en contra (se requerían 2/3), la idea de legislar del proyecto de reforma constitucional sobre dominio y uso de las aguas, que pretendía elevarlo a tal nivel normativo. Al respecto, cabe recordar que el proyecto de reforma se encontraba refundido a partir de nueve boletines que fueron presentados desde el año 2007.

La motivación principal de estas iniciativas es consagrar en la Constitución Política el agua como un bien nacional de uso público. Quienes se opusieron al proyecto encuentran fácil argumento en la propia Carta Fundamental, la que en su artículo 19 n° 23 y n° 24 inciso final, le otorgan implícitamente tal carácter. Por su parte, agregan, tanto el Código Civil (art. 595) y el Código de Aguas (art. 5) le otorgan al agua la calidad de bien nacional de uso público. Dicho lo anterior, ¿cómo es posible entender una discusión que se ha extendido por más de una década?

Para nadie es novedad la crisis hídrica que vive Chile (y el mundo en general), la que en 2019 obligó a que el Gobierno decrete como zona de emergencia a cuatros grandes regiones del país, siendo testigos de la muerte de muchos animales, y del impacto económico en el pequeño agricultor de la zona central. Frente a este grave problema ¿por qué insistir en la instalación constitucional del agua sin un efecto práctico y lógico?

Es aquí donde la creatividad de nuestros legisladores se ve cuestionada. Una simple revisión del sistema interamericano de DD.HH permite constatar que las propuestas de reformas constitucionales no visibilizan el contexto internacional y, menos aún, lo resuelto por nuestros Tribunales Superiores de Justicia, a través del recurso de protección. Es así como, por ejemplo, el protocolo de la Convención Americana de DDHH, en su artículo 11 dispone: "Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente".

Por su parte, nuestros Tribunales de Justicia y en especial la Corte Suprema, han entendido que las acciones u omisiones vulneratorias de derechos humanos asociados al agua, pueden resolverse mediante otros derechos fundamentales, tales como: el derecho a la vida, salud y, de manera explícita, sobre la base del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Lo mismo ha ocurrido en territorio español, el que ni siquiera contempla al medio ambiente como derecho fundamental (art. 45 CPE), resolviendo sus Tribunales que el "domicilio en paz" sí lo es y por tanto cualquier perturbación asociada a él, debe ser reparada.

La discusión planteada durante más de una década se ha concentrado en calificar al agua como un derecho fundamental, sin ningún efecto práctico y lógico, sostenido en un discurso más efectista que real. Una solución a este problema pasaría por reformar el artículo 19 n°8 de nuestra Constitución, de manera de hacerlo más explícito, asegurando el acceso al agua potable como un servicio público básico para todas y todos quienes habitan este país, tal como se ha establecido a nivel internacional.

Juan Carlos Cisternas Friz, abogado Universidad Autónoma de Chile

Hace 40 años | 18 de enero 1980

Hay 33 mil 500 alcohólicos en la Novena Región

Un total aproximado de 33 mil 500 alcohólicos hay en La Araucanía. Hay que agregar que el 60% de la población mayor de 15 años corresponde al tipo de bebedores moderados y el 15% a los bebedores excesivos. Los antecedentes fueron proporcionados por el Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional.

Hace 10 años | 18 de enero 2010

57,51% de los votos logró Piñera en La Araucanía

El Presidente electo Sebastián Piñera obtuvo un 57,51% de las preferencias en La Araucanía, superando ampliamente el 42,48% de adhesión que obtuvo el abanderado de la Concertación, Eduardo Frei. El porcentaje de Piñera se basa en los 236 mil 503 votantes que prefirieron su opción contra los 174 mil 708 electores que marcaron por Frei.

Hace 1 año | 18 de enero 2019

Envenenamiento de perros: penas podrían llegar a 3 años

La fiscal adjunta de Temuco, Claudia Turra, dijo que trabajan en conjunto con la Brigada Medioambiental de Valdivia de la PDI e informó que los responsables arriesgan penas que van desde los 541 días a 3 años de cárcel. Dentro de un radio de 100 metros se han encontrado los cebos y se mantiene la cantidad de 13 animales muertos.

El valor de los remedios es uno de los problemas más complejos para los enfermos crónicos y la tercera edad, en específico, y para la población, en general. A pesar de los cuestionamientos recurrentes, aun no logramos revertir tal realidad.

Y hay razones. La Fiscalía Nacional Económica (FNE), detectó que 80% de los medicamentos inscritos en Chile aún no tiene alternativas bioequivalentes y que los laboratorios realizan inversiones superiores a US$200 millones al año para promover sus marcas entre los médicos, los que terminan recetando esos productos y no las alternativas más baratas.

Efectivamente el 90% de los remedios vendidos en el país es de marca, los que en su grueso son transados en las mismas tres cadenas de farmacias que compran hasta un 70% más caros los mismos medicamentos que el Estado. De allí que las denominadas "farmacias populares" ofrezcan valores mucho más bajos.

A inicios de año, el Ministerio de Salud dispuso la plataforma del Observatorio Internacional de precios de medicamentos, herramienta que recolecta los valores a los que venden los laboratorios en otros países y comparándolos con el sistema chileno. Así se comprobó que los laboratorios venden los fármacos a Chile a precios hasta 24 veces más caros que a otros países de América Latina.

Es evidente que el asunto debe ser abordado firmemente por el Estado, porque el mercado no puede regularlo ni corregirlo. Su control permitirá una mejor competencia en el sector.

En ese plano, la propuesta de la FNE de 14 recomendaciones para avanzar en un mercado más competitivo es muy valorable, ya que introduce más medicamentos bioequivalentes en el mercado; obligará a los médicos a recetar medicamentos sin marcas; a las farmacias a dispensar los medicamentos más baratos y que el Estado compre medicamentos de forma más transparente, eficiente y efectiva.

Es inevitable pensar que este mercado exige un mejor control para beneficio de los habitantes.