Hace unos días denunciamos la situación de robos, amenazas y extorsiones que están viviendo muchos agricultores de La Araucanía en pleno desarrollo de sus cosechas.
Estos delitos están ocurriendo desde hace años en las zonas rurales, primero comenzaron en el rubro forestal para luego extenderse al sector agrícola, afectando nuestra seguridad como ciudadanos, la de nuestros trabajadores, prestadores de servicios y por consiguiente, a toda la cadena productiva.
En la amplitud del campo no hay testigos, no hay cámaras, no hay pruebas, solo la palabra del afectado. Debe ser de los delitos más difíciles de denunciar y perseguir, pues ocurre en un entorno de miedo. Estos ilícitos son cometidos por grupos de delincuentes que se amparan en una causa indígena y actúan en la más completa impunidad.
En muchas ocasiones, hay que ceder a las extorsiones para poder seguir trabajando, para dar seguridad a los trabajadores y a los contratistas, para terminar "tranquilamente" las cosechas y no poner en riesgo nuestras vidas y la de nuestros colaboradores. Es decir, los agricultores debemos "pagar" por nuestra protección, ya que el Estado no actúa ni menos nos garantiza las condiciones y derechos esenciales que se necesitan para vivir y trabajar.
Lo más grave de todo es que este delito se está transformando en una práctica común y asumida, ya que por miedo a represalias muchas víctimas no hacen denuncias y antes de recurrir a la justicia, prefieren aceptar el pago que se les exige. Dada esta situación, es gravitante que los afectados den a conocer a las autoridades y a sus gremios pertinentes la ocurrencia de estos hechos.
Para muchos, lo que ocurre en La Araucanía pareciera ser como una película del lejano Oeste y que no afecta al resto de Chile porque ocurre en el campo, a cientos de kilómetros de la capital. Sin embargo, cuando hay ciudadanos que sienten que es mejor dejarse extorsionar que acudir a las autoridades, es porque el Estado en su conjunto está fallando, lo cual es un problema que no se limita a los sectores rurales, sino que afecta a todo un país.
Es urgente que el Gobierno, las policías y el sistema judicial investiguen a fondo estos hechos y que los parlamentarios aprueben leyes que endurezcan las penas para estos delitos, porque no es justo que ciudadanos de este país tengamos que vivir y trabajar abandonados a nuestra propia suerte, mientras grupos de delincuentes actúan a su antojo, por sobre la ley.
Roberto Heise Möller
presidente Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco A.G.
