Rol de los estudiantes
La universidad fue concebida con el fin de dotarnos de diferentes valores, como el pensamiento crítico y el diálogo racional. Y es ahí donde con los años que llevo en la universidad veo un problema, nos están enseñando a ser eficientes y no racionales, cuando la educación es mucho más que la eficiencia que tendremos al ejercer como profesionales. Es hora que reaccionemos y empecemos a ejercer estos valores que se han perdido debido a varios factores, como la mercantilización de la educación o por el simple desinterés de las autoridades, y los hagamos valer por lo menos frente a nuestros pares.
A partir de esto es necesario que asumamos nuestra responsabilidad como partícipes de esta institución y por ejemplo comencemos a llenar de contenido todos estos lemas que por tanto tiempo hemos vociferado con tanto fervor y así aportar al debate público. Y si alguien piensa que esto se lleva a cabo por la política universitaria, lamentablemente somos una minoría las personas que alguna vez hemos participado y en mis experiencias nunca ha reinado la racionalidad, siempre domina la coacción y la ideología; y no es que esté en contra de tener un ideal y que no debamos transar en algunos aspectos, pero no es motivo para imposibilitar el debate.
Benjamín Villa Curihual, estudiante Ufro
Políticas educativas
La llegada del ministro Figueroa y su señalada capacidad de saber escuchar, se ha debilitado al conocerse que el Gobierno ha vuelto a reponer con suma urgencia el Proyecto de Ley de Equidad en la educación parvularia, que busca crear una subvención para niveles medios (2 a 4 años).
El año pasado cuando se tramitaba este proyecto, surgieron críticas por parte de académicos, instituciones del sector y asociaciones gremiales, entre otros. La particularidad es que todos consensuaron valorar el aumento de recursos, estando las objeciones en no ser suficiente y que el financiamiento en una lógica de voucher, conlleva una serie de problemas.
El proyecto que hoy vuelve a ingresar, continúa en la misma línea y se fundamenta en que es un paso fundamental para mejorar la calidad y cobertura del nivel al recibirse $87.000 más aproximadamente por niño, para completar $217.000 mensuales. Con ello, las comunidades educativas de los jardines VTF podrían contratar profesionales de apoyo, contar con más materiales educativos, acceder a capacitación permanente, y disponer de programas educativos, acaso ¿no los tienen?
El costo/niño en jardines de administración directa de Junji está cercano a los $300.000 y no depende de la asistencia de los niños, como si es el sistema voucher. Por lo tanto, no es difícil pensar que es bien improbable que se puedan mejorar las recurrentes aspiraciones de la política de calidad.
Ya es hora que se haga una mesa de trabajo con todos los sectores involucrados antes de hacer entrar un proyecto al Parlamento, con altura de miras y dejando las trincheras de cada uno para abordar este tema en serio. Las políticas "parche" no resultan; esperamos que el ministro Figueroa tome este llamado.
M. Victoria Peralta, Premio Nacional de Educación 2019 y académica U. Central
Derecho a defensa jurídica
Como abogado defiendo a quienes lo requieren ante los tribunales de justicia. El derecho a la defensa jurídica es uno de los más sagrados que contempla nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 3, inciso primero prohíbe aun a la autoridad impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. En el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto de San José Costa Rica, ambos ratificados por Chile y actualmente vigentes, se asegura el derecho a la defensa. Tan importante es la intervención del abogado defensor que en algunos casos el procedimiento es susceptible de ser anulado si es que no ha estado presente el abogado defensor, porque a ello subyace la hipótesis de que el imputado no pudo ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Es del caso que el Ministerio Público, en una causa de connotación regional, insiste en no tenernos como abogados defensores de un grupo de imputadas, la defensa de estas personas se ejerce conjuntamente con una distinguida penalista de la plaza de Temuco, y a ninguno de los dos nos ha acreditado la Fiscalía ante su sistema, impidiendo con ello que podamos pedir diligencias o conocer las que ya se han llevado a cabo en la investigación, para así construir adecuadamente la obra intelectual más delicada que debe tener el Derecho: la defensa penal. Más aún, la última vez que denegaron nuestro patrocinio lo hicieron a través de una resolución plagada de errores tipográficos, equivocando la fecha de audiencias (dicen que fue el 17 de septiembre cuando en realidad fue el 16 de septiembre pasado), y equivocando quienes representaban a quien en dicha audiencia. Esto es de suma gravedad, pues son múltiples las normas vulneradas por la autoridad pública en este caso, y ello deberá ser subsanado adecuadamente, para lo cual estamos preparando el correspondiente reclamo administrativo, amparados en las normas reseñadas brevemente.
Samuel Tomás Saavedra Avilés