Llama la atención que la muerte de un transportista a manos de delincuentes pase casi como una anécdota en el día a día de esta Región. El actuar de encapuchados que utilizando armas de fuego amedrentan a trabajadores del transporte, agricultores y cualquier persona que aporte al desarrollo rural, con resultados de personas lesionadas, muertes y cuantiosos daños materiales, no solo se puede considerar a esas personas y sus familias como víctimas directas, cuando en una región o un país se mantiene ese tipo de delitos, no hay duda que todos somos afectados.

Por ello, el deceso en los últimos días de Juan Barrios Farías, atacado el 9 de febrero cuando descansaba al interior de una de las máquinas al momento de registrarse un nuevo atentado ocurrido en el acceso a Traiguén donde camiones cargados con trigo fueron incendiados por desconocidos, no debe dejarse pasar tan livianamente.

Con un discurso, que a esta altura de los hechos en La Araucanía parece repetido, las autoridades reiteran sus querellas, las reformulan y expresan todo su rechazo. Sin embargo, la pregunta es: ¿A quién rechazamos o contra quién nos querellamos? Digo esto porque a más de un mes de registrado ese cobarde ataque terrorista, no hay novedades respecto de las diligencias del Ministerio Público ni pesquisas que la policía pueda revelar, para esclarecer este hecho.

Por ello, es necesario que los habitantes de La Araucanía y las regiones del sur asoladas por la violencia rural, no pierdan el sentido de valorar la vida en todo momento y entender que hombres como Juan Barrios Farías se transforman en héroes del trabajo. Desgraciadamente su esfuerzo es muy poco valorado por las autoridades de Gobierno que ni siquiera estuvieron con su familia a la hora tan sensible como el despedir sus restos, actitud muy diferente reflejada en otras situaciones similares donde los gestos se multiplican. Todo esto nos lleva mantenernos firmes en el llamado a exigir que la justicia llegue más temprano que tarde.

Alejo Apraiz Contardo, presidente Asociación de Víctimas Violencia Rural de La Araucanía

Uno de los mayores gastos en que deben incurrir las familias chilenas es el relativo a medicamentos. Por ello, la entrada en vigencia de la nueva Ley 21.198, viene a dar un respiro, toda vez que gracias a ella deberían reducirse en un 50 por ciento y más, los valores de algunos medicamentos.

La iniciativa, que comenzará a operar el 6 de abril, autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) a almacenes farmacéuticos, farmacias privadas y establecimientos de salud sin fines de lucro, permitiendo, de esta forma, la reducción en el precio y a la vez una mayor disponibilidad de los fármacos.

Esta nueva normativa legal, cuya implementación será de forma gradual, considera en primera instancia cien productos farmacéuticos que llegarán a bajo precio a los usuarios, toda vez que las farmacias comprarán a los laboratorios a un precio menor, para posteriormente venderlos a la población a un precio mucho más económico, gracias a la fijación de un precio máximo de venta que establecerá la Central.

En la Región de La Araucanía serán 45 las farmacias independientes que podrán adquirir remedios a través del sistema de compra que realiza la Cenabast, lo que redundará, en definitiva, en precios más económicos en los remedios que requieran las familias locales.

Se trata de una iniciativa destacable que avanza en la dirección correcta, sin embargo, se hace necesario seguir avanzando en la incorporación de más productos farmacéuticos a esta lista inicial, de manera de disminuir, definitivamente, el precio de los medicamentos y con ello dar un alivio al presupuesto mensual de miles de familias de La Araucanía.

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