El Gobierno decidió extender por otros 90 días, el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe que rige en el país, para enfrentar la propagación del coronavirus. Esta es una medida que permite resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de aislamiento social, garantizar la cadena de producción y distribución para asegurar el normal abastecimiento de la población y proteger y resguardar mejor las fronteras, considerando que en la medida en que no se relajen las normas preventivas que se han adoptado se logrará atenuar el avance de la enfermedad.

Tal como desde que se decretó por primera vez, el 18 de marzo, se puede adoptar toque de queda, limitar la reunión en espacios públicos, establecer cuarentenas y limitar el derecho a la propiedad o el tránsito o locomoción de personas. Se trata también de una decisión que pretende dar mayor seguridad a los hospitales y a todos los sitios de atención de salud, proteger la cadena logística y de traslado de insumos médicos, facilitar el cuidado y traslado de pacientes y personal médico, y la evacuación de personas cuando sea procedente.

No ha sido fácil lograr que la ciudadanía acate las medidas que se han dispuesto para tratar de controlar los contagios.

La necesidad de endurecer las sanciones para los infractores, que de manera irresponsable contribuyen a aumentar los contagios, tiene también otra razón de fondo y es que todos los esfuerzos, recursos económicos y de personal están concentrados en el país para atacar esta pandemia, pero esto ha significado dejar de lado la atención de muchos otros aspectos relevantes de salud, como son los controles para los enfermos crónicos, oncológicos, mujeres embarazadas, de niño sano, los programas Auge y de hipertensión arterial, entre otros. Debe considerarse también que es riesgoso que estos segmentos se desplacen a los hospitales y centros de salud. Si estos programas no se retoman, se agudizarán los problemas de salud, por lo que es urgente avanzar en el control de la pandemia y acentuar las sanciones a quienes actúan en forma irresponsable.

En la Octava Región, comuna de Coronel, a un costado de la ruta 160, frente a la emblemática Playa Blanca, se encuentra el hito que marca la mitad geográfica de Chile Continental. Es lo que podríamos denominar, en propiedad, el verdadero centro de Chile. Ahora, si también consideramos nuestro territorio Antártico, la zona central se desplaza hasta Punta Arenas. Como sea, tan solo con extender un instrumento de medición longitudinal, podemos llegar a la sencilla conclusión de que Santiago se emplaza en el norte del país.

Nuestro histórico problema viene dado por la inclinación enfermiza a considerar que Santiago es precisamente lo que no es: el centro. Una ciudad que viene concentrando la inversión en infraestructura vial para tratar de zafar de su destino irremediable: su ineficiencia. La ONU ha manifestado que en las ciudades que exceden de 7 millones de habitantes (Santiago ya superó ese número, según el último censo) las ventajas de la aglomeración pueden verse opacadas por la excesiva distancia y la congestión, vulnerando las recomendaciones de varios estudios que sugieren que los tiempos de desplazamiento de los habitantes no debiesen extenderse más allá de una hora. Claramente, algo de eso se observa hace bastante tiempo en suelo capitalino.

El panorama anterior se explica con claridad si optamos por utilizar, nuevamente, el frío y objetivo argumento de los números. Así, podemos decir que Chile presenta una moderada densidad de población, algo así como 25 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en la Región Metropolitana- la más pequeña en extensión territorial- esa cifra se eleva a 461,77 habitantes por kilómetro cuadrado. La desproporción no deja de ser llamativa, relevadora de una falla histórica en la planificación de los centros urbanos, que arroja como resultado una evidente segregación social, altas tasas de contaminación, concentración de la riqueza y serios problemas en el transporte público, solo por nombrar algunos de los vicios de la capital.

La expresión material de nuestra realidad cultural, económica y política ultra concentrada en torno a Santiago se alimenta del ánimo deliberado de nuestros representantes por mantener la hegemonía de la ciudad, para lo cual cuenta con el beneplácito de una ciudadanía demasiado distraída en afanes superfluos, que simplemente pasa por el alto el tratamiento desigual que se le asigna a las restantes regiones de Chile.

De cara al próximo debate constitucional sería muy sano aprovechar el impulso para profundizar en la necesaria descentralización y, por ejemplo, discutir acerca del cambio de sede de los poderes ejecutivo y legislativo, que necesariamente deben funcionar en la misma ciudad. Indudablemente se arrastraría desarrollo productivo hacia otras zonas, movilizándose recursos y personas, lo que contribuiría al desarrollo y progreso del país. Se abriría un flanco de integración, entendimiento y comunicación con el gobierno, que saldría de la burbuja actual y podría empaparse con una realidad distinta, incomprendida e ignorada.

Hace algún tiempo, Indonesia anunció el cambio de su capital, tal como años atrás ocurrió con Brasil, Nigeria, Australia, Turquía, Rusia e incluso España y Estados Unidos. Una vez que superemos la catástrofe sanitaria se impone la necesidad de repensar con seriedad y decisión el país que queremos; con inteligencia y sin mezquindades, equiparando la cancha hacia el verdadero centro, porque es solo en ese punto equidistante de los extremos donde encontraremos el equilibrio funcional por el que clama la gran mayoría de los chilenos.

Gonzalo Garay Burnás

abogado y escritor

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