A partir de hoy, Aner Ismael Padilla Buzada (70 años) ya no tendrá la obligación de conectarse a su computador para revisar causas e impartir justicia. Y tampoco lo hará en un tiempo más cuando regresen a la Corte de Apelaciones de Temuco las audiencias presenciales. Después de 37 años en el Poder Judicial, el hasta ayer magistrado Padilla decidió acogerse a retiro para disfrutar con mayor tiempo de sus otras pasiones e inquietudes, muy distintas a la vida de los tribunales, entre ellas la academia.

Horas antes de dejar su cargo de ministro en el máximo tribunal de La Araucanía, el abogado nacido en Victoria y titulado en la Universidad de Concepción aceptó repasar su carrera y hablar sobre los desafíos y tareas pendientes del Poder Judicial. Claro que con una condición, que la entrevista fuera publicada cuando ya no tuviera que despertar con el deber de revisar causas e impartir de justicia. Así, justamente, como debe haber despertado hoy.

-¿Radical, bombero y masón?

-Sí. Desde el año 1969 he participado como voluntario en los cuerpos de Bomberos de Temuco, Concepción, Victoria y Punta Arenas. Desde 1984 soy miembro de la Francmasonería. En mi juventud participé en política, tengo sangre radical de mi abuelo José Andrés y mi padre Aner. La trilogía destacó a grandes personajes de la vida republicana como Enrique Mc Iver, Manuel Antonio Matta y Pedro León Gallo, en la segunda mitad del siglo XIX donde se fundaron las tres instituciones.

-Pero, ¿qué es primero?

-La Masonería y los Bomberos.

CASO PINTO

- ¿Cuál fue su mayor desilusión en su trayectoria como juez?

-Como juez no tuve desilusiones, pero a veces fui mal comprendido en mis funciones.

- Usted fue ministro en visita de uno de los crímenes más emblemáticos de La Araucanía, el caso Pinto. ¿Por qué no se pudo determinar la verdad?

-El caso Pinto fue investigado por mi antecesor y dos ministros en visita de la Corte de Temuco. Yo me hice cargo cuando se reabrió el sumario 9 años después, para lo cual recurrí a los departamentos VII y V de Investigaciones sin mayores resultados, pero siempre estuvo en duda si fue homicidio o suicidio.

- ¿Cuál es su teoría al respecto?

-No se descartó ninguna teoría, pero la investigación no fue concluyente, pero se inclina más por el suicidio.

- ¿En algún momento se conocerá la verdad?

-El problema se creó por la alteración del sitio del suceso antes de que se constituyera el Tribunal y ello no permitió una buena investigación.

- A partir de este caso, ¿cree usted en el crimen perfecto?

-No, creo en las buenas investigaciones.

- ¿Qué otro caso lamentó no haber resuelto?

-Heredé la desaparición de un ciclista, pero nunca se acreditó su destino.

-¿Y en materia de investigación cuál fue su mayor satisfacción?

-Hubo muchas. Una de ellas fue la aclaración del crimen de un contador, cuyos autores fueron un socio y un sicario. El otro caso fue el marino norteamericano que asesinó a sus padres en Chillán, cuya investigación se inició en Temuco.

PODER JUDICIAL

-Este año se cumplen 20 años del debut de la Reforma Procesal Penal, ¿cuál es su evaluación?

-En Temuco nos preparamos durante cuatro años antes a través de seminarios, cursos y capacitaciones. A 20 años de su implementación el Código Procesal ha sido modificado varias veces para perfeccionarlo. Sus mayores virtudes para mí estriban que los imputados reciben la defensa de parte de los defensores sin costo, se ha elevado el debate en la doctrina penal. A mi juicio, en cuanto a las debilidades estriban en que se ha exagerado mucho con el garantismo que solo es para los imputados y no para las víctimas. También su alto costo, que ha duplicado el presupuesto del Poder Judicial, creando una gran infraestructura y aumento de los protagonistas y funcionarios. La sensación de inseguridad ha aumentado en la gente con respecto al sistema anterior, que no era tan malo. Los jueces del crimen tenían amplias facultades para investigar sin necesidad de pedir autorización. Se constituían en el sitio del suceso y decretaban las primeras diligencias, daban protección al perjudicado y además se trabajaba en conjunto con los policías. La investigación era fiscalizada por las Corte de Apelaciones y el Ministerio Público de segunda instancia. En la actualidad, no existe un control riguroso de la investigación.

- Y en materia de familia, ¿se ha avanzado?

-La creación de los tribunales de Familia fue un gran logro, porque se agruparon no solo las causas que venían de los juzgados de menores sino que todas las materias como lo son la reclamación e impugnación del estado civil, las nulidades y el divorcio, la violencia intrafamiliar, entre otras.

- ¿Cuáles han sido las mayores transformaciones del Poder judicial en sus años de trayectoria?

-¿Por qué hay tan pocos detenidos y procesados por la violencia rural en La Araucanía? -La respuesta es difícil, porque se conjugan varios factores. A mi juicio, ha fallado la función preventiva y la inteligencia por una parte. Por otra, las pocas facultades de las policías y fiscales para la investigación autónoma ya que siempre requieren de autorización judicial. Por último, la falta de voluntad política para la dictación de normas eficaces para la investigación criminal.

-¿Qué responsabilidad le asigna al Poder Judicial en esta materia? - El Poder Judicial, en general, ha actuado de acuerdo a las facultades legales y, como lo he dicho, el Ministerio Público no tiene un procedimiento de control de la investigación, el que en general queda a la discreción de los fiscales. El ejemplo más claro es el sobreseimiento de 4 sospechosos en el caso Hagan, lo cual no permitió avanzar en la investigación cuando fue absuelto el principal imputado. Si el Poder Judicial no participa en la investigación, es poco lo que puede aportar.

Hasta el 5 de julio están abiertas las postulaciones para conocer el índice de inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile, instrumento diseñado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (y ejecutado por Avanza Inclusión, el cual se enmarca en el Programa de Apoyo a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

Su objetivo es fortalecer las competencias de equipos de trabajo de entidades tanto públicas como privadas, que deban cumplir con la Ley N°21.015 mediante el diseño y ejecución de procesos presenciales de capacitación en todo el territorio nacional.

Autoridades

La directora nacional de Senadis, María Ximena Rivas, sostuvo que "como Gobierno estamos comprometidos en que la ley de inclusión laboral se cumpla y creemos que en la medida que se visibilice e incorpore en la cultura organizacional de las instituciones, se derriban barreras y prejuicios, lo que permite avanzar hacia una sociedad cada vez más respetuosa de los derechos de las personas con discapacidad".

Cristopher Ramírez, coordinador de fondos concursables de Avanza Inclusión, comenta que "a aquellas empresas que sean seleccionadas se les realizará una evaluación a través de un índice proporcionado por Senadis, para así conocer de qué manera están gestionando los procesos de inclusión laboral dentro de sus organizaciones, para luego diseñar y ejecutar capacitaciones a instituciones públicas y privadas a nivel nacional, que les permitan mejorar sus procesos y hacerlos efectivos".

Pueden postular organizaciones y empresas que deban dar cumplimiento a la Ley Nº21.015 sobre Inclusión Laboral de personas con discapacidad. Para ello deben completar el registro de postulación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de julio próximo y se pueden hacer en contacto@fundacionaitue.cl.