Entre las labores que se deben efectuar en terreno cada invierno para mantener la seguridad de las redes eléctricas y el alumbrado público, se encuentra la poda de árboles, cuyo objetivo es evitar que las ramas caigan sobre las líneas de energía. Con relativa frecuencia, los lectores plantean en cartas o fotografías, los problemas que se generan con especies que alcanzan grandes dimensiones y cuyos ganchos interactúan con el tendido, o bien las frondosas ramas neutralizan la efectividad de las luminarias.

De acuerdo a lo establecido en la normativa eléctrica vigente, la responsabilidad de mantener las instalaciones en buen estado siempre es de la empresa concesionaria, lo que incluye la poda de los árboles, que debe ser comunicada a las municipalidades cuando se trate de especies que se encuentren en espacios públicos. De esta manera se garantiza que ambas entidades puedan coordinarse para determinar las condiciones en las que se deberán hacer los recortes de ramas o tala de especies en mal estado.

Por ello, son importantes los operativos de invierno y la eliminación de riesgos potenciales que hacen o deberían hacer los municipios, empresas concesionarias y servicios públicos. Pero éstos deben realizarse previo a la temporada de lluvias, sin necesidad de esperar que se produzcan emergencias para reaccionar, y luego se deben hacer las mantenciones necesarias.

Hace unos meses, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) envió un oficio a las empresas eléctricas para que desarrollaran planes de invierno, con todas las medidas necesarias para evitar cortes de suministro durante esta temporada, ya que en un escenario como el actual, donde el llamado es a quedarse en casa, es importante que los usuarios cuenten con un suministro eléctrico que les permita seguir conectados a sus trabajos, estudios o calefaccionar sus inmuebles.

En ese sentido, es importante que la comunidad sepa que las empresas tienen la obligación legal de mantener sus redes eléctricas despejadas, lo que incluye la poda de árboles si es que ello es necesario.

La última encuesta de empleo correspondiente al trimestre abril-junio de 2020 volvió a mostrar el complejo escenario que atraviesa La Araucanía en materia laboral por los efectos de la pandemia, con una tasa de desempleo de 11,4% la mayor en la última década. La destrucción de empleo anota nuevo récord, superando las 118 mil plazas laborales perdidas en 12 meses. El deterioro del mercado del trabajo regional sigue profundizándose.

Los niveles de participación laboral están en mínimos históricos. Hoy apenas el 44% de las personas en edad de trabajar se encuentra en el mercado laboral, la tasa de participación laboral ha caído más de 14 puntos porcentuales (pp.) en relación al año anterior, ubicándose en los menores niveles de los registros de la nueva encuesta de empleo.

Esto muestra que el problema no solo está en el aumento de los desocupados, sino que hay una bomba de tiempo con la gran cantidad de personas que se han retirado de la fuerza de trabajo, los inactivos, que hoy superan los 454 mil personas en la región, registrando un alza de 34,7% anual (117 mil personas).

En la medida que las condiciones sanitarias van mejorando, los inactivos tendrán que salir a buscar empleo, y ahí vendrá el alza abrupta de la tasa de desocupación, ya que el mercado laboral no será capaz de responder a tanta oferta de empleo. La generación de empleo está golpeada como nunca y su recuperación no será tan rápida, especialmente el empleo privado, que se ha visto muy afectado y que necesitará de varios trimestres para recuperar las ventas, la normalidad, pero también la confianza para invertir y contratar, y generar confianzas a nivel económico nunca ha sido tarea fácil, menos ahora con una economía en el suelo y con un escenario político-social incierto.

Aquí serán claves los planes de reactivación regional para mitigar impactos, para empujar y acelerar la normalización del ciclo productivo. En ese plano, se requerirá de apoyos especialmente dirigidos a las micro y pequeñas empresas, las más expuestas y con menor capacidad de respuesta y acceso al mercado financiero tradicional. Pero también será clave el nivel de confianza y certidumbre que consumidores y empresas perciban en el corto y mediano plazo, de eso dependerá en gran medida las decisiones de consumo e inversión que adopten y que sirvan de insumo para la esperada reactivación y generación de puestos de trabajo.

En cuanto a confianza y expectativas económicas, no ayudan lamentablemente los hechos de violencia que hemos visto en las últimas semanas, que, aunque puedan ser focalizados, generan una percepción negativa para un adecuado clima de negocios e inversión regional, condiciones necesarias para iniciar el lento camino a la reactivación.

Patricio Ramírez R.,

coordinador Observatorio Económico

y Social Universidad de La Frontera