El reciente lunes se ha dado un nuevo paso en la reducción de las bolsas plásticas, por lo que ahora la disposición no solo se aplica a las cadenas de supermercados y multitiendas, sino también a pequeños y medianos comercios. El 3 de agosto de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.100, del Ministerio del Medio Ambiente, que prohibió la entrega de esas bolsas en el retail, y que transformó a Chile en el primer país latinoamericano que dio este gran paso, para contribuir a la protección de la naturaleza.

El texto legal consideró un período de transición de seis meses desde su publicación, para que las tiendas y supermercados dejaran de entregar bolsas de plástico a sus clientes, lo que ocurrió a contar del 3 de febrero de 2019. En el caso de las pequeñas empresas, se les dio un plazo hasta el 3 de agosto de 2020 para adaptarse a la normativa. De la legislación quedaron excluidas las bolsas que constituyan envase primario de alimentos, que sea necesario por razones de higiene o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos.

De acuerdo con cálculos de la Asociación de Industrias de Plástico, en Chile hasta antes de la vigencia de la mencionada ley, se usaban más de 3.400 millones de bolsas al año, lo que generaba serios problemas ambientales, si se considera que muchas de ellas terminaban en el mar, en los ríos y lagos, en momentos en que la humanidad trata de tomar medidas para preservar el planeta.

Dejar atrás el uso de materiales que, al ser desechados, se convierten en desperdicios de difícil eliminación, con el consiguiente daño a la naturaleza, es un desafío para todo el mundo. Las bolsas plásticas fueron muy apreciadas en el comienzo por lo fáciles de transportar, su ductilidad y su aparente limpieza. Sin embargo, también arrastraban su condición de prescindibles, y así como sirvieron para el traslado de productos hacia el hogar se les utiliza para desprenderse de lo que ya se usó.

Por eso, es necesario seguir avanzando en un cambio cultural para que las personas entiendan la necesidad de proteger el ambiente.

Que en las provincias de Arauco, Malleco y parte de Cautín, que en La Araucanía y el sur del Biobío, que en el Wallmapu, existe un conflicto, no es secreto para nadie. Con mayor o menor apego a la cruda realidad, lo venimos estudiando desde el colegio, no importa en qué región haya sido. En las zonas mencionadas se vive y se respira la discriminación y el miedo, también la desesperanza por la ineficacia del Estado y la pobreza; las noticias sobre enfrentamientos y eventos de exclusión y segregación son pan de cada día. Aunque también, estamos llenos de historias de trabajo en común, de inclusión, desarrollo y sueños de un territorio multicultural y pacífico.

Lo que ocurrió en Curacautín, Victoria y Traiguén este fin de semana, y en general en La Araucanía los últimos meses, pasa cuando el Estado no llega, llega tarde o enfoca el conflicto desde una sola perspectiva: terrorismo, delincuencia, dinero, tierra, narcotráfico, o robo de madera; en lugar de buscar una solución más comprehensiva.

Pero seguir centrándose en buscar las responsabilidades de eventos o microprocesos de conflicto es improductivo y hasta nocivo. Encierra en el espiral interminable de quién tuvo la culpa, viendo solo los árboles en lugar del bosque. Esta dinámica solo ha conseguido mostrarnos lo peor de las prácticas policiales, de las estrategias políticas, de las respuestas de terratenientes, y de los de dirigentes políticos que solo son humanos, ensuciando una causa que es justa e inquietudes y miedos que son legítimos.

La experiencia comparada sobre resolución de conflictos de esta naturaleza enseña que para lograr una paz duradera y estable es necesario sentarse a negociar la paz, sin prejuicios, donde todas las opciones puedan estar sobre la mesa, con todos los líderes (no solo con los dirigentes de las partes principales y aun con aquellos que han promovido una vía violenta), llevar un proceso bien hecho y completo aunque tome años, que sea inclusivo considerando a todos los actores de la sociedad civil, especialmente a las víctimas, con asesoría y observación internacional, y que ojalá sea llevado a cabo en terreno neutral.

En otras palabras, se debe promover un proceso de paz, abandonando los "planes" y las "mesas", los "programas" y las "cumbres", que solo dan cuenta de eventos puntuales o de cronogramas establecidos con objetivos generales y específicos, cada uno con su indicador, que se cumplen y se agotan. Tampoco sirven las iniciativas individuales de políticos traducidas extensas propuestas elaboradas en privado, sin perjuicio de que significan reflexiones valiosísimas para el proceso.

Asimismo, si se sigue con mano dura, militarización, represión, comandos Jungla, metiendo plata de manera inorgánica y solo para parchar necesidades puntuales, solo se seguirá profundizando el espiral conflictivo en que estamos y esto lamentablemente no va a terminar.

Tampoco se trata de aplicar políticas públicas que han sido exitosas en otros países. La manera correcta, aquella que genera una convivencia multicultural pacífica, es aquella que permite crear y hacer funcionar un conjunto orgánico de políticas públicas pactadas, aceptadas y comprometidas como sociedad, que sean propias del país y particularmente del territorio, y producto de un proceso de diálogo horizontal y franco.

¿Quiénes están dispuestos a promover un proceso comprehensivo de paz para el Wallmapu y el Estado chileno?

Alejandro Fernández J.

abogado, máster en Ciencia

Política y en DDHH