En medio de una multitudinaria rogativa a las afueras del Hospital Intercultural de Nueva Imperial, presiones políticas desde la oposición y con el arribo de una delegación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU a la Región, la Corte Suprema aplazó para hoy el fallo de la apelación del machi Celestino Córdova, quien está condenado desde el 2014 a 18 años de presidio por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.

Su defensa está solicitando suspender el cumplimiento de su pena privativa de libertad por el arresto domiciliario total en su rehue por un periodo de seis meses, debido a la crisis sanitaria.

APELACIÓN

Al respecto, y tras los alegatos respectivos, el defensor regional, Renato González, señaló que espera que el fallo admita las pretensiones de la apelación porque la suspensión temporal solicitada "es esencial para su recuperación espiritual y física".

González argumentó que "los fundamentos de la apelación se enmarcan en la aplicación del Convenio 169 de la OIT y en la Convención Americana de DD.HH. Es esta la última instancia judicial que nos queda para solicitar la salida del machi a su rehue", dijo.

Por su parte, el abogado de la familia Luchsinger-Mackay, Carlos Tenorio, precisó que espera que la Corte Suprema falle conforme a derecho.

"En el estricto derecho no veo ningún fundamento jurídico de la normativa vigente en Chile para dar lugar a la petición de la defensa, porque la interpretación que hacen del Convenio 169 son erróneas, y no lo digo yo: lo dice la OIT, ya que en este caso su aplicación vulneraría los derechos fundamentales de la víctima respecto de una reparación justa y, por otro lado, su aplicación debe aplicarse entre miembros de una misma etnia o pueblos originarios, no siendo este el caso, puesto que claramente los Luchinger Mackay no eran parte de un pueblo originario", detalló Tenorio.

Según explicó el jefe del Indh regional, Federico Aguirre, una delegación de dos personas de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU se encuentra en la Región realizando una observación en terreno, en el marco de las huelgas de hambre en Temuco, Nueva Imperial y Angol. Ayer la delegación estuvo con la sede regional del Indh recopilando antecedentes de las huelgas de hambre y del conflicto. Su amplia agenda contempla visitar al machi Celestino en el Hospital de Imperial, las vocerías, personeros de Gobierno y víctimas de la violencia rural.

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, dijo ayer que los camioneros piden suma urgencia a la ley Juan Barrios, esto luego de una reunión con la presidenta del Senado, buscando caminos de solución por los ataques vividos en la Región y así evitar una eventual paralización.

"En febrero fue quemado el camión donde dormía Juan Barrios, quien falleció tras 20 días de agonía. Mañana (hoy) vamos a lanzar la Ley Juan Barrios que busca sancionar con mayor severidad a los terroristas que queman o roban un camión. Le hemos pedido al Senado que dicha ley sea tramitada con suma urgencia esta semana como plazo máximo. La situación de los camioneros en la macrozona sur es insostenible. No descartamos una movilización si es que no se aprueba esta ley y la de Inteligencia".

La Cámara de Diputados aprobó ayer y despachó al Senado el proyecto que suspende pago de créditos estudiantiles como el CAE, Corfo y el Fondo Solidario durante la pandemia.

En la Región, todos los diputados de oposición votaron a favor, sumándose Miguel Mellado (RN), el único oficialista. Los otros diputados de Chile Vamos se abstuvieron.

"Lo voté a favor porque en La Araucanía hay más de 400 mil personas fuera del mercado laboral. Es de justicia postergar estos créditos en estos momentos", indicó Mellado.

El seremi de Agricultura, Ricardo Senn, lamentó el llamado que se realizó a través de una red social a tomarse las dependencias de INIA Carillanca y solidarizó con los funcionarios de este servicio del agro.

"Nos parece un despropósito, como la violencia que ha ocurrido en estos últimos días en algunas comunas de La Araucanía. Más lamentable y grave es que esto esté siendo incitado por un funcionario de un organismo que es pagado con fondos del Gobierno Regional". Senn comunicó que la situación está siendo investigada e hizo un llamado a recuperar la paz en la Región.