Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay 176 proyectos de vacunas en curso en el mundo, de los cuales 34 están en ensayos clínicos, lo que significa que empezaron a ser probados en seres humanos. Entre estos, ocho se hallan en la fase 3, la más avanzada, etapa que requiere la participación de al menos 30.000 voluntarios, para extraer la información sobre la eficacia del producto y confirmar que es seguro.

La carrera de las vacunas ha desatado una competencia entre estados, que están aportando miles de millones de dólares a las investigaciones, y también de los grandes laboratorios farmacéuticos que quieren encontrar la inmunización.

El director general de la OMS ha dicho que ese organismo no avalará una vacuna contra el coronavirus si no es segura y eficaz, y que si bien hay unas cuantas que son prometedoras, no serán utilizadas hasta que se haya establecido que superaron exitosamente todas las pruebas.

Estos ensayos clínicos no son nuevos, pero en este caso plantean el dilema de cuán ético es infectar a un grupo de personas voluntarias con un virus que produce una enfermedad para la cual no hay cura y de la que se desconocen sus efectos a largo plazo, aunque esto sea para acelerar la producción de una vacuna. Hace unos meses se señaló que tres mil chilenos podrían participar voluntariamente en esas pruebas y que será el Instituto de Salud Pública, junto con un comité ético, que determinará los requisitos para tomar parte. La estrategia de participación de Chile en estas pruebas se basa en buscar alianzas internacionales para realizar estudios clínicos de fase 3, luego de haberse aprobado las fases anteriores para ver la efectividad de la inmunización. Se quiere garantizar el suministro oportuno de una vacuna que sea segura y efectiva.

Pero es importante no alimentar falsas esperanzas, respecto de estas vacunas aún en ensayo, porque esto puede aumentar la complacencia frente al virus y hacer que se descuiden gestos básicos de prevención, como la distancia física, el uso de mascarillas y el lavado de manos.

En medio de la crisis social que vivimos hace solo un par de meses, cuando se causaron severos daños al principal servicio de transporte en la Región Metropolitana, dañando más de 70 estaciones del Metro, entre otros ataques a la propiedad pública y privada, surgió la iniciativa que plantea la protección de nuestra infraestructura crítica.

No obstante, a un mes de que se cumpla un año de los sucesos que motivaron la moción parlamentaria que presentamos junto al senador Kenneth Pugh, el proyecto de reforma constitucional no logró ser aprobado en la Cámara de Diputados, debiendo ahora ser revisado por una Comisión Mixta citada para el día 16 de septiembre.

Dentro de las objeciones surgieron dudas respecto a la utilización del concepto, sin considerar que, en la Comisión de Constitución de la misma Cámara, se definió que la infraestructura crítica implica las instalaciones energéticas, de redes y sistemas de telecomunicaciones, además de servicios sanitarios, hospitales, centros de abastecimiento, puertos, aeropuertos e infraestructura de transporte, todo lo cual es considerado fundamental para el desarrollo de nuestra vida cotidiana.

Otro de los argumentos en contra del proyecto fue una eventual militarización del país al otorgar una misión que no le correspondería a las Fuerzas Armadas, sin considerar la legislación de otras democracias como España e Inglaterra, donde incluso se resguardan recintos turísticos, demostrando que no es necesario restringir las libertades consagradas en la constitución cuando se realiza una protección preventiva.

Resulta incomprensible la resistencia de algunos sectores políticos para poder proteger nuestra infraestructura en situaciones excepcionales. Más aún, cuando en la Macrozona Sur de Chile hemos sido víctimas de ataques terroristas por más de 20 años, sufriendo en La Araucanía la impactante suma de 5.645 delitos incendiarios, solo en los últimos cinco años.

Además, hemos tenido que lamentar severos daños en edificios municipales que fueron incendiados en la provincia de Malleco, los que prestan servicios imprescindibles para la ciudadanía y, solo hace un par de días, desconocidos atacaron un tren de carga; hiriendo con elementos contundentes a sus ocupantes e incendiando dos de sus vagones.

Estoy convencida de que no podemos volver a ser meros espectadores de la destrucción de instalaciones claves para el desarrollo de nuestro país, es tiempo de dejar atrás viejas aprensiones en contra de nuestras FF.AA, sobretodo, porque la función que plantea esta reforma constitucional es solo preventiva y de resguardo de nuestra infraestructura.

Carmen Gloria Aravena,

senadora Ind.-RN