Un alto nivel de informalidad y una significativa falta de capacitación reveló la sexta versión de la Encuesta de Microemprendimiento (EME) 2019, instrumento desarrollado por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para caracterizar el contexto en que se desempeña este tipo de labores en el país. Los resultados, sin duda, resultan preocupantes y deberían estar en el foco de la preocupación especialmente en el periodo de reactivación que deberíamos enfrentar en los próximos meses.

La encuesta muestra un complejo escenario local, ya que la mayoría de personas dedicadas a estas actividades no cotiza en salud ni ahorra para futuras pensiones. Estos datos revelan la precariedad de no contar con un sistema de salud adecuado en el presente y -por supuesto- pone una importante interrogante de cómo se solventará la mantención de esas personas cuando sean adultos mayores.

Otro de los aspectos que expuso la encuesta es el bajo nivel de capacitación para llevar adelante los microemprendimientos, algo que evidentemente puede explicar malos resultados en el desempeño económico de las iniciativas. En efecto, según señala el informe, solo el 27,5% de los encuestados dijo haberse capacitado en algún momento para la actividad económica que desarrolla. Las razones, apuntaron, tienen que ver fundamentalmente con la falta de interés y el no saber dónde acudir.

Se debe recalcar que la encuesta fue aplicada durante 2019 y, por consiguiente, no considera los efectos que han tenido la crisis de octubre y la posterior llegada de la pandemia, fenómenos que hacen suponer un aumento de la informalidad, debido a las urgencias económicas.

Frente a este escenario es indudable que hay una tarea pendiente en materia de impulso de políticas públicas que permitan el desarrollo de microemprendimientos con un mayor nivel de protección social en nuestro país. La Araucanía es un claro ejemplo de esta carencia y necesidad de ofrecer mejores condiciones para quienes deciden emprender.

El sueño de cada jefe o jefa de un hogar es tener "la casa propia", aspiración legítima en una sociedad del consumo, pero cuando se trata de este tema no solo se adquiere un bien material, que por cierto lo es, si no que se logra la seguridad de la propiedad para la familia.

Para quienes viven de allegados, constituye un cambio notable en sus vidas, como así también para los que viven hacinados en pequeños espacios, que además de ser estrechos les son ajenos. Es el lugar donde comparten los afectos y cariños con sus seres queridos, es la familia que se siente más feliz con el sueño cumplido.

En las últimas décadas son millones aquellos que han logrado realizarlo gracias a que gradualmente el Estado ha implementado una serie de políticas públicas que lo han hecho posible, primero con subsidio y créditos, después solo con subsidio además de un esfuerzo de ahorro de los beneficiarios.

Sin embargo, el ritmo de construcción de viviendas sociales no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de miles de familias que necesitan de un techo propio. Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de expansivos planes de vivienda social, es la disposición de terrenos viables que permitan contar con servicios básicos y transporte dentro del radio urbano de las ciudades, esto ocurre básicamente por la falta de planificación y ordenamiento territorial de parte de la autoridad, construyendo sin un plan de desarrollo habitacional, donde el mercado, las empresas sanitarias y eléctricas deciden donde, cómo y cuando se atiende la demanda de una casa propia.

Veamos las cifras. Familias organizadas en comités 1.200 y cupos de subsidios para asignar este año solo 712 y en la modalidad individual, que se tuvo que ampliar el plazo hasta el 7 de octubre, aún se tienen dificultades técnicas del sistema informático para la única forma de inscripción en línea, donde se estima para el llamado en curso contempla sobre 2000 postulaciones existiendo solo 300 cupos, esto sin contar con la demanda informal en campamentos a la fecha en la Región de 1.283 familias.

En resumen tenemos 4.500 de demanda y solo aproximadamente mil subsidios, lo que significa que a este ritmo se están alineando los elementos de una tormenta perfecta para un estallido solo por la demanda insatisfecha y creciente por una vivienda digna.

En esta realidad es indispensable por una parte, un rol activo del Estado en planificar y adquirir terrenos para la vivienda social o bien que el mismo subsidio considere los montos necesarios para la compra de terreno reduciendo de manera importante la larga espera que deben sufrir los beneficiarios, como así también, la asignación de subsidios necesarios y suficientes, ya que está demostrado que no se atiende las necesidades cada vez más crecientes en materia habitacional con las actuales recursos y políticas públicas, convirtiendo las ciudades en una olla a presión de fácil pronóstico para estallar como un polvorín.

Eugenio Tuma Z.,

exsenador