El 30 de septiembre ingresó al Senado el proyecto de ley que "fortalece la descentralización financiera de los Gobiernos Regionales, establece normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que indica". Se trata de una normativa esperada desde las regiones y que en principio se esperaba que correspondiera a una "ley de rentas regionales", aunque -por su contenido- no alcance para ser definida de esa forma.

En relación a esta iniciativa, se deben hacer dos consideraciones iniciales. Primero, que se enmarca dentro del concepto de descentralización fiscal, mediante la cual se busca traspasar poder, funciones o responsabilidades desde el gobierno central a los niveles subnacionales, en este caso en particular, vinculadas al ingreso y gasto público.

La segunda consideración es que el proyecto complementa el proceso de democratización de la elección de la autoridad regional, que se realizará por primera vez en abril del año próximo.

Entre las novedades que incluye el texto ingresado para su discusión en el Parlamento resaltan varios puntos que dan cuenta de la forma en que suele asumirse el proceso de descentralización en el país.

La propuesta define que será el gobernador regional quien elabore cada año el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI). Se trata de una medida positiva, en consideración a que este es el principal instrumento de planificación regional, y representa una estimación de la inversión y de las actividades que el gobierno regional, los ministerios y servicios públicos efectúan en cada territorio.

Es indudable que la iniciativa mantiene varios de los principios que rigen la forma en que se lleva adelante la descentralización en Chile, es decir, con un férreo foco en el control desde el centro. Pero no hay que olvidar una realidad que pocas veces se considera desde nuestras regiones y que merece particular atención si queremos tomar en serio la batuta del proceso de transferencia de poder. Y es que éste puede significar muchos beneficios, pero también algunos riesgos, asociados a elementos como la captura política, el clientelismo y los efectos redistributivos negativos.

Con todo, contar con las cartas sobre la mesa es un punto de partida necesario e importante para seguir avanzando en la tarea de dotar de un mayor poder de decisiones a las regiones.

Por primera vez la ciudadanía chilena podrá ir a las urnas para un plebiscito de entrada respecto de la carta de fundamental que nos rige. Las dos veces anteriores que se ha utilizado un plebiscito en esta materia, ha sido para aprobar un texto concreto. Es decir, nunca antes se nos había consultado si queríamos iniciar un proceso de esta envergadura. Inmersos en una época coyuntural de carácter mundial, lo que está por suceder el próximo 25 de octubre es un hito histórico para Chile y su gente.

El propósito del plebiscito es consultar si se quiere o no iniciar un proceso constituyente. Y en mi mirada, lo que nos debe unir es cuestionarnos qué clase de país que queremos y la posibilidad de establecer las nuevas bases para un país mejor, con un conjunto de normas y leyes que fundamenten la organización del Estado de una manera más robusta.

Si bien el modelo bajo el cual funcionamos, tiene virtudes innegables, tiene también falencias. La constitución de 1980 fue hecha de tal manera que dio paso a una ley que privilegió la educación privada, creó el sistema de AFPs e Isapres, una ley laboral que precarizó los derechos laborales, desmanteló los derechos colectivos del trabajo y privatizó gran parte de la industria nacional entre otros. En definitiva, fue diseñada para concretar el poder económico y privado.

Entonces no es tema del gobierno de turno, si no de un Estado y su Constitución, que debiesen garantizar lo que toda sociedad democrática busca brindar a sus ciudadanos: la promoción bien común, la justicia, la equidad, la solidaridad y los derechos de todos y todas.

Dicho esto, pienso que es una oportunidad única para reflexionar sobre la sociedad o el Chile que queremos. Seamos ciudadanos conscientes, ejerzamos nuestro derecho a sufragar, pensando en el país que le dejaremos a las futuras generaciones.

Eduardo Hebel Weiss,

rector Universidad de La Frontera