El Austral

Controversia causó la argumentación empleada por la defensa del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez (UDI), ante la acusación constitucional en su contra, en la que diputados opositores consideran que ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley al dar un trato distinto a la movilización de los camioneros frente a otras movilizaciones sociales y ha desatendido el control jerárquico que le corresponde respecto de Carabineros.

Antenoche, los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza ingresaron la respuesta al libelo, donde afirman que este "incurre en un grueso error jurídico al atribuir al ministro la obligación legal de control del orden público", ignorando así el decreto de marzo pasado que declaró el estado de catástrofe, en virtud del cual "se designó como jefes de la Defensa Nacional a ciertos miembros de las Fuerzas Armadas, que no tienen dependencia respecto del ministro del Interior sino del ministro de Defensa".

El ministro Pérez fue consultado ayer si sus abogados buscaban asignar responsabilidad a este. "Para nada", dijo Pérez y explicó que "lo único que hace el escrito es reiterar las normas jurídicas aplicables en este caso y demostrar la absoluta inconsistencia de la acusación". Recalcó que "aquí no hay ninguna responsabilidad de ninguna autoridad" respecto de los puntos que el libelo cuestiona. "El Gobierno, en su conjunto, no ha cometido ninguna falta al ordenamiento jurídico, ninguna transgresión a ninguna normativa. Ni este ministro ni otra autoridad del país. No hubo discriminación, no hubo órdenes para ejercer violaciones a los derechos humanos", dijo.

Mario Desbordes, en tanto, sostuvo que "no hay ninguna molestia" por el texto de la defensa de su colega y destacó que "hay una coordinación permanente" con Pérez. "Hemos trabajado mucho y hay un trabajo estrecho", comentó el titular de Defensa, quien estimó que "no hay sustento jurídico para acusar constitucionalmente al ministro Víctor Pérez".

A pesar de lo anterior, La Tercera PM aseguró que, en una reunión entre el presidente Sebastián Piñera y ambos ministros, el mandatario y Desbordes manifestaron su malestar a Pérez.

Los abogados de Pérez expusieron ayer sus argumentos ante la comisión de la Cámara que examina el libelo: "No se ha señalado por esta defensa que, jerárquicamente, esto sea de responsabilidad de otra autoridad como, por ejemplo, el ministro de Defensa. Una cosa es el control institucional y otra, el control jerárquico. El control que puede ejercer el ministerio del Interior, de acuerdo a la ley orgánica de Carabineros, es a través del subsecretario del Interior, y es un control de orden institucional, no jerárquico que amerite una responsabilidad como la que se pretende establecer".

La comisión citó al ministro de Defensa para el lunes, para revisar la "contienda de competencias" que se abre.

El Ministerio de Salud está trabajando en la elaboración de un protocolo para el uso de las piscinas, de cara a una eventual apertura de estas al llegar el verano y en el contexto de la pandemia de coronavirus, en la que el país se acerca a los 500 mil contagiados confirmados.

"Estamos haciendo un protocolo de piscinas. Es verdad que se han detectado algunas trazas, pero en general no se ha visto contagio a través del agua. Por lo tanto, la posibilidad de contagio del agua de la piscina es muy baja. Lo importante es tener protocolos estrictos", expuso la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, a radio Pauta.

"Estamos diseñando un protocolo que es bastante estricto desde el punto de vista del aforo, cuántas personas pueden entrar, cuántas personas pueden circular, que no puede haber mobiliario que compartan, que no pueden compartir camarines", adelantó Daza, que admitió que "son restricciones que muchas veces ponen en dificultad la operación en una piscina pública".

Sobre el avance del protocolo, explicó que "nos hemos juntado con los alcaldes, porque las piscinas públicas en su mayoría son municipales. Algunos han visto con buenos ojos esto de abrir una piscina, otros no porque lo ven con mayor dificultad. Es importante ver la etapa. Es muy distinto abrir una piscina en una etapa de transición (fase 2), en que todavía la tasa de casos es más alta, que en una etapa más avanzada, de preparación (fase 3), en que la tasa de casos es menor y la positividad es más baja".

Planteó que la idea es dar "un poquito de alivio a las personas en el verano, porque la verdad es que esto nos va a acompañar por mucho tiempo".

Balance

En un nuevo balance de la pandemia, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que "la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye 12% para los últimos 14 días". También destacó que la tasa de positividad en las últimas 24 horas previas fue de 4,75% (en un total de 37.359 pruebas PCR reportadas en la jornada anterior) "y el promedio (de ese indicador) de los últimos siete días alcanza 5%". A la fecha, se han analizado 4.043.282 exámenes PCR, con una positividad de 12,33%.

Se reportaron 1.773 casos nuevos de covid-19, sumando 498.906. De este total, 13.635 pacientes están en etapa activa. Se informó de 52 fallecidos, totalizando 13.844 en el país. Hay 759 personas hospitalizadas en las UCI. Los ventiladores disponibles son 403.

Varias críticas han surgido al fallo dividido de la Corte Suprema en que se desestimó que un funcionario del Poder Judicial cometiera acoso sexual en el marco de su trabajo.

Entre las conductas que el tribunal estimó acreditadas, están ofrecer "nalgadas" a otras cinco y decir a otra "yo soy hombre, ¿para qué te voy a mentir?, igual te he mirado el trasero". La corte determinó que esos y otros actos, de un funcionario de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, si bien son "impropios e inadecuados para el contexto laboral" y "lesionaron la dignidad" de funcionarias, no implican acoso sexual, pues no consideran un requerimiento sexual no consentido. Se confirmó para el hombre la suspensión de funciones por un mes, con goce de medio sueldo.

"Respetamos la autonomía del Poder Judicial, pero es lamentable la interpretación. Esto nos muestra la urgencia de incorporar, al momento de fallar, la perspectiva de género y la necesidad de avanzar en esa dirección", comentó en Twitter la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett. "Acá no se trata solo de hechos impropios o inadecuados, se trata de actuaciones que vulneran a las mujeres y que constituyen violencia", dijo a "La Segunda". Para la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, el fallo "peligrosamente retrocede todo el camino avanzado desde la secretaría de género (del Poder Judicial), en la que participamos los cuatro gremios" y "revictimiza, desalienta nuevas denuncias y desprotege el ambiente laboral de las mujeres en el Poder Judicial". El gremio que Piñeiro lidera y otros tres del Poder Judicial -empleados, consejeros y profesionales- rechazaron "categóricamente" la sentencia.

La ministra vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo que "solo puedo decir que, integrando el consejo superior, concurrí con mi voto a remover al funcionario, y el acuerdo fue unánime en dicha sede".