Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son la primera causa de muerte en Chile, además de dejar con discapacidad a una parte importante de pacientes que han sobrevivido a la enfermedad, sobre todo en personas mayores de 65 años.

Estadísticamente, uno de cada seis chilenos, sobre todo adultos mayores, se ve afectado alguna vez por un ACV, que consiste en la pérdida repentina de una función neurológica, producida por la obstrucción o rotura de un vaso sanguíneo cerebral, y que se manifiesta en la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, la alteración del lenguaje, que se hace incomprensible o bien la persona no entiende lo que se le dice; una disminución de la sensibilidad y dolor de cabeza muy fuerte. No obstante, los especialistas afirman que si el paciente recibe atención oportuna en un servicio de urgencia, se le puede retirar el coágulo alojado en la arteria, procedimiento que se denomina trombólisis cerebral.

Si bien cualquier persona puede sufrir un accidente cerebrovascular, hay factores de riesgo o comportamientos que lo propician, como la hipertensión arterial, la edad avanzada, el tabaquismo, el colesterol elevado, la diabetes mellitus y el sedentarismo, entre otras.

Es fundamental que las personas se informen respecto a la prevención de los accidentes cerebrovasculares, con el objetivo de tomar medidas preventivas, estar atentas para un diagnóstico oportuno y acceder así a una atención que puede salvar vidas y evitar las secuelas que dejan estos accidentes. Esta información incluye el derribar mitos, además de entender los orígenes y la necesidad de conductas saludables que pueden ayudar a evitar el mal.

El Estado, a través del Ministerio de Salud, lleva a cabo planes y programas que incluyen desde la prevención hasta el trabajo de recuperación de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, los altos costos, no solo financieros, sino que emocionales y sociales que están asociados a estos casos, son en sí un llamado a extremar las medidas de prevención y cuidado.

El domingo 25 de octubre quedará marcado en la historia de nuestro país. Las opciones "Apruebo" y "Convención Constitucional", ganaron con un alto porcentaje de los votos válidamente escrutados. Resultado con los que la ciudadanía -titular inherente de la soberanía- decidió optar por el camino de un cambio constitucional.

"Hasta que la dignidad se haga costumbre", fue una de las consignas acuñadas desde hace exactamente un año, cuando más de 1,2 millones de personas se congregaron en una de las marchas más grandes de Chile. Salud de calidad, mejor educación y mayor igualdad, fueron los reclamos que confluyeron en esa oportunidad.

A partir de ese momento algo cambió, o como dicen, "Chile cambió", todos cambiamos, porque, de una manera u otra, nos encontramos en esas demandas y mucho más. El sentido de lo público, volvió a cobrar relevancia. La Constitución -texto lejano y técnico- fue por varias semanas, el más vendido y centro del debate.

Esto último no es extraño, siendo esta la estructura jurídica de la convivencia en sociedad e instrumento con el cual convivimos cada día. Si bien el voto era voluntario, se entiende a partir de esto que todos y todas hayan querido participar en este plebiscito. Las cifras que indican, además, una participación histórica.

Pero ¿qué significa este triunfo? Quiere decir que la mayoría de nuestra sociedad desahució la Carta Fundamental vigente y no proyecta su futuro, conviviendo de acuerdo a sus reglas y anhela una nueva forma de convivir en sociedad, a través de un proceso donde estarán ausentes los mecanismos de neutralización de la política, anclados en la Constitución del 80. Sin embargo, esto no es el fin de la transición. ¿Cómo podría serlo? La Constitución del 80, sigue vigente y aún no hay un texto redactado que lo reemplace, pero abre la puerta para que esto ocurra.

El plebiscito que vivimos fue la primera opción real que tuvo la ciudadanía de cambiar las cosas. Hoy parte, por lo tanto, el primer proceso eleccionario que la propia ciudadanía se permitió. Un proceso vital para el futuro del país. En ese contexto, el camino lógico será que todas y todos podamos elegir, democráticamente, a nuestros representantes en la elección de los convencionales constituyentes que se desarrollará el próximo 11 de abril de 2021. Luego, tendrán un plazo de 9 meses, prorrogables una sola vez por 3 meses más. Finalmente, en voto obligatorio, tendremos el plebiscito de salida. Con el texto de la nueva Constitución redactado, el pueblo votará y definirá el modelo que prefiere y solo ahí, podremos hablar, por fin, del fin de la transición.

Eduardo Bofill Chávez,

profesor de Derecho Constitucional