La Fundación Paz Ciudadana informó que el índice nacional de medición de la situación delictual del país y de la percepción de inseguridad de la población mostró una caída, llegando a 27,4%, la cifra más baja de toda la serie histórica de este indicador que se elabora desde 2000. El resultado fue 13 puntos porcentuales menos que el 40,6% observado en 2019. El informe mide el porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes fue víctima de un delito de robo o intento de robo, sin embargo, anotó que la percepción de temor de la ciudadanía sigue en alza.

Normalmente la victimización y el delito son condiciones que tienen factores multidimensionales que las provocan, pero lo más probable es que en este caso la pandemia y las cuarentenas que han limitado el desplazamiento de las personas, han influido también en la cifra de menores delitos. Igualmente, la revictimización, entendida como el haber sido víctima de más de un ilícito en el año, fue de un 17,7%, cifra menor que el 26% observado en 2019.

Además, el reporte muestra que, a pesar de la baja en los hogares con víctimas, el nivel de temor alto se mantiene entre 2019 y 2020, especialmente porque un 55,1% cree que el actual nivel de delitos de su comuna aumentará en los próximos 12 meses. Las personas tienen temor a ser víctimas de un robo o ataque y pese a los esfuerzos que realizan los organismos que tienen que ver con la prevención, no ven logros significativos.

Es cierto que el tema de fondo en la delincuencia es que muchas familias no han tenido oportunidades educacionales y laborales para desarrollarse, pero no hay que desconocer que aun teniendo esas oportunidades, los caminos del delito ofrecen el atractivo de dinero fácil con mínimo esfuerzo. Y mientras se hacen los cambios que permitan un sistema educacional más integrador, que podría tomar años y hasta generaciones, hay que dar respuesta a los problemas que enfrenta hoy la gente: la delincuencia es una realidad que atemoriza a las familias y la percepción ciudadana es que no se hace lo suficiente por resolverla. Por ello, instituciones y autoridades requieren de nuevos modelos de gestión que fortalezcan las acciones preventivas y de persecución criminal, que reemplacen una estructura esencialmente reactiva.

Hace 160 años se inició la mal llamada "Pacificación de La Araucanía "en que el Estado de Chile marcó toda la zona como territorio de guerra , luego de desconocer los derechos del pueblo mapuche ya establecidos por la Corona española y luego de la Independencia por el propio gobierno en nombre del Estado de Chile. Despliegue de una gran fuerza militar para someter, violentar y despojar de sus tierras , bienes cultura y cientos de miles de vidas humanas para poseer, dominar y disponer de las tierras desde el Biobío al Toltén.

Esa y no otra es la causa y el origen de la violencia que hoy se expande y crece exponencialmente sin control ya no solo en el mundo rural si no también es manifiesta en sectores urbanos .

No existe ninguna razón ni ética ni moral, aunque sea por demandas muy justas para ejercer la violencia y el crimen, como ha estado ocurriendo con asesinatos de agricultores, comuneros, transportistas o carabineros, como el reciente ocurrido con el cabo Eugenio Naín Caniumil, nueva inocente víctima que enluta a sus familiares, a la institución y a nuestra Región. Estos actos deben ser condenados, perseguidos y sancionados.

La respuesta permanente de todos los gobiernos ha sido una expresión de rechazo, las querellas ante los tribunales y la militarización de los campos del sur de Chile sin ningún avance en el término de la violencia. Cuando el paciente no mejora con la misma medicina siempre aplicada esta debe ser cambiada.

Todos somos responsables de la situación actual: Todos los gobiernos sucesivos por no reconocer y mantener el mal camino de la relación con el pueblo mapuche, los políticos y nuestros partidos por no lograr imponer un cambio del Estado respecto a una salida al conflictivo y también los medios de comunicación por llevar a la opinión pública al debate de los hechos y síntomas y no de las causas y orígenes de la violencia en la Región. Esta situación no tiene otra salida que no sea la del entendimiento dialogando con la inmensa mayoría de la población indígena que desea vivir y progresar en paz pero con un Estado que atienda sus demandas reconozca el daño desde el origen del conflicto y concuerde un plan de reparación para lograr una reconciliación que permita una verdadera pacificación para esta Región establecida como una "zona de sacrificio " que afecta a mapuches y no mapuches.

Eugenio Tuma Zedán,

precandidato a

gobernador regional